La convicción de Casillas había quebrado su resistencia pero las cosas no cambiarían demasiado. La mujer volvió a la antigua casa compartida —era la morada de su infancia— mientras Casillas entraba y salía de viajes y reuniones en la ciudad y el extranjero. El hombre no volvió a sentarse a la mesa a hablar del pasado. Vivía en un mundo personalísimo, cada vez más ensimismado, convencido de que el perdón era un merecimiento y que violencias, engaños y penumbras debían convertirse pronto, por decisión propia o ajena, en recuerdos tan volátiles como su decena de memorias extraviadas. Negaciones necesarias, polvo sobre un aparador y un soplido que se basta para dispersar la mugre.
            A continuación entra en la interpretación del artículo 20 de la LE diciendo que “su intención no es otra que sectorizar (es decir, enmarcar en un sector determinado por referencia a códigos preestablecidos) el conjunto de las actividades económicas llevadas a cabo por cualquiera que ejerza una actividad empresarial o profesional (vid. artículo 3 de la Ley 14/2013). Igualmente, resulta que el objetivo se lleva a cabo bajo los principios de obligatoriedad, universalidad y unicidad”.
266. SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS SOCIALES. NO ES NECESARIO ESPECIFICAR LOS ASIENTOS QUE DEBEN SER CANCELADOS SI RESULTA CLARO DE LA SENTENCIA. Resolución de 30 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles de Cantabria, por la que se suspende la inscripción de un testimonio de sentencia de declaración de nulidad de determinados acuerdos sociales.

            Como idea reseñable (que poco o nada tiene que ver de modo inmediato con el objeto del recurso) cabe transcribir el siguiente párrafo: “…No constituye impedimento a la declaración de la titularidad autonómica (de los puertos deportivos) el que los puertos deportivos hayan de ocupar espacios que se integran en el dominio público marítimo-terrestre, de titularidad estatal (cfr. artículo 132 de la Constitución Española), habiendo señalado el Tribunal Constitucional, que en los espacios marítimo-terrestres que ocupa, debe distinguirse entre el soporte físico –dominio público de titularidad estatal– y el bien afecto a la prestación de servicios portuarios –puerto, que como en el presente caso, es de titularidad de la Comunidad Autónoma–…”. (JAR)
necesito saber por favor a quien quejarse es el caso que vivo en un edificio aqui ene l callaoes un conjunto habitacinal y todas las noches a partir de las 10 d ela noche se estacionan 3 traylers grandasos alo largo de la calle y alo largo del edificio tapandonos toda la vision encerrandonos se estacionna sobre la pista osea la via publica pero ademas a 5 metro del edificio alo largo del mismo dejandonos tapados es un peligro por que ademas lo usan de urinarioi publico y la gente mal se esconcde debajo de ellos cuando ve ala policia o hace sus fechorias ninguno de esos choferes o dueños de esos traylers es vecino ni del edificio ni de la calle y en la siguiente calle igual se estacion 2 traylers uno de los choferes dice que un tipo que vive alli les ha dicho que se estacionen y ademas les cobra por hacerlo estamos desperados asustados puede pasar un dia de estos cualquier desgracia incendio robos muerte ni las ambulancias ni bomberos se pueden estacionar en caso de emergencia ademas al ver los camiones creen que es una zona mala tipo barriada y no quieren venir por miedo a quien quejarse qu hacer por favor igan gracias
Los diarios La Nación y Clarín, inauguraron junto a la dictadura, la planta monopólica Papel Prensa, incrementando su participación accionaria a costa del Grupo Graiver cuyos miembros habían sido detenidos-desaparecidos por el propio gobierno militar.162​ Ambos diarios acordaron también con la dictadura no permitir que otros diarios formen parte de la empresa.162​
También el 15 de diciembre de 1983 el presidente Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide y Marshall Meyer entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.

En el momento de decidir cuáles puertas automáticas en Elche son mejores para tu garaje, debemos tomar en consideración múltiples factores para saber qué género de puerta se amolda más a tus necesidades. Puedes seleccionar puertas seccionales o bien enrrollables, las dos cumplen exactamente la misma tarea, la de cerrar un espacio que debe estar protegido y seguro.
               a)  El contrato de compraventa de un bien inmueble es de naturaleza civil y no administrativa. Así lo dice el artículo 4.1.p de la Ley de Contratos del Sector Público (R.D.Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre). Anteriormente, también el RD Legislativo 2/2000 (de 16 de junio) y la Ley 30/2007 (de 30 de mayo) seguían el mismo criterio revisionista de la doctrina administrativista extrema de la Ley de Contratos del estado de 1965.

Pocos meses antes del derrocamiento de Juan Domingo Perón, en junio de 1955, aviadores militares de la Marina de Guerra bombardearon Plaza de Mayo causando más de 300 muertos civiles, marcando un trágico precedente de una fuerza armada que ataca a su propia población. En 1956, ya producido el golpe militar, una sublevación peronista fue reprimida con el fusilamiento del General Juan José Valle y otros participantes, incluyendo un episodio de fusilamientos clandestinos en la localidad de José León Suárez de Buenos Aires.
Como respuesta a las denuncias por violaciones de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la dictadura cívico-militar intentó justificar su accionar clandestino sosteniendo que era necesario vincular "el tema de los derechos humanos con la necesidad de reprimir el terrorismo y la subversión como medio para preservar la seguridad nacional".40​
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Los sectores vinculados con las organizaciones guerrilleras suelen sostener también que se trató de una guerra civil revolucionaria.284​En mucho casos cuestionan la comisión de crímenes de guerra por parte de las Fuerzas Armadas y de delitos de lesa humanidad contra combatientes y no combatientes. El 6 de agosto de 2001 en diálogo con radio La Red de Buenos Aires, desde España el ex líder del Movimiento Peronista Montonero guerrillero (MPM), Mario Firmenich afirmó que sí hubo una guerra civil:«en un país que ha vivido una guerra civil, todos tienen las manos manchadas de sangre».285​Por su parte, Nélida Augier, integrante del ERP y viuda de Benito Urteaga (segundo jefe del ERP), se refiere al periodo de inestabilidad política argentina en la década de los 70 como una guerra: «Cuando nos lanzamos a la lucha, lo hicimos con un gran romanticismo, convencidos de que venceríamos. Eso nos dio fuerzas pero trajo aparejado un gran simplismo en el análisis. No sólo subestimamos a los militares, también nos faltó capacidad para prever sus pasos y medir hasta dónde llegarían. Me siento orgullosa, aunque perdimos la guerra, porque tratamos hasta el último momento de anteponer el hombre y sus ideales. Eso no nos hace superiores sino simple y profundamente diferentes de nuestros supuestos vencedores».286​

El General Ramón Camps estuvo a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Tuvo bajo su dirección varios de los centros clandestinos de detención (CCD) ubicados en la provincia. Entre los casos en los que intervino se encuentran el Caso Timerman y la Noche de los lápices. Se caracterizó por su antisemitismo acérrimo. Fue condenado a la pena de 25 años de prisión hasta que fue indultado en 1990. Murió en 1994.
A partir de 2016 varios periodistas, funcionarios gubernamentales y editoriales de medios de comunicación comenzaron a poner en primer plano el cuestionamiento al número de 30 000 desparecidos que tradicionalmente había sido tomado como referencia simbólica del terrorismo de Estado en Argentina. Las organizaciones de derechos humanos han criticado esta tendencia a focalizar el debate en el recuento individualizado de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, como una forma de negacionismo.111​
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