Lo cierto es que el artículo debatido (art. 39 de la Ley de Puertos de Andalucía) dice lo que dice y que el recurrente argumenta fundadamente sobre su ámbito de aplicación, que, a su juicio, se circunscribe a los contratos en los que se ceden elementos del puerto por persona concesionaria que sea titular de un contrato de concesión de obra pública portuaria. Por tanto, dice en su escrito de recurso, hay un error en la calificación al aplicar el mencionado artículo a un supuesto contractual distinto cual es el de la cesión del uso de un puesto de atraque en el puerto entre dos particulares. La Resolución guarda silencio sobre tales argumentos y tampoco dice nada sobre la aplicación retroactiva de la Ley citada, cuestión que también argumenta el recurrente.
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            b) Segunda etapa: comienza en el S.XX (en el asunto Terrier tratado por el Consejo de Estado francés en 1903) y perdura durante buena parte del siglo. Su fundamento reside en el criterio de servicio público, es decir, ya no se trata ya de una diferencia funcional entre acto de autoridad y acto de gestión sino de un criterio material o sustancial, el del servicio público.
            El demandante recurre y alega que la registradora se extralimita en su función pues está incumpliendo una Sentencia que ordena la cancelación y además que los titulares de dichas cargas no son terceros de buena fe porque conocían las obligaciones que se derivaban del contrato de permuta para su deudor, tal como consta en el Registro. Argumenta también que el contrato ha sido declarado nulo, como si no se hubiera celebrado, por lo que las partes tienen que devolverse sus prestaciones referidas a la fecha inicial de la permuta y son nulos también por ello los derechos adquiridos por terceros titulares de cargas desde esa fecha, que deben de ser canceladas.
El prólogo original del libro Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por el escritor argentino Ernesto Sábato, empieza diciendo: «Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: "Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura".»277​ La investigadora Elizabeth Jelin afirma respecto de dicho prólogo que «allí se habla de las dos violencias, pero no en términos de equivalencias (interpretación habitual -a mi modo de ver equivocada- que dio lugar a la "teoría de los dos demonios") sino en términos de "escalada de violencias": hubo una violencia guerrillera que despertó una represión mucho más brutal. Y se trataba de un momento en que el clima político-cultural era de condena a la violencia».278​

203. EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DEL TRACTO. NO PROCEDE CUANDO EL PROMOTOR ADQUIRIÓ DIRECTAMENTE DEL TITULAR REGISTRAL. Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de San Martín de Valdeiglesias, por la que acuerda no practicar la inscripción del testimonio de auto recaído en expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo.

Reparación de puertas de garaje

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