254. EJECUCIÓN JUDICIAL HIPOTECARIA. SOBRANTE. Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Sevilla n.º 11, por la que se suspende la inscripción de la adjudicación y cancelación de cargas dimanantes de un procedimiento de ejecución hipotecaria.
            En cuanto a los defectos formales alegados por el Registrador, revoca el primero de ellos, pues si bien es cierto que el artículo 204 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, establece que las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad, así como las copias y certificados de los libros y documentos que en las distintas dependencias existan, se expedirán siempre por el secretario, salvo precepto expreso que disponga otra cosa, y que, como señaló la Resolución de este Centro Directivo de 25 de marzo de 2011, la necesidad del visto bueno del alcalde viene impuesto por el artículo 205, conforme al cual dicho visto bueno tiene por objeto significar que el secretario o funcionario que expide y autoriza la certificación está en el ejercicio del cargo y que su firma es auténtica, sin embargo, ello debe entenderse sin perjuicio de la facultad del alcalde de la comunicación directa de las resoluciones adoptadas por él mismo a otras autoridades, según resulta del apartado 2 del artículo 192 del citado Reglamento y de la interpretación del mismo hecha por este Centro Directivo, lo que resulta aplicable al presente supuesto.
            La DGRN confirma el defecto de fondo en base al artículo 20 del Real Decreto 1093/1997 que en su apartado primero establece que «La afección caducará a los siete años de su fecha”, sin que resulte aplicable analógicamente lo dispuesto para las anotaciones preventivas en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, al no existir identidad de razón entre ambas clases de asientos (art. 4.1 del Código Civil), máxime cuando su prórroga determinaría un perjuicio a titulares de derechos inscritos en el ínterin.
            Comentario: Si de esta Resolución elimináramos los hechos y nos centráramos en los demás apartados de registradora, recurrente y DGRN podríamos pensar que los que se está debatiendo es la inscripción de un título judicial ejecutivo, de una ejecutoria, cuando lo cierto es que el título es un documento notarial en el que se documenta un negocio jurídico mercantil, una compraventa, por lo que muchos de los argumentos empleados en esas instancias no son aplicables al caso concreto. La particularidad se encuentra en que en la formación de la voluntad de la parte vendedora, la sociedad en liquidación, es necesaria la autorización judicial al estar la sociedad sometida a la tutela o supervisión judicial por su situación procesal de concurso en fase de liquidación.
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            El hecho de que las fincas no queden afectas por más de siete años previsiblemente se produce porque el legislador consideró que es un plazo suficiente para la ejecución de la urbanización y para exigir las cantidades correspondientes. Bien es cierto que puede ocurrir y más en situaciones de ralentización de la actividad inmobiliaria como la actual, que dicho plazo resulte insuficiente.
            En qué consiste el fijar la cuota numéricamente o por señales. La DG huye de la interpretación literal de dicho párrafo y estima que el legislador ha querido decir algo más al utilizar estas expresiones, y enseguida la traslada al campo de las cuotas desiguales, ya que lo que el legislador no admite es el llamamiento en partes desiguales. Por tanto cuando hay cuotas alícuotas fijadas numéricamente a modo desigual, éstas implican una fijación numérica especial e individualizadora y no una simple medida redundante de la concurrencia.
