La Iglesia católica argentina brindó un importante apoyo al gobierno militar y a la preparación del golpe de estado, y en algunos casos religiosos participaron directamente en los crímenes de lesa humanidad.177​ En 2002 la Iglesia católica pidió perdón por los pecados cometidos durante la dictadura militar de 1976-1983.178​ Sin embargo hasta 2006 la Iglesia católica argentina se ha negado a abrir sus archivos, entre los que se encuentran los informes de los capellanes militares que podrían brindar información sobre las personas desaparecidas.178​
Refiriéndose a las consecuencias de lo que denomina "suposición del triunfo inexorable" de las organizaciones guerrilleras, Pilar Calveiro opinó que "Bajo esta idea, la organización Montoneros, igual que el ERP, consideró que el golpe de 1976 era benéfico para sus objetivos puesto que agudizaría las contradicciones y se aclararía un enfrentamiento que resultaba difuso, dadas las prácticas de represión ilegal provenientes de un gobierno elegido democráticamente; se esperaba que todo ello permitiera acelerar el momento del triunfo.186​ Firmenich dijo sobre el golpe: "no hicimos nada por impedirlo porque, en suma, también el golpe formaba parte de la lucha interna en el movimiento Peronista".183​
            En casos como el presente no parece consistente argumentar en contra de la doble valoración diciendo que la LEC habla de tasación en singular. Téngase en cuenta que se trata de una finca que se va a construir y que, por tanto, irá aumentado su valor a la vez que se ejecuta la obra. Hasta tal punto es así, que la propia regulación del mercado hipotecario contempla la existencia de dos valoraciones en casos como este. Ajena a la realidad, la Resolución exige una foto fija -aquí y ahora- para una realidad dinámica, y de ahí que tenga que recurrir al remedio de la valoración final
Ref: j002. piso de tres dormitorios en josé del hierro. vivienda exterior de 91 metros con tres dormitorios, salón independiente con terraza cubierta, cocina amueblada y equipada con electrodomésticos, baño completo. con suelos de tarima, carpintería exterior de aluminio, armarios empotrados, calefacción central de gas natural, aire acondicionado, carpintería interior de roble. la finca dispone de ascensor, portero físico, acceso para minusválidos. muy buena comunicación, metropueblo nuevo (l-5 y l-7) a 500 metros y ciudad lineal (l-5) a 650 metros, línea de bus 38 - 48 - 53 - 109 - 113 - 146. excelente ubicación, muy próximo a la calle alcalá, arturo soria, virgen de lluc, avenida de la institución libre de enseñanza. rodeado de colegios, supermercados, polideportivo, parques, zona muy consolidada con todos los servicios. aire acondicionado. armarios. calefacción. gres cerámica. terraza. ascensor. amueblado. electrodomésticos. horno. microondas. figrorífico. serv. portería. balcón. se aceptan mascotas. internet. zona deportiva. zona infantil. puerta blindada. cocina equipada. 5ª Planta. Ascensor. Amueblado. Terraza. Calefacción. Se aceptan mascotas. Aire acondicionado. Internet. CE: G ... Leer más
            Se debate en torno a la inscripción de un exceso de cabida declarado en auto judicial que resuelve un expediente de dominio, teniendo en cuenta que la finca registral, procedente de segregación, dice medir ocho metros de frente por veinte metros de fondo, o sea ciento sesenta metros cuadrados, mientras que en el auto judicial se estima la pretensión del promovente de que, aun manteniendo inalterada la descripción de sus linderos, en realidad la anchura media del solar es de diez metros y no de ocho, y que la superficie real es de 200,91 metros cuadrados.

