Insiste una vez más en que “la facultad de convocatoria está reservada por la Ley al órgano de administración con carácter exclusivo, según el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, al margen de supuestos singulares como el relativo a la sociedad en fase de liquidación –como resulta del mismo precepto legal–, el de convocatoria judicial (artículos 169 y 171, párrafo primero, de la Ley de Sociedades de Capital) o el de órgano de administración incompleto y con objetivo limitado (como admite el párrafo segundo del artículo 171 de la misma Ley)” y que “en contra de lo que sostienen los recurrentes, no cabe equiparar el presente supuesto al de cese de la mayoría de los miembros del consejo de administración, en el que según el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con el único objeto del nombramiento de los administradores”  pues al condicionar “el cese a la adopción de un acuerdo «ad hoc» en junta general, esta previsión debe tener como consecuencia que no se pueda prescindir de la actuación de tales administradores para la convocatoria de dicha junta general”.


Volver arriba ↑ Entre 1976 y 1977 fueron secuestrados 17 delegados sindicales en la empresa Mercedez Benz de los cuales solo 3 aparecieron con vida, luego de haber sido torturados y permanecer en cautiverio clandestino durante años. La empresa, que en los años '60 le dio empleo a al criminal nazi Adolf Eichmann, colaboró con las fuerzas militares clandestinas entregándoles las direcciones de los sindicalistas, permitiendo los secuestros en la propia fábrica, y contratando como Jefe de Seguridad de la empresa a uno de los jefes de la represión clandestina en la zona.80​
            Añade que no concurren en este supuesto ninguna de las razones que ha llevado al Centro a aplicar una doctrina distinta: que el promotor carezca de acción para subsanar las deficiencias formales que pudieran afectar a su transmitente o que en el momento de iniciar el expediente la cadena de transmisiones no se hubiese documentado debidamente. Por el contrario, en el momento de iniciarse el expediente el promotor, que había adquirido de los titulares registrales, tenía acción contra ellos para elevar a público el contrato realizado y nada cambia su fallecimiento pues la obligación de elevar a público corresponde a sus herederos contra los que debió dirigirse la oportuna acción. (MN)
La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar encabezada por jóvenes oficiales del ejército argentino que se denominaron “carapintadas”. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección, millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la Confederación General del Trabajo de la República Argentina declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo a borde de la guerra civil. La rebelión fue sofocada por una rama del ejército leal al presidente Alfonsín.
192. FUSIÓN POR ABSORCIÓN: HAN DE CONSTAR FECHA Y FORMA DE LAS COMUNICACIONES A LOS ACREEDORES. LOS PODERES PARA ELEVAR A PÚBLICO, SI SON GENERALES, DEBEN ESTAR PREVIAMENTE INSCRITOS. DEFECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO. Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles II de Palma de Mallorca, por la que se suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.
            Que, aunque la regla general es que tiene que haber un mandamiento de cancelación en el que se especifique los asientos contradictorios a cancelar, para no caer en un excesivo rigor formalista hay que practicar la cancelación también en aquellos casos en que de la sentencia resulta indubitadamente  los asientos que tienen que ser cancelados, como ocurre en el presente supuesto en relación a dos inscripciones de dominio, estando claro también que no deben de ser canceladas las cargas existentes que no son objeto de la sentencia.
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Volver arriba ↑ "Durante la vigencia del estado de sitio entre noviembre de 1974 y octubre de 1983, los organismos de derechos humanos denunciaron la existencia de 12 mil presos politicos legales en las distintas cárceles de 'maxima seguridad' a lo largo de todo el territorio de Argentina."Entre resistentes e “irrecuperables”: Memorias de ex presas y presos políticos (1974-1983), p. 13.

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