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Los diarios La Nación y Clarín, inauguraron junto a la dictadura, la planta monopólica Papel Prensa, incrementando su participación accionaria a costa del Grupo Graiver cuyos miembros habían sido detenidos-desaparecidos por el propio gobierno militar.162​ Ambos diarios acordaron también con la dictadura no permitir que otros diarios formen parte de la empresa.162​


            Sería mejor regularlo legalmente de forma objetiva y clara, si se quiere, y mientras tanto seguir manteniendo el criterio de proscripción del conflicto directo o autocontratación, que tiene base legal y es objetivo, permitiendo, como se ha entendido hasta ahora, con carácter general el conflicto indirecto, o más bien podríamos decir conflicto moral, y dejar a criterio de los tribunales la resolución de los casos patológicos en función de las circunstancias del caso concreto
            La cuestión que queda abierta, si se hubiese emitido el juicio de suficiencia concreto y justificado por el notario, es la postura de la DGRN, sobre si el registrador puede desvirtuar dicho juicio de suficiencia con su calificación, pues no olvidemos que según el citado artículo 98.2 de la Ley 24/2001 el juicio de suficiencia del notario hace fe por sí solo de la representación alegada (y ello abarca tanto el aspecto formal como el sustantivo o de fondo) y que la calificación por el registrador de la congruencia de dicho juicio con el documento autorizado se refiere sólo al aspecto formal de si, por ejemplo, el notario concluye que es suficiente la representación para la compraventa que se formaliza y se trata, efectivamente, de una compraventa no de un poder. (AFS)
            Comentario: La redacción del artículo 10.3 LH en este punto y su relación con el artículo 17.6  de la Ley del Suelo es casi ininteligible desde el punto de vista gramatical. La interpretación que hace la DGRN de dicha remisión es lógica y da sentido a dicha norma: no se necesita licencia para los actos de modificación hipotecaria de fincas en propiedad horizontal cuando el número de elementos privativos resultante después de la modificación se ajusta a la licencia de obras del edificio o cuando no se crean más elementos privativos de los que habían.
            Supuesto: Se debate en torno a la solicitud de cancelación de unas cargas de urbanización –en particular, las afecciones urbanísticas- existentes sobre unas fincas registrales, por estimar los recurrentes que la inscripción de la certificación administrativa expedida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento tenía por objeto una «normalización de fincas» y no propiamente una «equidistribución».
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            En cuanto al segundo defecto, la calificación de que la fusión o escisión sea intragrupo o extragrupo, queda fuera de la calificación registral y por tanto será la propia sociedad la que dentro de los límites legales y de las normas de contabilidad aplicables determinará la fecha a efectos contables de la modificación estructural llevada a cabo. (JAGV)
            Tras el fallecimiento de la testadora, se formaliza una escritura de entrega de legado del inmueble, en la que comparece el contador partidor y el legatario B al que se asignó el 82% de aquel, manifestando que, al haber premuerto A (a quien se legó el 18%), el contador partidor adjudica el inmueble íntegro a B a través de esta cláusula “No habiendo dispuesto la testadora su sustitución, los legados a que tuviera derecho, acrecen al resto de los beneficiarios del legado de que se trate, como es el caso de B en el inmueble legado”. En la escritura no comparecen los herederos.
El prólogo original del libro Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por el escritor argentino Ernesto Sábato, empieza diciendo: «Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: "Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura".»277​ La investigadora Elizabeth Jelin afirma respecto de dicho prólogo que «allí se habla de las dos violencias, pero no en términos de equivalencias (interpretación habitual -a mi modo de ver equivocada- que dio lugar a la "teoría de los dos demonios") sino en términos de "escalada de violencias": hubo una violencia guerrillera que despertó una represión mucho más brutal. Y se trataba de un momento en que el clima político-cultural era de condena a la violencia».278​
La luz del sol apenas filtraba a través de la cortina del ventanal. En el aire flotaba el humo de los cigarros y una galaxia de partículas de polvo. El desorden gobernaba. Sábanas sobre el sofá, bajo el escritorio, en las sillas; una botella de whisky junto a una pata de la mesa de centro y, sobre ésta, colillas de cigarro dentro y fuera del cenicero, hojas, las páginas descuartizadas de una revista. Había cajas de CDs y bolsas plásticas y de papel y envases con restos de comida preparada en el orden en que los dejaría un grupo en huida apresurada. Quizás por el efecto de la luz natural y mi obnubilación, las paredes habían perdido el tono blanco y lucían pintadas con brochazos de zabaglione.