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Clarín nunca explicó los pormenores de la nota, ni se puso a disposición de la justicia a los fines de verificar si las personas entrevistadas eran desaparecidas, cuál era el centro de detención visitado por sus periodistas y si los militares que intervinieron pudieron haber estado cometiendo delitos de lesa humanidad. El investigador Marcelo Borrelli de la Universidad de Buenos Aires analizó la publicación y sostiene que "parecía haber sido escrita por las usinas de los servicios de la inteligencia militar". Detalla los mecanismos discursivos del periódico para elogiar el sistema de reclusión de los "extremistas" que se entregaran voluntariamente y la distinción entre "las dos juventudes", por un lado la juventud "extraviada" que tenía preocupaciones políticas y traumas afectivos de origen familiar, y por el otro la juventud apolítica, dedicada por entero a destacarse en su profesión.51​
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            Por ello el CD llegó a la conclusión “de que la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (vid. Resoluciones de 29 y 31 de mayo y 11 de diciembre de 1996 y de 12 de marzo de 2013), a pesar de la dicción literal del artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la disposición transitoria octava del vigente Reglamento del Registro Mercantil, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada»”.
212.- FACULTADES DEL CONTADOR PARTIDOR. ATRIBUCIÓN DE CARÁCTER GANANCIAL A UN BIEN PRIVATIVO. Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Jávea nº 1, por la que se suspende la inscripción de un acta de protocolización de documento de liquidación de sociedad de gananciales.
Los equipos de represión ilegal estaban integrados por personal de las tres fuerzas armadas, policía, prefectura, médicos, sacerdotes y en algunos casos personal paramilitar. Adicionalmente altos directivos de empresas privadas y dependencias públicas, así como directores y profesores de colegios y universidades, colaboraron activamente con los mecanismos ilegales de represión.
Volver arriba ↑ Periodista: ¿Cómo llega usted a ser juez durante la dictadura militar?. Zaffaroni: Yo soy juez en San Luis, en 1969, en 1973 fui procurador general de la provincia de San Luis, en el ‘75 fui juez federal de la ciudad de Buenos Aires, éramos tres nada más. Y en el ‘76, cuando viene el golpe, me degradan a juez de sentencia y ahí me quedé hasta el ‘84, cuando el gobierno constitucional me asciende a camarista. “No me gusta extraditar a un ciudadano argentino”, por Carlos Ares, Página 12, 30 de julio de 2003
            Además, dada esta naturaleza de la legítima en Derecho común, no puede aplicarse a tal derecho lo que establece el artículo 15 de la Ley Hipotecaria, pues tal precepto está dictado (como se deduce de su primer inciso) para aquellos ordenamientos españoles en que la legítima es «pars valoris bonorum», pues, en estos casos, las prevenciones del artículo señalado se dan como garantía, ya que la intervención del legitimario, en los repetidos supuestos, no es imprescindible para realizar la partición. (IES)
            El notario recurre pues a su juicio “los códigos señalados en la escritura claramente son códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas; que, conforme a su norma reguladora (art. 3 del Real Decreto 475/2007, de 13 de abril), la Clasificación Nacional comprende un primer nivel alfabético y hasta tres niveles numéricos adicionales de dos, tres o cuatro cifras (que pueden llegar a cuarto nivel de cinco cifras), que sirven para identificar una actividad determinada”.
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El primer acto en ese sentido fue realizado en diciembre de 1985 por el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Teodoro Waldner (Fuerza Aérea), en el Colegio Militar en ocasión del egreso de los nuevos oficiales, con la presencia del presidente Raúl Alfonsín, cuando declaró que "Debemos reconocer que las características de esa lucha llevaron las acciones de violencia a un límite tal que ha permitido dudar de la legitimidad de muchos actos de la represión desatada”.261​262​

