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            En relación con la intervención de la viuda del transmitente requerida por la calificación debido a su condición de legitimaria, la Resolución de la DGRN, siguiendo la orientación ya establecida en la Resolución de 26 de marzo de 2014, declara que no es necesaria dicha intervención: ”a la vista de los pronunciamientos que se contienen en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013, según la cual «…debe concluirse, como fijación de la Doctrina jurisprudencial aplicable a la cuestión debatida, que el denominado derecho de transmisión previsto en el 1006 del Código Civil no constituye, en ningún caso, una nueva delación hereditaria o fraccionamiento del «ius delationis» en curso de la herencia del causante que subsistiendo como tal, inalterado en su esencia y caracterización, transita o pasa al heredero transmisario. No hay, por tanto, una doble transmisión sucesoria o sucesión propiamente dicha en el «ius delationis», sino un mero efecto transmisivo del derecho o del poder de configuración jurídica como presupuesto necesario para hacer efectiva la legitimación para aceptar o repudiar la herencia que «ex lege» ostentan los herederos transmisarios; todo ello, dentro de la unidad orgánica y funcional del fenómeno sucesorio del causante de la herencia, de forma que aceptando la herencia del heredero transmitente, y ejercitando el «ius delationis» integrado en la misma, los herederos transmisarios sucederán directamente al causante de la herencia y en otra distinta sucesión al fallecido heredero transmitente».” Se revoca en este extremo la calificación. (JZM)
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            Buena muestra de esta concepción es la opinión de DUGUIT, quien, ya en el S.XX (dicen los autores citados), “…sigue afirmando que el contrato es en todo caso una institución jurídica general que tiene siempre los mismos caracteres y los mismos efectos, cualquiera que sea el Tribunal competente, y que permanece idéntica por más que su vinculación a un servicio público determine la competencia de la jurisdicción administrativa…”.

Contreras habló de dos categorías de casos. La primera eran aquellos que fueron introducidos al sistema y que después de un `cuidadoso interrogatorio` se encontraba que no tenían ninguna conexión con la subversión. A muchos de éstos, afirmó Contreras, simplemente se los dejaba ir. Dijo que él cree que en el pasado otros eran asesinados, cuando su liberación podía constituir un riesgo para `el sistema` –personal involucrado, ubicaciones, etc–. (Contreras enfatizó que él creía que estas ejecuciones fueron comunes dos y tres años atrás pero que se volvieron raras el año pasado). Una vez más dijo, mucho dependía del personal del centro de detención: algunos comandantes estaban dispuestos a arriesgar sus operaciones y facilidades, haciéndose conocidos, con el fin de reparar a alguien cuya inocencia había sido establecida. Otros comandantes creen que el proceso era más importante que cualquier individuo y que inclusive los inocentes deben ser sacrificados a fin de evitar que el sistema en sí peligre.46​
186. PROPIEDAD HORIZONTAL. SIGUE SIENDO VÁLIDA (TRAS LEY 8/2013) LA CLÁUSULA ESTATUTARIA PERMITIENDO LA AGRUPACIÓN, SEGREGACIÓN O DIVISIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA. Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Cervera de Pisuerga, por la que se deniega la inscripción de determinadas cláusulas de los estatutos del régimen de propiedad horizontal de un edificio.
            Otra cosa sería la determinación de las cuotas que correspondan a cada uno de los nuevos elementos, donde el acuerdo será inevitable en aquellos casos en los que no se establezca en la cláusula estatutaria el método de cálculo para la fijación de dichas cuotas, circunstancia que por sí sola constituiría un obstáculo para el acceso al Registro de la cláusula exoneradora, dado que sería necesario en todo caso al acuerdo de junta para su fijación, perdiendo su sentido dicha cláusula. La determinación del sistema de cálculo es además una exigencia dimanante del principio de seguridad jurídica, que va a permitir tanto al registrador  en sede de calificación registral, como al notario autorizante del título en el momento de su otorgamiento, establecer la adecuación de las cuotas al método de cálculo recogido en la norma estatutaria, con independencia de la actuación que pueda acordarse por los órganos de la comunidad conforme a lo dispuesto en los arts. 7 y 10.3.b LPH caso de producirse algún tipo de discrepancia. (MN)

