En 2015 Javier Penino Viña, hijo de desaparecidos y nacido en la ESMA, contó a la prensa que su apropiador el excapitán de navío Jorge Vildoza, le había contado en detalle como funcionaba ese centro clandestino de detención, así como los vuelos de la muerte, en los que él era uno de los pilotos. Penino Viña confirmó que fue una decisión tomada en el más alto nivel del gobierno cívico-militar, por recomendación de la Iglesia católica, y que las personas eran arrojadas vivas y desnudas.63​

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En la cultura popular se ha establecido el número de 30 000 desaparecidos, suma que es sostenida por las organizaciones de derechos humanos, las fuerzas políticas de izquierda y centro-izquierda, las organizaciones estudiantiles y los sindicatos, a las que pertenecían la mayor parte de las víctimas. Las estimaciones de la inteligencia militar argentina hasta 1978 era de 22 000 muertos.97​ Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, sobre la base de las personas que percibieron indemnizaciones del Estado hasta 2003, tiene registradas 13 000 personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado.98​ La CONADEP en 1984 seleccionó 9 089 casos de desapariciones forzadas. En el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado ubicado en el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires se habían colocado hasta abril de 2016 los nombres de 8 805 personas.99​
            Hechos: Se trata de una junta convocada únicamente por uno solo de los consejeros, conforme al artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, alegando ser el único que quedaba en ejercicio de su cargo por dimisión del resto de consejeros, aceptadas las renuncias en reunión del consejo. La convocatoria se realizó por medio de  cartas certificadas, unidas a la escritura, con el texto que figura en la documentación anexa, constando igualmente la fecha en que se remitió la última carta, con antelación de más de quince días.
            La DGRN desestima el recurso. Dice que, en el excepcional supuesto del art 432.1, “Aquí el principio de prioridad no juega, de manera que la medida cautelar consiste precisamente en que el juez -con las garantías de "bonus fumus iuris", prestación en su caso de caución y audiencia de los afectados- ordena al registrador que se abstenga de calificar y despachar un título ya autorizado incluso ya presentado en el Registro de la Propiedad.”  (…) “El carácter específico del artículo 432-1.º-d del Reglamento Hipotecario obliga al registrador a suspender la inscripción aunque el título cuya inscripción se pretende esté presentado con anterioridad. Es la finalidad propia de este precepto y de esta medida cautelar en cierta medida excepcional.” (JDR)

            Que, aunque la regla general es que tiene que haber un mandamiento de cancelación en el que se especifique los asientos contradictorios a cancelar, para no caer en un excesivo rigor formalista hay que practicar la cancelación también en aquellos casos en que de la sentencia resulta indubitadamente  los asientos que tienen que ser cancelados, como ocurre en el presente supuesto en relación a dos inscripciones de dominio, estando claro también que no deben de ser canceladas las cargas existentes que no son objeto de la sentencia.
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INSTALACION DE LAS MI_NSULAS Figura 1 INSTALAClON EN EL CARRIL DE LA PUERTA (LADO DERECHO) Asegurese de que el abridor no este conectado a la corriente electrica. Carril de Instale y alinee las mensulas de manera que los sensores esten uno frente al otro en los lados opuestos de la i Reborde puerta, a una distancia mAxima de 15 cm (6 pulg.) del piso.
            Añade, además que la certificación registral expedida y que supuestamente se aportó al expediente, fue solicitada de «la superficie de la finca y Titularidad y Cargas», sin expresarse el motivo de la solicitud, por lo que el Registrador, en su día, no pudo advertir al Juzgado de que la finca procedía de segregación, habiéndose determinado con exactitud su superficie, que en la finca matriz existía una superficie resto inscrito a favor de terceras personas, y que la rectificación de cabida pasaba por la segregación de los metros de exceso de la repetida matriz, con la autorización de los titulares de la misma.