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Sin buscar palabras innovadoras, sino apelando a los viejos reglamentos militares, aprovecho esta oportunidad para ordenar una vez más al Ejército, en presencia de toda la sociedad: nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes o reglamentos militares. Quien lo hiciera incurre en una conducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera. Sin eufemismos, digo claramente: delinque quien vulnera la Constitución Nacional. Delinque quien imparte órdenes inmorales. Delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales. La comprensión de estos aspectos esenciales hace a la vida republicana de un Estado...Comprender esto, abandonar definitivamente la visión apocalíptica, la soberbia, aceptar el disenso y respetar la voluntad soberana, es el primer paso que estamos transitando desde hace años, para dejar atrás el pasado, para ayudar a construir la Argentina del futuro, una Argentina madurada en el dolor, que pueda llegar algún día al abrazo fraterno. Si no logramos elaborar el duelo y cerrar las heridas no tendremos futuro. No debemos negar más el horror vivido, y así poder pensar en nuestra vida como sociedad hacia delante, superando la pena y el sufrimiento. (versión completa en Wikisource)
            La DGRN señala que “el que conste en el Registro iniciado el procedimiento no implica la imposibilidad de transmisión de las parcelas de origen que siguen operando en el tráfico inmobiliario y por lo tanto el folio de la finca de origen no se cierra ni por el inicio del procedimiento ni por su conclusión hasta que no se completa registralmente el proceso de subrogación real, existiendo entre tanto una situación de carácter transitorio o de titularidades interinas hasta la inscripción del expediente.”
            Lo cierto es que el artículo debatido (art. 39 de la Ley de Puertos de Andalucía) dice lo que dice y que el recurrente argumenta fundadamente sobre su ámbito de aplicación, que, a su juicio, se circunscribe a los contratos en los que se ceden elementos del puerto por persona concesionaria que sea titular de un contrato de concesión de obra pública portuaria. Por tanto, dice en su escrito de recurso, hay un error en la calificación al aplicar el mencionado artículo a un supuesto contractual distinto cual es el de la cesión del uso de un puesto de atraque en el puerto entre dos particulares. La Resolución guarda silencio sobre tales argumentos y tampoco dice nada sobre la aplicación retroactiva de la Ley citada, cuestión que también argumenta el recurrente.

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INSTALACION, PASO Requisitos para la instalaci6n el6ctrica Paraevitar la posibilidadde unaLESION GRAVE o INCLUSO LA MUERTEpor electrocuci6n o incendio: Para evitar dificultades con la instalacion, no encienda • CerciOresede que el abridor no est6 conectado a la energia ni use el abridor en este momento. el6ctrica, y desconecte la aNmentaci6n el6ctrica al circuito Para reducir el riesgo de cheque electrico, su abridor para ANTESde quitar la cubierta para establecer la conexi6n del...
Pocos meses antes del derrocamiento de Juan Domingo Perón, en junio de 1955, aviadores militares de la Marina de Guerra bombardearon Plaza de Mayo causando más de 300 muertos civiles, marcando un trágico precedente de una fuerza armada que ataca a su propia población. En 1956, ya producido el golpe militar, una sublevación peronista fue reprimida con el fusilamiento del General Juan José Valle y otros participantes, incluyendo un episodio de fusilamientos clandestinos en la localidad de José León Suárez de Buenos Aires.

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Seis días después, el Congreso de la Nación se reunió de urgencia para sancionar una ley que pudiera frenar las consecuencias del fallo de la Corte Suprema. En sólo 23 horas y 44 minutos, en uno de los trámites parlamentarios más rápidos de la historia argentina, ambas cámaras aprobaron la Ley Nº 27.362, con un solo voto en contra, declarando inaplicable el cómputo del dos por uno a delitos de lesa humanidad.228​229​230​231​
              10º. Finalmente si como consecuencia de la cancelación del asiento no existe coherencia y claridad en los asientos deben ser los  administradores los que convoquen  a los socios a una junta que resuelva adoptar las medidas adecuadas para regularizar la situación en que se encuentra la sociedad y al objeto de adecuar su situación a lo previsto en el contenido de la sentencia recaída”.