            De una parte, sin modificar estatutos, no es posible, en las sociedades anónimas, acudir a la forma privada de convocatoria de junta. Y de otra los avatares que sufran en su titularidad determinadas participaciones no pueden surtir efectos frente a la administración de la sociedad en tanto sus titulares no lo hagan saber debidamente al órgano de administración. (JAGV)

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En España también se encuentra detenido el ex militar (marino) Ricardo Miguel Cavallo quien se desempeñó en la ESMA. Durante varios años se desarrolló una fuerte lucha judicial para evitar que pudiera ser juzgado en España, sosteniendo la defensa que debía ser enjuiciado en Argentina. En diciembre de 2005 la justicia española decidió que Cavallo será enjuiciado en ese país, pero el tribunal supremo revocó su regreso en julio de 2007. En enero de 2006 la Fiscalía pidió una pena mínima de 13.332 años de cárcel para Cavallo por genocidio.249​
            Su interés reside más bien en la forma de proceder en caso de recurso gubernativo sobre escritura presentada telemáticamente. En estos casos, tanto se presente el recurso de forma telemática, como si se presenta en papel, no será necesario acompañar el título calificado o un testimonio del mismo (Art. 327 LH), pues el título está siempre a disposición del registrador. (JAGV)

Volver arriba ↑ «Ex funcionario de Raúl Alfonsín reveló un operativo secreto para rescatar desaparecidos». Diario Inédito. 6 de setiembre de 2011. «Horacio Ravenna, ex funcionario de Raúl Alfonsín, reveló hoy ante la Justicia un operativo secreto realizado en una unidad militar de Chubut, con el objetivo de rescatar desaparecidos con vida, en base a datos brindados por un servicio de inteligencia europeo.»

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El hecho más importante vinculado a este tema fue el Operativo Independencia, autorizado por la presidenta María Estela Martínez de Perón en acuerdo general de ministros mediante el Decreto 261/75 del 5 de febrero, en el que se ordenó al ejército intervenir y «aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán» (art. 1), y más adelante en todo el país, cuando ocupaba provisionalmente la presidencia nacional, el presidente de la Cámara del Senado, Ítalo Lúder, por licencia por enfermedad de Isabel Martínez, mediante los Decretos 2770, 2771, y 2772 de octubre de 1975. El 28 de octubre mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión), se dispuso la zonificación militar del país en 5 zonas, divididas a su vez en subzonas y áreas, con sus correspondientes responsables militares. Años después hubo fuertes discusiones sobre el significado y alcance del término «aniquilar» en vinculación directa al concepto de terrorismo de Estado, ya que el resultado concreto de la orden fue el aniquilamiento personal de los insurgentes y no de sus estructuras ni su accionar. La intervención militar en Tucumán estuvo motivada en el control alcanzado por el ERP en esa provincia,30​ hecho que llevó a Mario Santucho -líder de la organización- a declarar una «zona liberada», para pedir apoyo y reconocimiento de los países socialistas como «ejército beligerante». Los enfrentamientos y acciones represivas en esa provincia causaron la muerte de militares y de guerrilleros, así como de civiles no combatientes.31​

