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El hecho más importante vinculado a este tema fue el Operativo Independencia, autorizado por la presidenta María Estela Martínez de Perón en acuerdo general de ministros mediante el Decreto 261/75 del 5 de febrero, en el que se ordenó al ejército intervenir y «aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán» (art. 1), y más adelante en todo el país, cuando ocupaba provisionalmente la presidencia nacional, el presidente de la Cámara del Senado, Ítalo Lúder, por licencia por enfermedad de Isabel Martínez, mediante los Decretos 2770, 2771, y 2772 de octubre de 1975. El 28 de octubre mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión), se dispuso la zonificación militar del país en 5 zonas, divididas a su vez en subzonas y áreas, con sus correspondientes responsables militares. Años después hubo fuertes discusiones sobre el significado y alcance del término «aniquilar» en vinculación directa al concepto de terrorismo de Estado, ya que el resultado concreto de la orden fue el aniquilamiento personal de los insurgentes y no de sus estructuras ni su accionar. La intervención militar en Tucumán estuvo motivada en el control alcanzado por el ERP en esa provincia,30​ hecho que llevó a Mario Santucho -líder de la organización- a declarar una «zona liberada», para pedir apoyo y reconocimiento de los países socialistas como «ejército beligerante». Los enfrentamientos y acciones represivas en esa provincia causaron la muerte de militares y de guerrilleros, así como de civiles no combatientes.31​

            Supuesto: Tras presentarse una escritura de compraventa, se presenta dos días después un mandamiento judicial en la que se ordena la suspensión de la inscripción de esa compra-venta y se abstenga de practicar operaciones en virtud de títulos otorgados por la entidad vendedora, “sin perjuicio de la prórroga del asiento de presentación de la compraventa” referida.
El 30 de septiembre de 1974, fue asesinado con una bomba en la ciudad de Buenos Aires el general retirado del Ejército de Chile Carlos Prats junto con su esposa Sofía Cuthbert.25​ El autor material del atentado fue el estadounidense Michael Townley, agente de la DINA.nota 4​ Este asesinato ya se considera parte de la Operación Cóndor que coordinaba internacionalmente la acción represiva clandestina, aunque el mismo recién se formalizaría al año siguiente.

            Por último la presunción del apartado 3 del art. 332 RH a favor de determinados profesionales, les exime de acreditar el mandato recibido, pero tampoco supone por sí sola una demostración o prueba de la existencia del interés legítimo, debiendo acreditarse tanto la cualidad de profesional del peticionario como la causa de la consulta, que debe ser acorde con la finalidad del Registro, tal y como dispone el propio precepto legal invocado en su inciso final.


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Imploramos perdón a Dios nuestro Señor por los crímenes cometidos entonces, especialmente por los que tuvieron como protagonistas a hijos de la Iglesia, sean los enrolados en la guerrilla revolucionaria, sean los que detentaban el poder del Estado o integraban las fuerzas de seguridad. También por todos los que, deformando la enseñanza de Cristo, instigaron a la violencia guerrillera o a la represión inmoral.263​

            En el Derecho español, dicen los autores citados, esta orientación se comenzó a corregir parcialmente en la Ley de 17 de marzo de 1973 y ha quedado superada actualmente tras las Directivas comunitarias y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo de 1995. Este criterio se vio refrendado posteriormente por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, la Ley 30/2007, de 30 de mayo y la vigente Ley de Contratos del Sector Público (R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
            La Dirección confirma la nota de acuerdo con su reiteradísima doctrina: Para que la cancelación de las cargas posteriores hubiera sido posible, debió haberse presentado el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó. (MN)
Salada. Así fue la primera gran captura. El niño Casillas jugaba con un camión de madera y neumáticos de caucho. El caucho olía a goma mas sabía a sal. Movía el juguete por el cemento de la casa de la abuela, en Sevilla. En un momento, la imagen se desdoblaba y Casillas se veía pequeño, lamiendo las ruedas del camión y, de inmediato, observaba al niño y su lengua desde arriba, como un ánima o un dios.
259. CONVENIO REGULADOR. ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA FAMILIAR INSCRITA EN PROINDIVISO ANTES DEL MATRIMONIO. Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de León n.º 2, por la que suspende la inscripción de una sentencia de divorcio de mutuo acuerdo con aprobación del convenio regulador.
203. EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DEL TRACTO. NO PROCEDE CUANDO EL PROMOTOR ADQUIRIÓ DIRECTAMENTE DEL TITULAR REGISTRAL. Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de San Martín de Valdeiglesias, por la que acuerda no practicar la inscripción del testimonio de auto recaído en expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo.
            En ocasiones, el Centro Directivo ha aceptado una simplificación de los requisitos para la rectificación, pero siempre en casos excepcionales y sobre la base de documentos públicos, fehacientes y auténticos que, por su naturaleza, sean independientes de la voluntad de las partes, y, además, si de los mismos resulta evidente el error cometido. Estos requisitos, cumulativos, no concurren en el presente expediente.