            Como cuestiones procedimentales, la resolución considera interpuesto dentro de plazo el recurso, ya que no constaba el consentimiento del presentante a la notificación del defecto por fax. También reitera la resolución, ante la petición del recurrente de retroacción de las actuaciones por la vía de la aplicación de la legislación de procedimiento administrativo común, la doctrina de la R. 23 de Abril de 2014 sobre la naturaleza especial del procedimiento registral. (JCC)
            La DG reitera su ya consolidada doctrina de que “es necesaria la demanda y requerimiento de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus bienes, entendiendo la Ley Hipotecaria que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de cargas.” (JDR)
Despertó, todavía de día, con restos del envoltorio escarlata a su lado, rozándole los dedos de la mano. Se incorporó con trabajo, atontado, y encontró un libro que sobresalía del papel desgarrado: Timbuktu. Abrió vacilante e intrigado; en las primeras páginas encontró una dedicatoria: «Siempre estaré para ti». La frase no llevaba firma pero estaba seguro de que la letra manuscrita era suya.
Sin buscar palabras innovadoras, sino apelando a los viejos reglamentos militares, aprovecho esta oportunidad para ordenar una vez más al Ejército, en presencia de toda la sociedad: nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes o reglamentos militares. Quien lo hiciera incurre en una conducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera. Sin eufemismos, digo claramente: delinque quien vulnera la Constitución Nacional. Delinque quien imparte órdenes inmorales. Delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales. La comprensión de estos aspectos esenciales hace a la vida republicana de un Estado...Comprender esto, abandonar definitivamente la visión apocalíptica, la soberbia, aceptar el disenso y respetar la voluntad soberana, es el primer paso que estamos transitando desde hace años, para dejar atrás el pasado, para ayudar a construir la Argentina del futuro, una Argentina madurada en el dolor, que pueda llegar algún día al abrazo fraterno. Si no logramos elaborar el duelo y cerrar las heridas no tendremos futuro. No debemos negar más el horror vivido, y así poder pensar en nuestra vida como sociedad hacia delante, superando la pena y el sufrimiento. (versión completa en Wikisource)
En la lista de las nueve propiedades de Duarte Jáquez o de su familia en El Paso –entregadas a Proceso por una fuente del gobierno mexicano cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad– está la ubicada en el número 1594-A de Bengal Drive, que se ubica en un barrio de clase media alta en la zona este de El Paso. De color beige y de dos plantas, con cochera para dos autos, tiene tres ventanas y un pequeño techo en la fachada. Estaba vacía cuando la visitaron Proceso y MCCI.
               e) Acordada unilateralmente la resolución del contrato, se pone fin a la vía administrativa y el acuerdo es inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio del recurso a la vía contencioso-administrativa. En el Registro de la Propiedad el acuerdo resolutorio produce la cancelación del derecho inscrito mediante la presentación del documento administrativo (artículo 156 del Real Decreto Legislativo 3/2011) que, como tal, goza de las presunciones de legalidad, ejecutividad y eficacia de los actos administrativos (arts. 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), sin perjuicio de que el registrador ejercite su competencia de calificación en los términos establecidos en el artículo 99 del Reglamento Hipotecario…”.
            El registrador suspende la inscripción por estimar que “en la escritura deben constar los códigos de CNAE del año 2009 correspondientes a todas y cada una de las actividades sociales que integran el objeto social. (Se relacionan en el artículo 2.º de los estatutos los códigos de CNAE números 411, 412, 681, 682 y 683, que no constan en la citada lista del año 2009).
La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar encabezada por jóvenes oficiales del ejército argentino que se denominaron “carapintadas”. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección, millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la Confederación General del Trabajo de la República Argentina declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo a borde de la guerra civil. La rebelión fue sofocada por una rama del ejército leal al presidente Alfonsín.

En primer lugar, la colaboración empresaria con el golpe de estado se organizó a través de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). La APEGE fue fundada en agosto de 1975, pocos meses antes del golpe, por las principales asociaciones empresariales, con un fin claramente desestabilizador del gobierno democrático y de creación de una instancia única de diálogo con las Fuerzas Armadas. El 16 de febrero de 1976 organizó una huelga empresaria que es considerada como el inicio de la cuenta regresiva del golpe.148​
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Volver arriba ↑ Entre 1976 y 1977 fueron secuestrados 17 delegados sindicales en la empresa Mercedez Benz de los cuales solo 3 aparecieron con vida, luego de haber sido torturados y permanecer en cautiverio clandestino durante años. La empresa, que en los años '60 le dio empleo a al criminal nazi Adolf Eichmann, colaboró con las fuerzas militares clandestinas entregándoles las direcciones de los sindicalistas, permitiendo los secuestros en la propia fábrica, y contratando como Jefe de Seguridad de la empresa a uno de los jefes de la represión clandestina en la zona.80​
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Los accidentes también producen pérdidas para la empresa como por ejemplo, pagos de horas extraordinarias para reemplazar el trabajador lesionado, disminución de la productividad ya que ningún trabajador podrá hacer el trabajo de la misma forma que el trabajador titular de esa actividad, falta de ánimo y baja moral de los demás trabajadores, pérdida de tiempo de todos los trabajadores por atender al lesionado o comentar el accidente entre ellos, etc.

