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            La legislación hipotecaria diferencia dos procedimientos para la rectificación de los errores de concepto: el que exige el acuerdo unánime de los interesados y del registrador o, en su defecto, resolución judicial, y el que permite la rectificación de oficio por parte del registrador cuando el error resulte claramente de los asientos practicados (cfr. artículo 217 de la Ley Hipotecaria), no siendo necesario en este caso el consentimiento de los interesados.
OPERACION INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Para reducir el riesgo de LESIONES GRAVES o LA MUERTE: 1. LEAY SIGATODAS LASADVERTENCIAS Y LAS 9. Si ajustauno de los controles(limitesde la fuerzao del INSTRUCCIONES DEOPERACION. recorrido),esposiblequeseanecesario ajustartambi_nel otro control. 2. SIEMPREconserve los controles remotos fuera del alcance de los ni_os.
El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal de la Capital Federal (tribunal civil) tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. El fiscal fue Julio César Strassera y el fiscal adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos.
MONTAJE, PASO Monte el Riel e instale el Trole Paraevitar QUE SEPELLIZQUE, conservelos manosy dedos lejosde lasjuntascuandomonteel reil. No encienda ni use el abridor hasta que Ilegue al paso de la instalacion correspondiente, de otra Las pestahas que se encuentran a Io largo de los lados del manera corre el riesgo de complicar el proceso de instalacion.
            Sin tener en cuenta las alegaciones notariales la DG centra el problema en determinar “si en la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada debe expresarse el código de la actividad económica principal –según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas– o el de todas las actividades que integran el objeto social”.

CHAÎNE OU AJUSTEMENT DE TENSION DE COURROIE AVERTISSEMENT • Observez tous les avertissement et précautions de sûreté! • Démontez la puissance de l'ouvreur avant de commencer cette tâche. Inspecter visuellement la chaîne ou la courroie tous les 6 mois. REMARQUE : Les réglages de tension doivent être effectués avec la porte abaissée et le chariot dégagé.
            De todas formas debemos concluir que esté o no esté la sociedad obligada a emitir el informe de gestión lo cierto es que una vez efectuado un depósito el mismo no puede ser dejado sin efecto a solicitud de uno de los socios. Lo único que cabe es, si existe error en las cuentas aprobadas, volver a celebrar junta, aprobarlas de nuevo y depositar, sin eliminar el anterior depósito el nuevo procedente del nuevo acuerdo de la junta. También entendemos que es posible que si existe error material en las cuentas depositadas, depositar unas nuevas subsanado los errores cometidos pero siempre conservando el depósito de las erróneas. (JAGV)
Los automatismos, en el campo de la automatización, se refiere al movimiento mecánico de un motor, accionado por un conmutador o bien mando a control a distancia, con  nutrición eléctrica. Son muy empleados en el ámbito,  para la apertura y cierre de cualquier puerta y persianas automáticas, anular o bien portón, y comúnmente se usan en residencias, garajes, oficinas, locales (puertas enrollables) y en naves industriales. La compañía de automatismos Puertas automáticas Elche y Alicante, cuenta con  los modelos de motores de los fabricantes más esenciales, puesto que somos una compañía multimarca, reparamos y también instalamos automatismos Elche (Alicante) para cualquier sistema de automatización.