Pocos meses antes del derrocamiento de Juan Domingo Perón, en junio de 1955, aviadores militares de la Marina de Guerra bombardearon Plaza de Mayo causando más de 300 muertos civiles, marcando un trágico precedente de una fuerza armada que ataca a su propia población. En 1956, ya producido el golpe militar, una sublevación peronista fue reprimida con el fusilamiento del General Juan José Valle y otros participantes, incluyendo un episodio de fusilamientos clandestinos en la localidad de José León Suárez de Buenos Aires.
La picana eléctrica es el instrumento de tortura alrededor del cual se diseñaron y construyeron las salas de tormentos, a las que en todos los CCD llamaban "quirófanos".53​ La picana era denominada "máquina"; en La Perla le llaman "Margarita". En La Perla, la sala de torturas tenía un cartel que decía: "Sala de terapia intensiva - No se admiten enfermos",54​ mientras que en la de El Vesubio estaba colocado un cartel que decía «si lo sabe cante, si no aguante».55​
El 9 de agosto, un grupo de jóvenes guerrilleros de la denominada Compañía del Monte "Ramón Rosa Jiménez" del ERP (la cual tenía su epicentro de operaciones en la provincia de Tucumán), bajo el comando de Hugo Irurzún ("Capitán Santiago"), iniciaron una operación para asaltar la guarnición militar del Ejército Argentino en la localidad de Catamarca, al mismo tiempo que otro grupo se preparaba para el Copamiento de la Fábrica militar de Villa María (en Córdoba). Dieciséis guerrilleros pertenecientes al primer grupo de ataque fueron sumariamente fusilados después de ser capturados antes de copar la unidad militar. Después de la llamada Masacre de Capilla del Rosario en la cual 16 guerrilleros murieron, el ERP anunció que abatiría a 16 oficiales del Ejército como represalia, la cual se inició en septiembre. Hasta el 10 de diciembre habían sido asesinados 10 oficiales pero entonces la campaña se suspendió a causa de la muerte de la hija de tres años del capitán Humberto Viola, atrapada en el tiroteo durante el asesinato de su padre, en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 1.º de diciembre anterior. El 6 de septiembre la dirección de Montoneros decidió pasar a la clandestinidad y el 19 de septiembre realizó el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, principales accionistas del poderoso grupo empresarial Bunge & Born. Como resultado de tal operación, dicha organización político-militar obtuvo un rescate de unos 60 millones de dólares.
Bajo la presidencia de este último, la Secretaría de Derechos Humanos elaboró un informe con una nómina de 7 010 personas desaparecidas, no contando a los sobrevivientes y a los hijos recuperados,120​ y el propio secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, afirmó que «30 000 es una "construcción simbólica"».121​ El informe fue tomado como parte de «una campaña de bastardeo y desprestigio» por parte del gobierno a las organizaciones de derechos humanos.122​123​
Engrasar la puerta del garaje es una labor de mantenimiento mínima, sencilla y que no hay que descuidar, muy especialmente cuando se trata de una puerta automatizada. Una puerta mal engrasada se moverá mucho peor. Si es manual significará mayor esfuerzo, si es automática supondrá que el motor trabajará más forzado y podría incluso llegar a estropearse.
            Concluye revocando la nota y estimando el recurso toda vez que el exceso de cabida en el caso que nos ocupa, no consta sólo de documentación técnica, o catastral, o notarial, sino de una resolución judicial recaída en expediente de dominio tramitado al efecto, que concluye con una auto judicial que «que se citó a los propietarios de las fincas colindantes y convocando a las personas ignoradas a quienes pudiera afectar la rectificación de cabida». Y aunque el auto no contiene mayor especificación o detalle sobre quiénes fueron los colindantes concretos citados, cuestión que no ha planteado la registradora en su nota de calificación al efecto, en su caso de comprobar que no exista indefensión de los colindantes inscritos registralmente, sí que afirma, que «al objeto de salvaguardar los derechos que los colindantes o cualquier otra persona pudiera tener sobre la misma, se ha practicado la prueba documental y testifical, cuyo resultado ha sido la corroboración de la propiedad alegada por el actor y la constatación de que no existen personas que pudieran verse afectadas por la inscripción de la cabida correcta”. (JCC)
               a)  El contrato de compraventa de un bien inmueble es de naturaleza civil y no administrativa. Así lo dice el artículo 4.1.p de la Ley de Contratos del Sector Público (R.D.Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre). Anteriormente, también el RD Legislativo 2/2000 (de 16 de junio) y la Ley 30/2007 (de 30 de mayo) seguían el mismo criterio revisionista de la doctrina administrativista extrema de la Ley de Contratos del estado de 1965.
