229. RENUNCIA DE ADMINISTRADOR ÚNICO SL: SOLO ES INSCRIBIBLE SI PREVIAMENTE CONVOCA JUNTA GENERAL. Resolución de 5 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles I de Pontevedra, por la que se rechaza la inscripción de una escritura pública de renuncia de administrador único.
El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. En cambio fueron absueltos Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamí Dozo y Jorge Isaac Anaya.
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            Recuerda la distinta regulación de las notificaciones tratándose de expediente de dominio judicial (el art. 202 LH permite subsidiariamente la notificación por edictos), y las notificaciones exigibles en la tramitación del acta notarial, donde hay una exigencia expresa de notificación personal, por lo que si ésta no es posible debe paralizarse el procedimiento. Y rechaza la aplicación analógica del régimen judicial de notificaciones por lo que confirma el defecto.
            Es cierto que según el art. 132.2.º LH, la calificación del registrador se extenderá al hecho de Que se ha notificado la existencia del procedimiento a los acreedores y terceros cuyo derecho ha sido anotado o inscrito con posterioridad a la hipoteca, a excepción de los que sean posteriores a la nota marginal de expedición de certificación de cargas…; y que conforme al art 689 LEC Si de la certificación registral apareciere que la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio no ha sido requerido de pago en ninguna de las formas notarial o judicial, previstas en los artículos anteriores, se notificará la existencia del procedimiento a aquella persona, en el domicilio que conste en el Registro, para que pueda, si le conviene, intervenir en la ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 662, o satisfacer antes del remate el importe del crédito y los intereses y costas en la parte que esté asegurada con la hipoteca de su finca.
Cualquier desviación en el desempeño de las personas, en relación con los estándares establecidos, para mantener la continuidad de marcha de las operaciones y un nivel de pérdidas mínimas, se lo considera un acto anormal que impone riesgo y amaga en forma directa la seguridad del sistema o proceso respectivo. Un acto subestándar se detecta con observaciones.
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            En el expediente que da lugar a la presente comparecen ante notaria el día 27 de enero de 2014 un matrimonio casado en régimen de gananciales y manifiestan que la vivienda que hipotecan en garantía del préstamo que reciben en el mismo acto es su vivienda habitual. Resulta del mismo título que la vivienda fue adquirida el día 24 de febrero de 2000 y del apartado de cargas que la finca está libre de cargas y gravámenes excepto afecciones fiscales según manifiestan los comparecientes, manifestación concordante con el contenido de la nota simple informativa expedida por el Registro e incorporada a la propia escritura del préstamo hipotecario calificado. En las estipulaciones, las partes se limitan a reconocer la entrega del préstamo que queda garantizado con la hipoteca.
Finalmente el mismo 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres primeras juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas de 1982, excluyendo así a la última junta que decidió entregar el poder a un gobierno elegido democráticamente sin condicionamientos.

El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal de la Capital Federal (tribunal civil) tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. El fiscal fue Julio César Strassera y el fiscal adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos.


            b) Segunda etapa: comienza en el S.XX (en el asunto Terrier tratado por el Consejo de Estado francés en 1903) y perdura durante buena parte del siglo. Su fundamento reside en el criterio de servicio público, es decir, ya no se trata ya de una diferencia funcional entre acto de autoridad y acto de gestión sino de un criterio material o sustancial, el del servicio público.
185. AGRUPACIÓN DE PISOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL. CONSENTIMIENTO DE LOS NUDO PROPIETARIOS PERO NO DE UNA USUFRUCTUARIA. Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de San Lorenzo de El Escorial n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de agrupación de fincas de un edificio en régimen de propiedad horizontal.
            Desestima los argumentos del recurrente, el primero relativo a que la Ley Concursal es una ley especial que ha de prevalecer sobre la general, pues aun siendo cierta la premisa no lo es la conclusión, ya que el citado artículo 149 LC, relativo a resoluciones judiciales contra las que no cabe recurso, se refiere a un caso concreto (adjudicación por partes de la unidad productiva), diferente del presente supuesto, por lo que considera de aplicación el artículo 197.3 LC que es la regla general en los procesos concursales, que  prevé, salvo excepciones, un recurso de reposición.
Ella insistió y el vigilante, sin ánimo para una discusión, tomó decisión administrativa y pasó el problema a los dueños del baile. Llamó a la central que lo puso en contacto con la sala de médicos. Que había una mujer vestida con buen gusto que pedía ingreso. Que no tenía órdenes de nada, que no sabía qué hacer en casos así, que no, que no parecía loca, pero que sí había de estar de remate si quería meterse allí. Y que nada, que resolvieran el entuerto, coño, que a él sólo le pagaban para estar en ese cubículo de mierda vestido de azul Francia.
            La DG, tras volver a examinar la regulación del informe de auditoría y las distintas clases del mismo, llega a la conclusión que no puede confundirse un informe de auditoría con opinión denegada de un escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto al no habérsele facilitado las cuentas anuales de la sociedad, siendo claro que este último informe no cumple con la finalidad prevista por la legislación de sociedades, ni con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su realización”. Por ello este último informe no debe servir para el depósito de cuentas de la sociedad.
            Hechos: Se trata de una escritura de constitución de SL cuyo objeto social se expresa de la siguiente manera en relación al código CNAE: “Constituyen el objeto social las siguientes actividades, que se relacionan indicando el correspondiente código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas: La compraventa, promoción, edificación, planificación, arrendamiento y prestación de servicios complementarios de inmuebles (CNAE 411, 412, 681, 682 y 683)”.