Mobiliario de jardín y juegos Invernaderos, cobertizos y garajes Piscinas y estanques Bañeras de hidromasaje Barbacoas y planchas Portones, verjas, cercas Herramientas motorizadas para jardinería Herramientas manuales para jardinería Materiales de riego Suelos para terrazas y jardines Iluminación para exteriores Organización y protección Prendas y accesorios Plantas y semillas
            La DGRN desestima el recurso señalando que para la rectificación del Registro por falta de tracto sucesivo, al no haber tenido acceso al Registro los títulos intermedios, el medio adecuado no es el señalado por la notaria recurrente sino el que establece ese mismo artículo en su apartado a ( Art 40.A LH) es decir la presentación de dichos títulos.  Confirma igualmente la nota en cuanto a la no constancia de la referencia catastral. (AFS)
Alfredo Astiz es el caso más emblemático de la represión ilegal. Era capitán de la Marina de Guerra y perteneció al Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Se infiltró entre las Madres de Plaza de Mayo simulando ser familiar de desaparecidos. Actuó como secuestrador de las Madres de Plaza de Mayo, de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, de la adolescente argentino-sueca Dagmar Hagelin, entre otros casos de trascendencia mundial. Se vio beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego de anuladas, en 2003, fue procesado y detenido en 2006. En Francia fue condenado en ausencia a prisión perpetua. En enero de 1998 la periodista Gabriela Cerruti le realizó una histórica entrevista publicada por la revista Tres Puntos, donde reconoce las secuestros, los centros clandestinos de detención, las ejecuciones ilegales, la infiltración en las Madres de Plaza de Mayo, declara que no sintió arrepentimiento y amenaza con una respuesta violenta militar si continuaban las investigaciones:
            Empieza diciendo que “el balance de escisión tiene un alcance eminentemente informativo, en cuanto sirve para permitir que los socios y los demás interesados a los que se refiere la Ley conozcan la situación económica de las sociedades que participan en la fusión”. Después incide en la reforma de la Ley 3/2009 por la Ley 1/2012 de 22 de junio que tuvo la finalidad de simplificar trámites en fusiones y escisiones, si bien aclara que la Directiva 82/891/CEE, modificada por la Directiva 2009/109/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, no ha sido traspuesta en cuanto al permiso que da a las legislaciones nacionales para prescindir de los estados contables en caso de acuerdos en junta universal y por unanimidad y por ello “esta Dirección General ha tenido oportunidad de poner de relieve que en los supuestos generales de fusión o escisión, aun cuando se exima de ciertos requisitos formales, y aun cuando hayan sido aprobadas en junta universal y unanimidad, o se trate de absorción de una sociedad limitada íntegramente participada, no se exime de la obligación de aprobar el balance de fusión o escisión (cfr. las Resoluciones de 10 y 21 de abril de 2014).
            Comentario.- Este criterio de la DGRN va a generar mucha inseguridad jurídica y parece contrario al principio de legalidad al no estar regulada la limitación por ninguna norma. Y es que no hay nada más subjetivo, a falta de regulación legal, que determinar cuándo hay objetivamente un conflicto de intereses, sobre todo porque hay que poner un límite al grado de  vinculación del apoderado con los terceros para considerar que existe tal conflicto. Por ejemplo, ¿habrá conflicto de intereses con los cuñados o parientes más alejados a los que  el apoderado no ve casi nunca o no tiene ninguna relación y no lo habrá con una amigo cercano no pariente? ¿Y los notarios, qué tendremos que hacer para evitar responsabilidades, quizá preparar una especie de cuestionario estandarizado de incompatibilidades o vinculaciones al apoderado?
            DGRN. La Resolución entiende que el contrato en cuestión no tiene naturaleza administrativa y se regula por las normas del Código Civil en todo lo concerniente a la relación negocial entre los contratantes, de modo que no cabe la resolución unilateral por parte de la Administración, quien no puede hacer uso del privilegio de la autotutela en este ámbito negocial.

El mantenimiento de puerta de garaje no solo mantiene que su puerta trabaje de lo mejor con más tiempo, tambien promueve la seguridad de puerta de garaje. Bisagras y resortes quebrados son peligrosos y pueden causar lesiones o daños. Agracedidamente, muchos problemas pendientes de puertas de garaje se detectan a tiempo a mediante la visita de mantenimiento. Cuando se descubren puede tener los reparos hechos para evitar tener problemas principales. Cuando nos llama para hacer mantenimiento, usted sabe que su puerta de garaje está en las manos de gente que toman orgullo en su trabajo. Deje que Veteran Garage Door haga el trabajo para usted y reciba resultados unsurpassable.