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            La reserva del punto 4ºb figura cancelada por caducidad al amparo del art. 177 RH y además figura una anotación preventiva de reposición de la legalidad que trae causa, según manifiesta la recurrente, en las obras realizadas por el promotor en el espacio bajo cubierta a que se refieren las referidas cláusulas estatutarias, a fin de adecuar dicho espacio al uso de vivienda.
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            A esta etapa de revisión y atenuación del criterio del servicio público o interés general responde la teoría de los actos separables, que está plenamente consolidada en la actualidad, incluso legalmente, como destaca la Resolución-: “… inicialmente propugnada en sede doctrinal, acogida posteriormente por la jurisprudencia y consolidada hoy día a nivel normativo (vid. arts. 20 y 21 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o el artículo 2.b) de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Según esta doctrina en los contratos privados de los entes públicos se han de distinguir dos aspectos: por un lado, el relativo a los efectos y extinción del contrato, que quedan sujetos a las normas de Derecho privado y cuyo conocimiento es competencia de la jurisdicción ordinaria; y por otro, la fase de preparación y adjudicación del contrato, la que hace referencia a la formación de la voluntad contractual del ente público y la atribución de su representación, que se rige por la normativa especial y cuya infracción corresponde revisar la jurisdicción contencioso-administrativa (vid. Resolución de 27 de marzo de 1999).
            El interesado recurre alegando que según el nuevo art. 173 de la LSC se igualan los procedimiento de convocar juntas de anónimas y limitadas y por tanto, en base a la norma estatutaria antes vista, se puede sustituir la forma legal de convocar por la de la comunicación individual y que en cuanto a que la notificación no se ha hecho a la persona adecuada dice que el administrador cumple con notificar en el domicilio que le conste en la sociedad.
            Defecto 2º.- Notificación personal. Alega la registradora que no consta que el titular registral o sus causahabientes hayan sido notificados personalmente, como exigen los arts 204 LH y 295 de su Reglamento. Este artículo dispone que las actas de notoriedad tramitadas para fines de reanudación del tracto sucesivo serán inscribibles cuando los asientos contradictorios sean de más de treinta años de antigüedad y el titular de los mismos o sus causahabientes hubieren sido notificados personalmente. Si dichos asientos contradictorios son de menos de treinta años de antigüedad no serán inscribibles las actas, a menos que el titular de aquéllas o sus causahabientes lo consientan ante el notario expresa o tácitamente.
INSTALACION, PASO Requisitos para la Instalaci6n Paraevitar la posibilidadde unaLESION GRAVE o INCLUSO El6ctrica LA MUERTEpor electrocuci6n o incendio: • Cerci6rese de que el abridor no est6 conectado a la energia Para evitar dificultades con la instalacion, no encienda el6ctrica, y desconecte la aNmentaci6n el6ctrica al circuito ni use el abridor en este momento.

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            3.- Y por último respecto a la posibilidad de cancelarlas por caducidad (art. 177 RH), se rechaza igualmente ya que falta el presupuesto previo: la fijación de un plazo de caducidad, pues no figura de forma directa e inequívoca; ello sin perjuicio de que en un eventual procedimiento contencioso se considere que el plazo fijado para la primera reserva sea aplicable a las otras dos por estar vinculadas como pretende el recurrente. Y a mayor abundamiento la facultad de conversión en vivienda del reiterado espacio bajo cubierta ya fue ejecutada. (MN)
Es en ese punto donde radica la mayor importancia de tener en cuenta los hechos sucedidos como genocidio. La vigencia de la Convención en la materia está fuera de toda discusión, como también lo está la del resto de las Convenciones sobre Derechos Humanos contenidas en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Considerar de ese modo -genocidio- y bajo ese trascendente paraguas legal las causas en trámite permitirá a mi entender ubicar los hechos investigados en el contexto adecuado, cumpliendo de ese modo la obligación contenida en el célebre fallo Velázquez Rodríguez en cuanto a investigar con seriedad y no como una simple formalidad. Todo ello es parte también de la reconstrucción de la memoria colectiva, y permitirá construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad, piedra fundamental para evitar nuevas matanzas. Como se señaló precedentemente, todos esos hechos configuran delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983.276​
Cualquier desviación en el desempeño de las personas, en relación con los estándares establecidos, para mantener la continuidad de marcha de las operaciones y un nivel de pérdidas mínimas, se lo considera un acto anormal que impone riesgo y amaga en forma directa la seguridad del sistema o proceso respectivo. Un acto subestándar se detecta con observaciones.

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            La falta de demanda a uno de los titulares registrales es, en principio, un defecto que surge del Registro e impide la inscripción. Sin embargo la apreciación de si han tenido o no suficiente intervención en el procedimiento todos los titulares registrales es algo que compete al juez que ejecuta la sentencia, conforme a una reciente sentencia del TS, pues es el competente para la valoración de si es posible o no ejecutar la sentencia conforme al artículo 105 LRJCA.
El Dr. Casillas, director de un hospital psiquiátrico en Madrid, vive atormentado por diez recuerdos recurrentes que aparecen como imágenes despedazadas y suspendidas. Casillas se empeña en recomponer ese pasado roto que flota como una nebulosa entre su existencia réproba en España y una época siniestra de una Argentina de desaparecidos, con escalas turbias en Perú, Colombia y México.