            1.- identificación del mandante de la publicidad.- En cuanto al primero de los defectos consta en la solicitud como peticionaria la entidad «Abante Audit Auditores, S.L.P.», pero éste es el único dato que se aporta. El recurrente apoya su solicitud en el art. 332.III RH que exime de acreditación a los profesionales tanto de identificar al mandante como de declarar el interés legítimo.
            Hechos: La cuestión que se plantea en esta resolución se centra en determinar si es o no inscribible la siguiente cláusula estatutaria sobre retribución al administrador por sus trabajos independientes del cargo. La cláusula debatida aparece redactada en los siguientes términos: «El cargo de administrador será gratuito, independientemente del sueldo que le corresponda en función del trabajo que desarrolle en la entidad. Independientemente de la retribución que le pudiera corresponder al órgano de administración por la realización de las funciones propias del cargo; por la prestación de servicios o trabajos a la sociedad distintos de los que le correspondan al órgano de administración, percibirá una retribución en función de dichos servicios o trabajos, que será aprobada en la Junta General. Tal retribución se incrementará o disminuirá anualmente en el mismo porcentaje que el convenio laboral del sector al que corresponda la actividad de la sociedad, y en su defecto, la variación del índice de precios al consumo, salvo acuerdo expreso de la Junta General».
A partir de 2004 gran cantidad de jueces comenzaron a declarar la inconstitucionalidad de los indultos de delitos de lesa humanidad, reabriéndose así las causas contra los indultados por esos crímenes. El 6 de septiembre de 2006, la Corte de Casación, máximo tribunal argentino en materia penal declaró por primera vez la inconstitucionalidad de un indulto .218​

               2 Para resolver la cuestión apuntada es preciso decidir previamente si el contrato celebrado entre la Administración y la sociedad es o no administrativo, pues, si fuera administrativo estaría  regulado por la legislación específica en la materia, que actualmente es la Ley de Contratos del Sector Público (R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).

261.- ENTREGA DE LEGADO. SENTENCIA FIRME EN PROCEDIMIENTO DECLARATIVO SEGUIDO CONTRA LA HERENCIA YACENTE DE UNA PERSONA Y SUS HEREDEROS. Resolución de 27 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Falset a  inscribir un testimonio judicial de determinada sentencia.
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Fernández desnudó y acostó al jefe y una enfermera quitó sus zapatos. Mientras el cuerpo se iba rápido al fondo del sueño, Casillas intentaba ver a través de la leche espesa de la duermevela que cubría sus ojos. Distinguía dos masas blancas informes moviéndose de prisa pero quiso decir algo y no pudo mover los labios, blandos como trapos húmedos. Seguía sintiendo la lengua como una frazada pesada y tenía mucha sed.

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Miró fijo con unos ojos muy grises y vacíos, ese tipo de ojos ante cuya presencia no se puede pensar. Perforan tu cabeza, las paredes, se pierden por allá. Distraen. Si los ojos son la puerta del alma, como dicen los poetas, La Loca Estela tiene una fosa abisal por espíritu. Está sana, más que cualquiera. Le dicen La Loca porque hay que estar demente para entrar aquí por elección.
            A esta etapa de revisión y atenuación del criterio del servicio público o interés general responde la teoría de los actos separables, que está plenamente consolidada en la actualidad, incluso legalmente, como destaca la Resolución-: “… inicialmente propugnada en sede doctrinal, acogida posteriormente por la jurisprudencia y consolidada hoy día a nivel normativo (vid. arts. 20 y 21 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o el artículo 2.b) de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Según esta doctrina en los contratos privados de los entes públicos se han de distinguir dos aspectos: por un lado, el relativo a los efectos y extinción del contrato, que quedan sujetos a las normas de Derecho privado y cuyo conocimiento es competencia de la jurisdicción ordinaria; y por otro, la fase de preparación y adjudicación del contrato, la que hace referencia a la formación de la voluntad contractual del ente público y la atribución de su representación, que se rige por la normativa especial y cuya infracción corresponde revisar la jurisdicción contencioso-administrativa (vid. Resolución de 27 de marzo de 1999).
            Nosotros no acertamos a comprender cómo se puede prescindir de un balance, que es precisamente el que nos servirá para determinar el capital de la nueva sociedad, sea esta anónima o limitada. Además si es anónima será preciso informe de experto independiente para la fijación de su capital, pero si es limitada, aunque el informe del experto no sea preciso, la determinación de su capital no puede hacerse por los socios en el vacío frente a terceros, no sólo acreedores, es decir sin partir de unos datos previos, y por ello nos parece que diga lo que diga el nuevo artículo 78 bis, y su interpretación por el CD, dicho balance será necesario como medida de protección repetimos, no sólo de los socios que pueden indudablemente renunciar a ello, sino sobre todo de los terceros pues el capital, pese a ser ya un concepto discutido, es todavía cifra de retención establecida a favor de los acreedores futuros, cumpliendo importantes funciones para determinar la posible disolución de la sociedad o la reducción de su  capital si se sobrepasan determinados límites de pérdidas. Por tanto creemos que se trate del tipo de sociedad de que se trate, es decir anónima o limitada, nunca se podrá prescindir del balance de la sociedad que se escinde, salvo que las beneficiarias existan previamente y no se produzca aumento de capital en ellas por tratarse de lo que se llama sociedades gemelares o con los mismos socios.