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Como sabemos que la investigación trata de llegar hasta las causas del accidente para eliminarlas, la única actitud que podemos adoptar es la de colaborar con la investigación, dando el máximo posible de detalles al respecto. Con eso estaremos colaborando efectivamente a la prevención de los accidentes, pues si eliminamos las causas encontradas, podemos evitar la repetición del accidente.
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El terrorismo de Estado en Argentina fue parte de una operación continental. La Operación o Plan Cóndor fue el nombre con el que se designó el plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia), con conexiones con las fuerzas militares de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y cooperación y apoyo operativo de los Estados Unidos. La Operación Cóndor constituyó una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado a escala continental.
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            DGRN. La Resolución entiende que es preceptiva la previa comunicación expresa exigida por la calificación registral: “…ciertamente no se establece en este precepto (art. 39) un cierre registral expreso ante la falta de comunicación del contrato a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Pero si se tiene en cuenta la posibilidad que tiene ésta de denegar la autorización en el plazo de tres meses por las causas expresadas, debe entenderse que la acreditación de dicha comunicación es exigencia previa a la inscripción registral, evitando con ello que el Registro de la Propiedad pueda publicar titularidades no firmes o claudicantes. No cabe olvidar que la finalidad del Registro de dar seguridad jurídica en el tráfico sólo se armoniza con la inscripción de titularidades plenamente válidas (cfr. artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de su Reglamento)”.
            Como ya ha señalado en otras ocasiones este Centro Directivo (R. 7 de Febrero de 2001, R. 9 de julio de 2001, R. 14 de Enero de 2008), la omisión o, en su caso, la defectuosa designación del domicilio realizada por el deudor a efectos del citado procedimiento de ejecución directa o del extrajudicial de ejecución de la hipoteca, producirá el efecto de que no puedan utilizarse dichos procedimientos –de carácter potestativo–.
            No hay pues indicio alguno en el título que permita sostener que la finalidad del préstamo recibido es la financiación de la vivienda habitual hipotecada. Es cierto, como ya afirmó la R. 18 de noviembre de 2013, que el mero hecho de que la adquisición de la vivienda sea anterior al préstamo actual no excluye «per se» la posibilidad de que el préstamo actual pudiera tener la finalidad que exige el párrafo tercero del artículo 114 de la Ley Hipotecaria, pues puede suceder que incluso en tales circunstancias el destino del préstamo esté vinculado a la financiación de la adquisición de la vivienda (o de una parte de ella), lo que sucedería en caso de que el nuevo préstamo estuviera destinado a refinanciar el anterior (caso de existir) o a satisfacer el pago de todo o parte del precio de la adquisición, en caso de que éste hubiese sido aplazado o diferido en todo o en parte a fecha posterior a la del préstamo hipotecario cuestionado.
            No existe en sede de acta notarial un precepto similar al art. 285 RH, aplicable sólo en sede judicial y que dice : «…sin que se pueda exigir al que promueva el expediente que determine ni justifique las transmisiones operadas desde la última inscripción hasta la adquisición de su derecho». Para el Centro Directivo, eso sólo es aplicable a los procedimientos judiciales y además están circunscritos a supuestos excepcionales en los que no sea posible –y así se exprese en el mandamiento– identificar la cadena de títulos intermedios.
Los primeros CCD fueron instalados en 1975, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. En ese año ya estaban en funcionamiento La Escuelita en Faimallá (Tucumán) y El Campito (Provincia de Buenos Aires). También en 1975 funcionó un CCD en la planta de la empresa Acindar en Villa Constitución, presidida por Martínez de Hoz, como parte de la estructura represiva organizada para reprimir la huelga declarada por el sindicato UOM en mayo de ese año.48​
            Desestima el recurso del Notario porque la valoración estimada que se hace de la obra terminada no es más que “…una hipótesis sujeta a concreción que no puede pretender el amparo de los pronunciamientos registrales, pues dicha valoración es distinta de lo que se define en la norma aplicable como valor de tasación a efectos de subasta…”.