            DGRN. Al existir las cargas antedichas, la Resolución resuelve que no es posible proceder a lo solicitado porque, habiendo titulares de cargas, al acreedor no se le puede entregar por cada uno de los conceptos debidos más cantidad que la fijada en la responsabilidad hipotecaria:  “…Dada la existencia de cargas posteriores…la cantidad que ha de entregarse al acreedor por cada uno de los conceptos, principal, intereses y costas, no puede exceder del límite de la cobertura hipotecaria…”
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En el caso de Estados Unidos, su participación en el golpe de estado y el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad fue una política consciente propuesta por Henry Kissinger. Los documentos secretos del gobierno norteamericano desclasificados no dejan lugar a dudas sobre la complicidad directa de Estados Unidos y Kissinger personalmente en la violación masiva de derechos humanos.187​
205.- ENTREGA DE LEGADO POR CONTADOR PARTIDOR QUE INTERPRETA EL TESTAMENTO RECONOCIENDO UN DERECHO DE ACRECER EN CUOTAS DESIGUALES. Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de La Bañeza a inscribir una escritura de entrega de determinado legado.
Durante el proceso de instalación de un resorte de torsión, la bobina del resorte se enrolla apretadamente para crear una esfuerza de torsión. A ese punto, la esfuerza de torsión se le pone al eje, que corre por el centro del resorte de torsión. Placas de cojinetes extremos sostienen los extremos del exe. Tambores de cable entonces corren hasta lo más bajo de la puerta de garaje, donde está unida al soporte de abajo. En caso de que el resorte se afloje, el esfuerzo de torsión puede girar el eje peligrosamente, resultando en lesiones serias.
Volver arriba ↑ Norberto Centeno fue un abogado laboralista marplatense, ligado a los sindicatos y miembro del partido Peronista, que fue autor de la importante Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974. Fue secuestrado la noche del 7 de julio de 1977 junto a otras 11 personas de las cuales 6 eran abogados. Los represores se referían a ese día como "la Noche de las Corbatas". El cuerpo sin vida de Centeno fue encontrado el 11 de julio de 1977 con signos de haber sido ferozmente torturado.84​
El país se había dividido en 5 zonas militares, correspondientes a los cinco cuerpos en que se dividía el ejército. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en subzonas y áreas. Cada uno de los jefes de zona, subzona y área tenía mando directo para la represión ilegal en su jurisdicción. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires era una subzona, ubicada dentro de la Zona 1; a su vez la subzona Ciudad de Buenos Aires, estaba dividida en 6 áreas.

201. INSTANCIA SOLICITANDO RECTIFICAR INSCRIPCIÓN DE EXCESO DE CABIDA. NUEVA PRESENTACIÓN. Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Tarancón, por la que se deniega el despacho de una instancia privada en la que se solicita la cancelación por nulidad de una inscripción.
             - Con posterioridad, sin embargo, se ha aclarado, para adecuar esa doctrina a los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia (véanse, por todas, las R. de 27 de julio de 2010, R. 10 de enero de 2011), que la exigencia de nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa, de manera que la suspensión de la inscripción por falta de tracto sucesivo cuando no se haya verificado tal nombramiento, y por ende no se haya dirigido contra él la demanda, debe limitarse a aquellos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico, y obviarse cuando la demanda se ha dirigido contra personas determinadas como posibles herederos, y siempre que de los documentos presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.
              ..-  Se incorporan sendas certificaciones expedidas por un técnico, en la que indica que se ha personado en cada una de las fincas y ha comprobado las construcciones existentes las cuales describe, así como también que conforme a determinada fotografía aérea de 2005, se observan ya dichas construcciones, por lo que expresa que según su saber y entender las mismas existían desde hace más de 8 años, así como que no consta la incoación de expediente alguno de disciplina urbanística.
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La Iglesia tuvo una importante actuación durante la represión pero también tuvo sus víctimas, algo negado por las autoridades eclesiásticas. Las fuerzas armadas pusieron su mira en los sectores progresistas de la Iglesia católica considerándolos subversivos.179​ Según Emilio Mignone, entre 1974 y 1983, fueron asesinados o desaparecieron definitivamente 19 sacerdotes católicos y un obispo católico asesinado más dos obispos fallecidos en accidentes dudosos. Además, por lo menos sesenta y dos sacerdotes fueron detenidos, torturados, liberados y expulsados del país y numerosos clérigos tercermundistas perseguidos, detenidos y tantos otros exiliados sin haber sido apresados. Numerosos civiles que trabajaban con estos sacerdotes fueron detenidos-desaparecidos. En una reunión con la junta militar, en mayo de 1976, monseñor Tortolo solicitó que se avisase al obispo cuando se iba a detener a un sacerdote.180​
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            Por otra parte el albacea contador-partidor, además de contar y partir, tiene unas funciones de interpretación del testamento y ejecución de la voluntad del causante que van más allá de la de la estricta división del caudal. El albacea no puede realizar actos dispositivos sin consentimiento de los herederos ni contraer nuevas obligaciones, pero sí interpretar y ejecutar la voluntad del causante en las atribuciones hereditarias. Puede no sólo partir el caudal relicto entre los interesados, sino también velar por el cumplimiento y ejecución de la voluntad del causante. Y en la determinación del ámbito de actuación del albacea habrá que tener muy en cuenta la voluntad del causante, ley fundamental de la sucesión (cfr. artículos 675 y 902 del Código Civil) de manera que se puede equiparar la partición hecha por el contador-partidor a la hecha por el testador (cfr. artículo 1057 del Código Civil).