            La DGRN confirma la nota señalando que la sentencia citada nada tiene que ver con la disolución de comunidad, y que de las liquidaciones de gananciales presentadas no se puede inferir que sean privativas todas las participaciones en los bienes objeto de la comunidad ordinaria por el hecho de no haber sido inventariadas en dichas liquidaciones, al parecer por considerarlas privativas. Por tanto tienen que prestar su consentimiento los ex cónyuges de los titulares de las participaciones con carácter ganancial de los bienes que forman parte de la comunidad ordinaria disuelta (como advierte la notaria autorizante). (AFS)
            En cuanto a los defectos formales alegados por el Registrador, revoca el primero de ellos, pues si bien es cierto que el artículo 204 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, establece que las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad, así como las copias y certificados de los libros y documentos que en las distintas dependencias existan, se expedirán siempre por el secretario, salvo precepto expreso que disponga otra cosa, y que, como señaló la Resolución de este Centro Directivo de 25 de marzo de 2011, la necesidad del visto bueno del alcalde viene impuesto por el artículo 205, conforme al cual dicho visto bueno tiene por objeto significar que el secretario o funcionario que expide y autoriza la certificación está en el ejercicio del cargo y que su firma es auténtica, sin embargo, ello debe entenderse sin perjuicio de la facultad del alcalde de la comunicación directa de las resoluciones adoptadas por él mismo a otras autoridades, según resulta del apartado 2 del artículo 192 del citado Reglamento y de la interpretación del mismo hecha por este Centro Directivo, lo que resulta aplicable al presente supuesto.

            En segundo lugar señala que las normas procesales de ejecución hipotecaria son de carácter público y están sustraídas a la voluntad de los particulares. No obstante reconoce que dicho pacto es válido entre las partes y sus sucesores, con alguna duda en los casos de cesión, pero que no se puede extender a los adjudicatarios en virtud del procedimiento de ejecución hipotecaria pues son terceros respecto de dicho pacto, por lo que no es inscribible.
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En otro documento oficial de los Estados Unidos, un memorándum de conversación titulado "Tuercas y tornillos de la represión gubernamental al terrorismo-subversión" se detalla una charla realizada el 7 de agosto de 1979 entre el consejero político de la embajada de Estados Unidos, William Hallman; el Oficial de Seguridad Regional, James Blystone y un alto jefe militar cuyo alias era Jorge Contreras, en la que este último detalla largamente la política de represión "por izquierda", término que utiliza para referirse a la acción ilegal:
            En relación con la intervención de la viuda del transmitente requerida por la calificación debido a su condición de legitimaria, la Resolución de la DGRN, siguiendo la orientación ya establecida en la Resolución de 26 de marzo de 2014, declara que no es necesaria dicha intervención: ”a la vista de los pronunciamientos que se contienen en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013, según la cual «…debe concluirse, como fijación de la Doctrina jurisprudencial aplicable a la cuestión debatida, que el denominado derecho de transmisión previsto en el 1006 del Código Civil no constituye, en ningún caso, una nueva delación hereditaria o fraccionamiento del «ius delationis» en curso de la herencia del causante que subsistiendo como tal, inalterado en su esencia y caracterización, transita o pasa al heredero transmisario. No hay, por tanto, una doble transmisión sucesoria o sucesión propiamente dicha en el «ius delationis», sino un mero efecto transmisivo del derecho o del poder de configuración jurídica como presupuesto necesario para hacer efectiva la legitimación para aceptar o repudiar la herencia que «ex lege» ostentan los herederos transmisarios; todo ello, dentro de la unidad orgánica y funcional del fenómeno sucesorio del causante de la herencia, de forma que aceptando la herencia del heredero transmitente, y ejercitando el «ius delationis» integrado en la misma, los herederos transmisarios sucederán directamente al causante de la herencia y en otra distinta sucesión al fallecido heredero transmitente».” Se revoca en este extremo la calificación. (JZM)
Considera motores de corriente alterna frente a los de corriente continua. Además de la potencia del motor, hay que tener en cuenta la corriente. Los motores de corriente continua son más habituales en mecanismos de correa, pero cada vez más fabricantes los están incorporando en otros tipos de mecanismos también. Estos motores son más caros, pero ofrecen el beneficio adicional de arranques y paradas más suaves, lo cual significa que el mecanismo empieza la subida y la parada de la puerta de forma gradual, lo cual implica que hacen mucho menos ruido que un motor que arranca y para la puerta con tirones.[24]