            Supuesto: En este expediente se pretende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario en la que se pacta que el interés de demora que, en su caso, se devengue en favor del banco "será el resultado de sumar siete puntos y cincuenta centésimas de otro punto porcentual al euríbor empleado para el cálculo del tipo de interés ordinario del préstamo en cada momento, con el límite máximo de tres veces el interés legal del dinero..."

Volver arriba ↑ En 2009, el ex general Mario Benjamin Menéndez, ex gobernador de Malvinas cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos y acusó de mentiroso al general Martín Antonio Balza por las duras críticas que le hizo en el libro "Malvinas: Gesta e Incompetencia" y lo acusó también de haber inventado “la historia de que no participó de la guerra contra el terrorismo”.“Galtieri no se daba cuenta de que nos estaban derrotando” Por Hernán Dobry. Perfil.com 2007

Los accidentes también producen pérdidas para la empresa como por ejemplo, pagos de horas extraordinarias para reemplazar el trabajador lesionado, disminución de la productividad ya que ningún trabajador podrá hacer el trabajo de la misma forma que el trabajador titular de esa actividad, falta de ánimo y baja moral de los demás trabajadores, pérdida de tiempo de todos los trabajadores por atender al lesionado o comentar el accidente entre ellos, etc.

             - Por un lado defiende el principio registral del tracto sucesivo que es un trasunto de la proscripción de la indefensión, lo que impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal patente del titular registral. Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento.
            La DGRN revoca la calificación registral diciendo que “como pone de relieve el registrador en su acuerdo, la copia autorizada no puede existir antes de que haya sido emitida o librada (…). Resultando que la copia fue emitida por el notario autorizante mediante el uso de su firma electrónica reconocida y que lo fue el día 14 de marzo, fecha que coincide con la de su envío al Registro, el hecho de que el documento en formato PDF haga referencia a una fecha anterior, el día 13, pone de relieve una discrepancia que deberá ser subsanada oportunamente en términos que resulten coherentes con el sellado de tiempo asociado a la firma electrónica, pero que en ningún caso debe implicar el cierre del acceso al Libro Diario dados los trascendentales efectos que el ordenamiento atribuye a dicha circunstancia (artículos 17 y 24 de la Ley Hipotecaria).”   (JDR)
Clarín nunca explicó los pormenores de la nota, ni se puso a disposición de la justicia a los fines de verificar si las personas entrevistadas eran desaparecidas, cuál era el centro de detención visitado por sus periodistas y si los militares que intervinieron pudieron haber estado cometiendo delitos de lesa humanidad. El investigador Marcelo Borrelli de la Universidad de Buenos Aires analizó la publicación y sostiene que "parecía haber sido escrita por las usinas de los servicios de la inteligencia militar". Detalla los mecanismos discursivos del periódico para elogiar el sistema de reclusión de los "extremistas" que se entregaran voluntariamente y la distinción entre "las dos juventudes", por un lado la juventud "extraviada" que tenía preocupaciones políticas y traumas afectivos de origen familiar, y por el otro la juventud apolítica, dedicada por entero a destacarse en su profesión.51​
            Comentario: Si de esta Resolución elimináramos los hechos y nos centráramos en los demás apartados de registradora, recurrente y DGRN podríamos pensar que los que se está debatiendo es la inscripción de un título judicial ejecutivo, de una ejecutoria, cuando lo cierto es que el título es un documento notarial en el que se documenta un negocio jurídico mercantil, una compraventa, por lo que muchos de los argumentos empleados en esas instancias no son aplicables al caso concreto. La particularidad se encuentra en que en la formación de la voluntad de la parte vendedora, la sociedad en liquidación, es necesaria la autorización judicial al estar la sociedad sometida a la tutela o supervisión judicial por su situación procesal de concurso en fase de liquidación.
            Registradora: Deniega la inscripción ya que la demanda se ha dirigido contra los herederos totalmente indeterminados de quien se dice es el heredero del titular  registral, por lo que no puede estimarse cumplida la exigencia de intervención del titular registral o sus causahabientes para provocar la inscripción del dominio contradictorio.