            2.- Falta de legitimidad del interés alegado.- En la solicitud se alega como interés legítimo «investigación jurídico económica sobre crédito, solvencia y responsabilidad». La DGRN tiene declarado, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información. Para ello resulta fundamental, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.
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            Si de la sentencia, aunque no lo diga expresamente, resulta claro el asiento que debe ser cancelado, el registrador debe cancelarlo y si como consecuencia de esa cancelación quedan asientos en el aire, es decir sin una fundamentación en asientos anteriores o contradictorios con ellos, deberán ser los interesados los que insten, por los cauces adecuados, judicialmente o por acuerdos sociales, la declaración de nulidad o la sustitución de esos acuerdos incompatibles, por otros ya coordinados con la nueva situación de la sociedad tras la sentencia inscrita.
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               d)  Dentro de las facultades exorbitantes del Derecho común que se conceden a la Administración en este tipo de contratos hay que destacar la facultad resolutoria, que es una prerrogativa que la Administración puede ejercitar unilateralmente si bien de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. Por tanto, al Ayuntamiento, en cuanto órgano de contratación, le corresponde acordar la resolución del contrato, mientras que la tutela de los intereses particulares se consigue, amén de por la necesaria audiencia de parte, por la necesaria concurrencia de dictamen del Consejo de Estado, u órgano consultivo equivalente de la respectiva Comunidad Autónoma, en caso de oposición a la resolución y por el sistema ordinario de recursos administrativos.
            No hay pues indicio alguno en el título que permita sostener que la finalidad del préstamo recibido es la financiación de la vivienda habitual hipotecada. Es cierto, como ya afirmó la R. 18 de noviembre de 2013, que el mero hecho de que la adquisición de la vivienda sea anterior al préstamo actual no excluye «per se» la posibilidad de que el préstamo actual pudiera tener la finalidad que exige el párrafo tercero del artículo 114 de la Ley Hipotecaria, pues puede suceder que incluso en tales circunstancias el destino del préstamo esté vinculado a la financiación de la adquisición de la vivienda (o de una parte de ella), lo que sucedería en caso de que el nuevo préstamo estuviera destinado a refinanciar el anterior (caso de existir) o a satisfacer el pago de todo o parte del precio de la adquisición, en caso de que éste hubiese sido aplazado o diferido en todo o en parte a fecha posterior a la del préstamo hipotecario cuestionado.

            En cuanto al asunto de fondo, con el sistema de doble título, la inmatriculación se encuentra muy facilitada, por lo que es preciso tomar cautelas, a la hora de permitir su acceso al registro, para minimizar los riesgos derivados de que los importantes efectos de los que se benefician los títulos inmatriculados no perjudiquen a terceros. El registrador, como servidor de la seguridad jurídica preventiva, ha de valorar, entre otros extremos, si la documentación presentada ha sido elaborada expresamente para inmatricular o si se trata de verdaderas transmisiones, pudiendo apreciar, a estos efectos, si ha existido fraude que pueda producir resultados antijurídicos. Pero no puede quedarse en meras sospechas, sino que ha de justificar una nota de calificación adversa alegando razones objetivas que avalen su proceder.
Hinged garage doors come off as a result of misalignment of the horizontal tracks, unscrewed bolts, or loose metal brackets at the end of the track on the door. You can replace the bolts and brackets to help fix issues with a hinged garage door. If the rollers are still on the tracks, tighten the bolts using a screwdriver from a garage door repair kit while holding the bracket on the garage door.

            4)  La determinación de la ley aplicable, no ha de confundirse, con la elección de tal ley. Se trata de acreditar hechos, y en el caso concreto tanto el matrimonio como las capitulaciones posteriores constan en el registro Civil Español (consular); por tanto, nada impide que la laguna legal quede voluntariamente integrada por la decisión de ambos esposos reconociendo, con carácter retroactivo al inicio de su matrimonio, la aplicación de ley española.
