Los diarios La Nación y Clarín, inauguraron junto a la dictadura, la planta monopólica Papel Prensa, incrementando su participación accionaria a costa del Grupo Graiver cuyos miembros habían sido detenidos-desaparecidos por el propio gobierno militar.162​ Ambos diarios acordaron también con la dictadura no permitir que otros diarios formen parte de la empresa.162​
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Su blog es de interes de todos muy agradecida por la informacion , mi consulta es deseo comprar un camper casa rodante mediana a chica mi duda ya q no tengo garaje disponible y por la zona todos ya estan abonados hay unos estacionamientos libres frente a tiendas comerciales uno que esta a una cuarta parte de una esquina seria parte lateral de un terreno cercado podria ser ai ya que no es frontis de ningun edificio ninguna salida ninguna casa y si no cuadro muy a la esquina agradezco su respuesta

            En los propios estatutos también se recoge la regla legal de que “cuando todas las acciones sean nominativas, el órgano de administración podrá, en los casos permitidos por la Ley, suplir las publicaciones establecidas legalmente por una comunicación escrita a cada accionista o interesado cumpliendo en todo caso lo dispuesto por la Ley”.
223. ANOTACIÓN CADUCADA. NO PERMITE CANCELAR CARGAS POSTERIORES. Resolución de 3 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador accidental del Registro de la Propiedad de Álora por la que suspende la inscripción de un decreto judicial de adjudicación y la cancelación de cargas ordenada en el correlativo mandamiento. Supuesto: Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento judicial de ejecución de títulos judiciales cuando ya había caducado la anotación de embargo.
            Lo que sí será preciso, concluye, “es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición”. Así resulta del artículo 223 del Código de Comercio cuando afirma: «Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el artículo 119». Así debe interpretarse el artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital “que lejos de imponer una liquidación forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición”.
            Que la petición de anotación preventiva de la sentencia en el recurso por el recurrente desvirtúa el sentido del recurso puesto que se solicita algo que no fue solicitado en su día y en base a un fundamento que carece de relación con el recurso. No obstante entra a conocer el fondo de las cuestiones que plantea la calificación por razones de economía procesal.
Unos metros antes de la sala de médicos se abrieron más puertas y supo algo determinante: la pérdida de memoria era breve y reciente. (¿Acaso así era Memento, esa película?). Por otro lado, le resultaba previsible que fuera así: si hubiera olvidado todo por lapsos prolongados, sería incapaz de conducir el hospital y ya habría sido removido de su cargo.
            Finalmente declara que, en el caso concreto, el conflicto deriva no del consentimiento prestado como particular por ser la vivienda conyugal, sino su intervención como apoderado de la entidad bancaria en la novación del préstamo concertada con su mujer, teniendo en cuenta que no consta que la entidad bancaria haya autorizado al apoderado la firma de la novación.

            El registrador suspende la inscripción por estimar que “en la escritura deben constar los códigos de CNAE del año 2009 correspondientes a todas y cada una de las actividades sociales que integran el objeto social. (Se relacionan en el artículo 2.º de los estatutos los códigos de CNAE números 411, 412, 681, 682 y 683, que no constan en la citada lista del año 2009).

            Reconoce el problema que se intenta resolver con los pactos relativos al arrendamiento de este tipo de instalaciones pues en caso de ejecución hipotecaria, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 674.2 LEC,   presumiblemente dichos arrendamientos quedarían extinguidos en caso de adjudicación de la finca en el procedimiento de ejecución hipotecaria.
Igual, te digo, que no nos sigan acorralando, porque no sé cómo vamos a responder. Están jugando con fuego. Es como si Cassius Clay entra a tu casa y te pega, un día, dos, tres, al final te cansás, y aunque seas más chico le partís una silla en la cabeza. Igual, no somos más chicos. Las fuerzas armadas tienen quinientos mil hombres técnicamente preparados para matar. Yo soy el mejor de todos.

            Ahora bien, estos plazos se refieren sólo al embargo preventivo. Dicho precepto no dicta ninguna norma dirigida al registrador, no se señala un plazo de vigencia especial para la anotación de embargo preventivo, ni se establece la caducidad de la misma, por lo cual se debe aplicar el plazo general de caducidad de las anotaciones establecido en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria. (JDR)
            DGRN. Al existir las cargas antedichas, la Resolución resuelve que no es posible proceder a lo solicitado porque, habiendo titulares de cargas, al acreedor no se le puede entregar por cada uno de los conceptos debidos más cantidad que la fijada en la responsabilidad hipotecaria:  “…Dada la existencia de cargas posteriores…la cantidad que ha de entregarse al acreedor por cada uno de los conceptos, principal, intereses y costas, no puede exceder del límite de la cobertura hipotecaria…”
            La expedición de información registral está sujeta a determinados controles derivados de la legislación hipotecaria y de la sobre protección de datos personales. Según la DGRN, la aplicación de la normativa sobre protección de datos en el Registro implica, que «los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes».
            DGRN. La Resolución entiende que el contrato en cuestión no tiene naturaleza administrativa y se regula por las normas del Código Civil en todo lo concerniente a la relación negocial entre los contratantes, de modo que no cabe la resolución unilateral por parte de la Administración, quien no puede hacer uso del privilegio de la autotutela en este ámbito negocial.

            La Ley Hipotecaria dedica su artículo 40 a especificar los distintos procedimientos de rectificación, dependiendo de cuál sea el origen de la inexactitud del Registro. Concretamente, dedica su apartado c) a los casos en que la inexactitud tuviere lugar por nulidad o error de algún asiento, en cuyo caso se remite a la regulación correspondiente, y el apartado d) cuando la inexactitud procediere de «la falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el asiento» exige consentimiento del titular o, en su defecto, resolución judicial.

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