            Es cierto, añade, “que la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los nombramientos de cargos sociales o poderes generales (cfr. artículo 94.1.5.ª del Reglamento del Registro Mercantil), no significa que dicha inscripción en el Registro Mercantil tenga carácter constitutivo pero sí que en el ámbito de dicho Registro es presupuesto previo de la inscripción de los actos que aquellos hayan podido otorgar por aplicación de las exigencias del principio de tracto sucesivo (artículo 11.3 del Reglamento del Registro Mercantil).
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              1º. Nuevo acuerdo contractual de los socios que lo sean en dicho momento. Lo que ocurre es que a la DG le parece bastar con que el acuerdo se tome en junta universal y por unanimidad, sin que sea necesario el otorgamiento de nueva escritura que refleje dicho nuevo consentimiento. Si ello no fuera así lo que ocurre es que en puridad se estaría constituyendo una nueva sociedad, aunque mantuviera el nombre de la antigua, pues ello es lo que se deriva del citado artículo 238 del Ccom. Pese a ello, es decir aunque se estimara necesario un consentimiento contractual en escritura pública, pudiera defenderse en base a la doctrina de la DG, que la personalidad de la sociedad primitiva subsiste en la prorrogada.
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            Centrada así la cuestión la DGRN tiene razón en que la resolución judicial tiene que ser firme en el caso planteado, pero con total seguridad que lo era ya en el momento de otorgamiento de la escritura pues sólo hay cinco días para recurrir en reposición desde que se dictó (según el artículo 452 LEC aplicable por remisión de la LC), y diez días más para resolver el recurso por el mismo juez, sin posibilidad de apelación. Hubiera sido más práctico acreditar la firmeza antes del otorgamiento de la escritura, como el notario ya advirtió, algo simple y seguro de obtener en sede judicial, ya que han pasado unos 45 días entre el Auto y la escritura y no entrar en este debate, interesante desde el punto de vista procesal pero innecesario. (AFS)
Sus ojos estaban cansados —agónicos— pero su mirada cedía más. ¿Agotada de mí, como yo mismo? Me gustaría poder saberlo, como saber cada hueco que tengo. ¿Cómo pude olvidar, por un instante, que era el director general? ¡¿Cómo había olvidado a la mujer que dice ser mi mujer?! Esos vacíos me hacían recordar —qué ironía— a Leonard, el personaje de Guy Pierce en Memento.
            La DGRN confirma la nota señalando que la sentencia citada nada tiene que ver con la disolución de comunidad, y que de las liquidaciones de gananciales presentadas no se puede inferir que sean privativas todas las participaciones en los bienes objeto de la comunidad ordinaria por el hecho de no haber sido inventariadas en dichas liquidaciones, al parecer por considerarlas privativas. Por tanto tienen que prestar su consentimiento los ex cónyuges de los titulares de las participaciones con carácter ganancial de los bienes que forman parte de la comunidad ordinaria disuelta (como advierte la notaria autorizante). (AFS)
Señora, lo que usted debe hacer es formular una denuncia a la POLICIA MUNICIPAL de su distrtito, ya que son ellos (y no serenzago) quienes tienen la potestad de multar a los vehiculos mal estacionados o abandonados, sin embargo, las competencias municipales en este tema son bastante limitadas. En todo caso si ud. desea que remolquen el vehiculo, debera acercarse (o llamar) al area de Transito de la Comisaria del sector, a fin de que le extiendan la papeleta respectiva (la cual es colocada en el parabrisa del vehiculo, sin importar si se encuentra o no el propietario), y en ultima cuenta, exigir que sea remolcado. Esto debe hacerse en horario de oficina, ya que en horas de la noche, las gruas se encuentran fuera de servicio.
227. HIPOTECA SOBRE OBRA NUEVA EN CONSTRUCCIÓN. FIJACIÓN DE DOS VALORES DE TASACIÓN. Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Mojácar por la que se suspende la inscripción de dos cláusulas de una escritura de constitución de hipoteca.

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