            Dada la minoría de edad de uno de los herederos forzosos, se formaliza, sin la intervención de ninguno de ellos,  un acta de protocolización de las operaciones de liquidación de la 2ª sociedad de gananciales, otorgada por la viuda y el contador nombrado, en la que se incluye como bien ganancial la referida vivienda que constituía el domicilio familiar, respecto de la cual, pese a haber sido adquirida por compra anterior al segundo matrimonio, ambos otorgantes manifiestan que el causante había confesado su carácter ganancial en su testamento, y por tanto lo consideran un bien de índole ganancial.


Contenido: Enjuicia los delitos cometidos en la ESMA y está dividida en 10 tramos.235​ Dentro de esta causa se enjuician los casos de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, las Madres de Plaza de Mayo secuestradas en la iglesia de Santa Cruz, la adolescente Dagmar Hagelin, el periodista Rodolfo Walsh, los secuestros de los bebés Victoria Donda y Juan Cabandié, entre muchas otras. Entre los imputados se encuentran Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Cavallo, Jorge el tigre Acosta, Antonio Pernías, Miguel Donda, Juan Carlos Rolón, Alberto Radice.
La evolución de la participación argentina en el Movimiento demuestra que ha sido como consecuencia de una actividad diplomática positiva y fértil que la República pudo lograr los apoyos necesarios para un tratamiento decoroso del caso argentino en la Comisión de Derechos Humanos, como consecuencia de la decidida actuación en su favor de los miembros No Alineados de la Comisión. Ello se puso de manifiesto en el 35.º Período de Sesiones (febrero de 1979) poco tiempo después de la concurrencia del Ministro de Relaciones Exteriores, Vicealmirante Oscar Antonio Montes, a la Conferencia de Cancilleres realizada en Belgrado en julio de 1978.
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            En los propios estatutos también se recoge la regla legal de que “cuando todas las acciones sean nominativas, el órgano de administración podrá, en los casos permitidos por la Ley, suplir las publicaciones establecidas legalmente por una comunicación escrita a cada accionista o interesado cumpliendo en todo caso lo dispuesto por la Ley”.
El terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 fue un período de terrorismo de Estado llevado a cabo en el país que culminó con la última dictadura cívico-militar autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que gobernó desde el 24 de marzo de 1976 hasta la restauración de la democracia en 1983, como parte de la Operación Cóndor.1​ Durante este tiempo el Estado realizó un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado para instalar un plan de política económica neoliberal. Se estima que durante ese período las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer a aproximadamente 30 000 personas (ver Sección «cantidad de víctimas»).

La tortura fue un componente central del plan represivo del gobierno militar. Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron creados y diseñados para poder practicarla ilimitadamente. Al redactar el famoso informe "Nunca Más" en 1984, los miembros de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) no pudieron evitar sobrecogerse ante el "inmenso muestrario de las más graves e incalificables perversiones" que tenían ante sus ojos, y debatieron el modo de evitar que ese capítulo del informe se convirtiera en una enciclopedia del horror.52​
Fernández me miraba sin ver; no pensaba una respuesta sino en su tarea. Estaba allí para alistarme o para apurarme para que yo mismo me preparase. (O tal vez pensaba lo que siempre. Qué hacía él allí. Por qué no se iba a su casa o a otro hospital. Por qué no dejaba el loquero y a mí, su genio mayor. Por qué no hacía algo por él, por qué parecía de cuarenta y muchos cuando no tenía más de treinta y tantos. El cuerpo no lo favorecía. Largo, fibroso hasta la deshidratación, concluía en un cráneo comprimido por las sienes, los ojos poceados, una nariz breve y arqueada y labios con tan poca carne que parecían dibujados por un delineador de ojos).