Una de las reparaciones más comúnes de puertas de garaje involucra los resortes. A pesar de estilo o medida de su puerta de garaje o el tipo de resortes que su puerta tiene, todas tienen el mismo propósito. Los resortes de puertas de garaje son necesarios para darle contrapeso. Si la puerta no tiene contrapeso, no se puede abrir o cerrar apropriadamente y no estará en balance. Una puerta sin balance es un peligro de seguridad y se puede caer. Por esa razón, es imperativo que todos los resortes de puertas de garaje estén trabajando apropriadamente.
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            El hecho de que las fincas no queden afectas por más de siete años previsiblemente se produce porque el legislador consideró que es un plazo suficiente para la ejecución de la urbanización y para exigir las cantidades correspondientes. Bien es cierto que puede ocurrir y más en situaciones de ralentización de la actividad inmobiliaria como la actual, que dicho plazo resulte insuficiente.
            En el presente caso, la DGRN revoca la nota y estima el recurso, ya que si bien es cierto que la cláusula podría haberse redactado con mayor claridad, como reconoce el propio notario autorizante, la interpretación más lógica y razonable es que debe entenderse que el domicilio fijado es el de la vivienda, especialmente si se tiene en cuenta que la otra finca hipotecada es una plaza de garaje, interpretación que es la más favorable no sólo para el acreedor, sino especialmente para el deudor. (JCC)
Ref: 172229. Chalet adosado de dos plantas compuesto por cinco dormitorios y tres baños en la localidad de Talavera la Real, provincia de Badajoz. La vivienda se distribuye en dos plantas. La planta baja cuenta con porche, hall, salón-comedor, cocina, una habitación, un cuarto de baño, patio, y porche trasero destinado a garaje. La planta primera cuenta con cuatro habitaciones, dos cuartos de baño y terraza. Cuenta con puerta de entrada blindada, puertas de paso de madera, ventanasabatibles Climalit en aluminio blanco lacado, pintura plástica lisa en techos y paredes y suelos de plaqueta. Vivienda unifamiliar adosada de dos alturas sobre rasante destinadas a vivienda del año 2009. Se encuentra ubicada en una zona tranquila de nueva construcción a las afueras de la localidad de Talavera la Real denominada Residencial Princesa. Zona con buenas comunicaciones por carretera N-V. Además, dispone de estación de autobuses. Cuenta con un nivel medio en servicios e infraestructuras tales como hoteles cercanos (Hostal Arcos Talavera), instalaciones deportivas (piscina municipal), centros educativos (C. P. San José, IES Bachiller Diego Sánchez), centros sanitarios (Centro de salud de Talavera la Real), comercios y restauración. CE: G ... Leer más
La denominación también utilizada de «guerra sucia» alude al carácter informal y no reglamentado del enfrentamiento entre el poder militar —desligado de la autoridad civil—, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población. Bajo la tutela de la CIA, las dictaduras de América Latina en la década de 1970 unieron sus servicios de inteligencia para la persecución ilegal de activistas y opositores.2​
            Mediante tres instancias, «Gestoría Cuesta, S.L.», solicitó tres notas simples relativas a tres fincas sitas en Ledesma. Se identifica como peticionario a «Abante Audit Auditores, S.L.P.», y se alega como interés legítimo «investigación jurídico económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad». En cuanto a los datos de las fincas sobre las que se solicita la información se hace constar en el apartado de titularidad: «A nombre de quien esté».

            La expedición de información registral está sujeta a determinados controles derivados de la legislación hipotecaria y de la sobre protección de datos personales. Según la DGRN, la aplicación de la normativa sobre protección de datos en el Registro implica, que «los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes».
            La DGRN confirma el defecto de fondo en base al artículo 20 del Real Decreto 1093/1997 que en su apartado primero establece que «La afección caducará a los siete años de su fecha”, sin que resulte aplicable analógicamente lo dispuesto para las anotaciones preventivas en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, al no existir identidad de razón entre ambas clases de asientos (art. 4.1 del Código Civil), máxime cuando su prórroga determinaría un perjuicio a titulares de derechos inscritos en el ínterin.

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