Discutiendo el continuo apego a tácticas extrajudiciales contra Montoneros que son miembros de TEA y TEI (Nota: se refiere a Tropas Especiales de Agitación y Tropas Especiales de Infantería) Emboff preguntó por qué los militares no sentían que fuera posible llevar a esta gente ante cortes formales, inclusive cortes militares. Nuestro informante dio dos razones. Primero, las fuerzas de seguridad ni confían ni saben cómo utilizar las soluciones legales. Los métodos actuales son más fáciles y familiares. Segundo, no hay ningún militar importante que `tenga el coraje` para asumir la responsabilidad formal por la condena y ejecución de un montonero. Bajo las reglas actuales 'nadie' es responsable en los registros por las ejecuciones. Castro.45​

Según el diagrama, lo que debemos evitar "es el origen de", ya que al producirse éste, puede generar serias consecuencias para la integridad de las personas, equipos e instalaciones y el medio ambiente. Luego estos elementos constituyen una cadena que nos obliga a actuar definitivamente en su origen, o sea, evitar las causas si queremos realmente tener éxito en el objetivo final de la prevención.
Cualquier cambio o variación introducidas a las características físicas o al funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el ambiente de trabajo y que conllevan anormalidad en función de los estándares establecidos o aceptados, constituyen condiciones de riesgo que pueden ser causa directa de accidentes operacionales. Una condición subestándar se detecta con inspecciones.
            Analizando las circunstancias del presente caso y de la nota de calificación, la DGRN estima el recurso considerando que el acuerdo del Registrador afirma reiteradamente que lo que se pretende inscribir es una extinción de condominio y exige que se haga constar el valor de las fincas o que los lotes son del mismo valor a fin de determinar la naturaleza jurídica del negocio llevado a cabo, por lo que hace supuesto de la cuestión en la medida que no parte de la base fáctica que resulta de la documentación presentada

            En cuanto al juicio de suficiencia notarial lo considera genérico y que no cumple lo dispuesto en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001, pues debería especificar porqué, a su juicio, tiene facultades suficientes para representar al Ayuntamiento teniendo en cuenta que el contrato se firma en base a un Decreto del Alcalde, sin intervención del Pleno, y por ello ha de justificarse que el Alcalde es el órgano competente para aprobar la adquisición por no exceder el precio de compra del 10% del presupuesto municipal conforme a la disposición adicional segunda de la LCSP (Decreto Legislativo 3/2011).
            1.- Falta de motivación de la calificación: es rechazada por la dirección ya que, de acuerdo con su propia doctrina, la argumentación en que se fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo contenido del amplio escrito de interposición;

            La DGRN confirma el defecto de fondo en base al artículo 20 del Real Decreto 1093/1997 que en su apartado primero establece que «La afección caducará a los siete años de su fecha”, sin que resulte aplicable analógicamente lo dispuesto para las anotaciones preventivas en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, al no existir identidad de razón entre ambas clases de asientos (art. 4.1 del Código Civil), máxime cuando su prórroga determinaría un perjuicio a titulares de derechos inscritos en el ínterin.

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