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            Comentario: Desde el punto de vista notarial hay que extremar la precaución en las subsanaciones que afecten a uno de los elementos esenciales del negocio, pues muchas veces pueden encubrir consideraciones de ahorro fiscal que pueden dejar al notario en mal lugar, aunque su posición sea meramente pasiva por limitarse a recoger las manifestaciones de los interesados. Para ello habrá que valorar la verosimilitud del error, la posibilidad razonable de que haya podido ocurrir, en función de las circunstancias del caso concreto, la cuestión fiscal subyacente, etc… y denegar la autorización en el caso de que resulte poco probable o inverosímil la existencia de dicho error, como, aparentemente, ocurre en el presente caso.  (AFS)
            Lo cierto es que el artículo debatido (art. 39 de la Ley de Puertos de Andalucía) dice lo que dice y que el recurrente argumenta fundadamente sobre su ámbito de aplicación, que, a su juicio, se circunscribe a los contratos en los que se ceden elementos del puerto por persona concesionaria que sea titular de un contrato de concesión de obra pública portuaria. Por tanto, dice en su escrito de recurso, hay un error en la calificación al aplicar el mencionado artículo a un supuesto contractual distinto cual es el de la cesión del uso de un puesto de atraque en el puerto entre dos particulares. La Resolución guarda silencio sobre tales argumentos y tampoco dice nada sobre la aplicación retroactiva de la Ley citada, cuestión que también argumenta el recurrente.

195. CLÁUSULA ESTATUTARIA SOBRE RETRIBUCIÓN A LOS ADMINISTRADORES POR SERVICIOS AJENOS A SU FUNCIÓN. Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles VI de Valencia, por la que se rechaza parcialmente la inscripción de determinado particular de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada.


El terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 fue un período de terrorismo de Estado llevado a cabo en el país que culminó con la última dictadura cívico-militar autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que gobernó desde el 24 de marzo de 1976 hasta la restauración de la democracia en 1983, como parte de la Operación Cóndor.1​ Durante este tiempo el Estado realizó un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado para instalar un plan de política económica neoliberal. Se estima que durante ese período las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer a aproximadamente 30 000 personas (ver Sección «cantidad de víctimas»).

Bajo la presidencia de este último, la Secretaría de Derechos Humanos elaboró un informe con una nómina de 7 010 personas desaparecidas, no contando a los sobrevivientes y a los hijos recuperados,120​ y el propio secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, afirmó que «30 000 es una "construcción simbólica"».121​ El informe fue tomado como parte de «una campaña de bastardeo y desprestigio» por parte del gobierno a las organizaciones de derechos humanos.122​123​
               2 Para resolver la cuestión apuntada es preciso decidir previamente si el contrato celebrado entre la Administración y la sociedad es o no administrativo, pues, si fuera administrativo estaría  regulado por la legislación específica en la materia, que actualmente es la Ley de Contratos del Sector Público (R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
239. NO CABE PRÓRROGA DE NOTA DE AFECCIÓN URBANÍSTICA. Resolución de 13 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Santa Fe n.º 2, por la que deniega la prórroga de una afección real para garantizar el pago de los gastos de urbanización aprobados en la reparcelación voluntaria del sector 2 del plan parcial-10 de las normas subsidiarias del planeamiento de Alhendín.
            Recuerda, un vez más, que “el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales” y concluye que “si el recurrente entiende que el (depósito) ha sido hecho sin el debido cumplimiento de los requisitos legales, debe impugnarlo ante la jurisdicción ordinaria para que sea en dicha sede donde se aprecie si el depósito realizado merece o no el amparo legal”.
El Comando de la Zona 1 informa a la población que el 2 de noviembre, en horas de la noche, en las proximidades de Plaza Constitución, una patrulla de las fuerzas leales sorprendió a un activista que incitaba al cese de actividades y trataba de impedir la concurrencia al trabajo de algunos operarios, siendo abatido por el fuego. Se procura su identificación. Las fuerzas legales cumplieron con la misión impuesta tendiente a asegurar la libertad de trabajo.
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