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El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. En cambio fueron absueltos Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamí Dozo y Jorge Isaac Anaya.
              8º. Que pese a las dos declaraciones anteriores “no debe caerse en un rigor formalista injustificado si no cabe albergar duda sobre el alcance cancelatorio. Así no existiendo duda razonable sobre cuál es el alcance esencial de la sentencia y sobre cuál es el asiento afectado no cabe solicitar una acción reiteradora que con no añadir nada supone una exigencia que no se encuentra justificada”.
Durante esos años la democracia estuvo permanentemente amenazada por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 el Congreso sancionó la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.
208. CONCURSO DE ACREEDORES Y UNIDAD PRODUCTIVA. SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN. ADJUDICACIÓN DIRECTA Y FIRMEZA AUTO JUDICIAL. Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Sevilla n.º 4, por la que suspende la inscripción de una escritura de adjudicación de unidad productiva.
            En cuanto al fondo de la cuestión considera que los códigos consignados “se corresponden con los que contiene la relación aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 abril; en concreto el código 41.1 se refiere al grupo «Promoción Inmobiliaria», el 41.2 al grupo «Construcción de Edificios», el 68.1 al grupo «Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia», el 68.2 al grupo «Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia» y el 68.3 a «Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros» y que “la mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» como expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la inscripción ya que, por un lado, es irrelevante en los supuestos numerados como 41.1, 68.1 y 68.2 por carecer de posteriores subdivisiones y, por otro, no implica confusión sobre la actividad a que se refiere”.
            En cuanto al segundo argumento del registrador, relativo a que no todos los titulares del dominio han sido demandados, señala que ello no es obstáculo para cancelar las inscripciones de dominio de los que sí fueron demandados, y respecto de los no demandados, de acuerdo con la reciente jurisprudencia del TS, el asiento debe de suspenderse en tanto el órgano judicial que ejecute la sentencia se pronuncie sobre si tuvieron o no suficiente intervención en el procedimiento judicial, pues es a ese órgano al que compete el alcance de la ejecución.
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Ha sido probado en los juicios, que luego de iniciado el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, al menos un centro clandestino de detención continuó en actividad en Mar del Plata y que allí fueron mantenidas con vida hasta el año siguiente varias personas desaparecidas, entre ellas Cecilia Viñas Moreno.36​37​38​ También se ha revelado que el gobierno de Alfonsín recibió información de un país europeo sobre la existencia de personas desaparecidas vivas en un centro de detención clandestino en Chubut, pero que cuando las fuerzas de seguridad al mando del ministro Tróccoli llegaron al mismo con el fin de rescatarlas, no encontraron a ninguna, resultando obvio que los responsables habían sido avisados.39​


Hola vivo en el Callao frente al C.C. Minka y todo el tiempo se estacionan carros en la entrada de mi casa, cuando comenzaron a llevarse los carros la grúa, las personas dejaron de hacerlo, pero el problema es que cuando pasa las 6pm se estacionan ahí y cuando llega de trabajar mi esposo no puede ingresar a la casa… se les pide que no se estaciones pero nada… cabe recalcar que al lado de mi vivienda hay una quinta de unas 30 casas y ellos dicen que les toca estacionarse ahí… cansada de todo esto quiero saber que se puede hacer o a donde llamar para que dejen de estacionarse en la puerta…
El General Ramón Camps estuvo a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Tuvo bajo su dirección varios de los centros clandestinos de detención (CCD) ubicados en la provincia. Entre los casos en los que intervino se encuentran el Caso Timerman y la Noche de los lápices. Se caracterizó por su antisemitismo acérrimo. Fue condenado a la pena de 25 años de prisión hasta que fue indultado en 1990. Murió en 1994.
El terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 fue un período de terrorismo de Estado llevado a cabo en el país que culminó con la última dictadura cívico-militar autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que gobernó desde el 24 de marzo de 1976 hasta la restauración de la democracia en 1983, como parte de la Operación Cóndor.1​ Durante este tiempo el Estado realizó un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado para instalar un plan de política económica neoliberal. Se estima que durante ese período las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer a aproximadamente 30 000 personas (ver Sección «cantidad de víctimas»).

¿Quién no se ha encontrado que a causa del trabajo le ha sido imposible conciliar su vida familiar? Horarios, turnos, trabajar festivos, vacaciones, etc. Y si no se ha encontrado, ¿conoce alguna persona que le ha pasado? La respuesta es probablemente afirmativa. El colectivo de Especialistas Superior de Puerta de Cochera (ESPC) de la empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB), comúnmente llamado Metro, es un claro ejemplo de ello.
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