            DGRN. La Resolución entiende que el contrato en cuestión no tiene naturaleza administrativa y se regula por las normas del Código Civil en todo lo concerniente a la relación negocial entre los contratantes, de modo que no cabe la resolución unilateral por parte de la Administración, quien no puede hacer uso del privilegio de la autotutela en este ámbito negocial.
            2.- Respecto a la alegación de que se trate de una mera mención en el sentido técnico-registral, también se rechaza, pues es reiteradísima la jurisprudencia del TS y de la DG admitiendo las reservas en el título constitutivo de propiedad horizontal, cuando son establecidas por el único propietario del inmueble para instrumentar y delimitar ciertas aspectos fundamentales de la misma siempre que no alteren o contradigan el régimen de propiedad horizontal; además no se trataría de una verdadera mención que se pueda cancelar conforme al art. 98 LH pues (R de 20 de junio de 2011) solo existe propiamente mención cuando el asiento registral se refiere a derechos, cargas o afecciones que, pudiendo acceder al Registro, no lo han hecho. De la citada Resolución se desprende que son circunstancias que excluyen la calificación de mera mención las siguientes: 1.º Que el derecho se constituya en el título presentado; 2.º Que el derecho, tal y como está configurado en el título, aparezca inscrito o anotado en el Registro de acuerdo a su naturaleza jurídica; 3.º Que el objeto del derecho aparezca identificado, y 4.º Que no tratándose de un derecho nominado o típico, en cuyo caso su mera denominación basta para identificarlo en su configuración básica, contenga una determinación suficiente de su contenido y alcance, o, en la terminología de la regla 2.ª del art 9 LH, su «naturaleza, extensión y condiciones», exigencias impuestas por el principio de especialidad. En el presente caso, las reservas estatutarias cuestionadas fueron constituidas en el propio título de división horizontal, fueron incorporadas a la inscripción registral, no se suscitan dudas sobre la identificación o delimitación de su objeto (planta bajo cubierta) y el contenido de los respectivos derechos (asignación de trasteros como anejos y medianería sobre las paredes no destinadas de la fachada) aparece suficientemente concretados. Por ello no puede afirmarse que estemos en presencia de la mera mención de derechos susceptibles de inscripción separada y no inscritos.

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            2).- La  otra cuestión es la interpretación que el contador partidor hace del testamento, ya que estima que la interpretación que hace no es suficiente para llegar al resultado que pretende, pues de la omisión de la sustitución sólo se deduce que no existe ese llamamiento por sustitución, y manifiesta que la facultad del contador de interpretar el testamento, no puede prevalecer sobre la calificación registral, cuando aquella no se acomoda a la ley, ni tiene facultades para entregar el legado más allá de los términos señalados por la testadora (así R. 26 de Febrero de 2003 entendió que el registrador puede calificar la actuación del contador en contra del testamento, sin que sea obstáculo la presunción de validez y eficacia de la partición hecha por el contador).

Contenido: Enjuicia los delitos cometidos en la ESMA y está dividida en 10 tramos.235​ Dentro de esta causa se enjuician los casos de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, las Madres de Plaza de Mayo secuestradas en la iglesia de Santa Cruz, la adolescente Dagmar Hagelin, el periodista Rodolfo Walsh, los secuestros de los bebés Victoria Donda y Juan Cabandié, entre muchas otras. Entre los imputados se encuentran Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Cavallo, Jorge el tigre Acosta, Antonio Pernías, Miguel Donda, Juan Carlos Rolón, Alberto Radice.
            En el caso concreto el Registrador puede valorar como trámite esencial si constan en el expediente administrativo los presupuestos para acudir al procedimiento negociado directo regulado en los artículos 170 y ss LCSP (Decreto Legislativo 3/2011), sin publicidad ni concurrencia de ofertas, que es la regla general, precisando que, incluso en estos casos de procedimiento negociado, están restringidos también los supuestos en los que se excluye la publicad y concurrencia de al menos tres ofertas. Hay que tener en cuenta también que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 116.4 de la LPAP estatal 33/2003 y, en el caso concreto, el  artículo 40 de la Ley Valenciana 14/2003.
Los abridores de eje se fijan directamente a la pared delantera de la cochera, de modo que no hay partes en el techo.[17] Estos modelos utilizan cables que se fijan directamente a la puerta del garaje con poleas y una barra de torsión rodante para subir y bajar la puerta.[18] Muchos de los modelos de este sistema computerizado incluyen un cerrojo automático que se activa cuando la puerta se cierra para que sea más seguro.[19] Debido a que son compactos y están computerizados, los abridores de eje son unos de los modelos disponibles más caros y, debido a su sistema de cableado, solo funcionan en puertas seccionadas.[20][21]
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