            Además de otras consideraciones prácticas, me plantea bastantes dudas la legalidad de la Resolución, pues la DGRN hace caso omiso de lo que dice la normativa del mercado hipotecario (y normativa es tanto la ley como los reglamentos que la desarrollan) y vulnera, a mi juicio, el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (Art. 23 Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno), según el cual, serán nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento aunque el órgano que las dicte sea de igual o superior rango que el que hubiera dictado el reglamento. (JAR)
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            En cuanto al otro defecto también la DG actúa de forma estricta. Es raro que aunque no se diga nada expresamente, no resulte del contexto del documento que la convocatoria se ha hecho a todos los socios y si ello es así creemos que no debe tener el carácter de defecto el no emplear las palabras sacramentales de haberla hecho a todos los socios.
            Entiende que hay cierta confusión sobre el contenido y alcance del mandato judicial contenido en la documentación presentada: Si el mandato se limita a que la anotación haga referencia al carácter privilegiado del crédito se trata de una cuestión ajena a la materia inscribible en el Registro pues las preferencias crediticias han de hacerse valer, en su caso, mediante la oportuna tercería en los términos recogidos en la LEC (arts. 613, 614 y 620) y suponen la sujeción del bien a las resultas del procedimiento, y si el mandato pretende hacer constar en el Registro la naturaleza real del crédito anotado y la preferencia de rango frente al asiento de hipoteca anteriormente inscrito, que es lo que ha entendido la registradora, es evidente que no puede hacerse constar en el Registro pues ni resulta de la documentación presentada su carácter real ni resulta que el titular de la hipoteca cuya postergación de rango se pretendería ha sido parte en el procedimiento. (MN)

Planificaci6n (continba) INSTALACION CON PUERTAS DE UNA SOLA PIEZA Sin un sistema de retroceso de seguridad que funcione debidamente, al cerrar la puerta de la cochera se corre el • Generalmente una puerta de una sola pieza no requiere riesgo de que los personas (yen particular los niSos refuerzos adicionales Si usted tiene una puerta de pequeSos) sufran LESIONESGRAVESo INCLUSOLA MUERTE.
            En el caso concreto estima que la subsanación no está suficientemente causalizada si se tiene en cuenta que el error se detecta 6 años después y la existencia de una sentencia que ordena la cancelación de la inscripción inicial de dominio. Considera también que en realidad lo que se pretende es una modificación sustantiva que exigiría una nueva escritura de transmisión, que no puede realizarse por la vía de subsanación del título antiguo.

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            El interesado recurre alegando que según el nuevo art. 173 de la LSC se igualan los procedimiento de convocar juntas de anónimas y limitadas y por tanto, en base a la norma estatutaria antes vista, se puede sustituir la forma legal de convocar por la de la comunicación individual y que en cuanto a que la notificación no se ha hecho a la persona adecuada dice que el administrador cumple con notificar en el domicilio que le conste en la sociedad.

194. DEFECTOS VARIOS: INMATRICULACIÓN. TRACTO. OBRA NUEVA. Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Torrelaguna, por la que se suspende la inscripción de varias fincas en una escritura de liquidación de sociedad conyugal, adjudicación de herencia y declaración de obra nueva.


Según el diagrama, lo que debemos evitar "es el origen de", ya que al producirse éste, puede generar serias consecuencias para la integridad de las personas, equipos e instalaciones y el medio ambiente. Luego estos elementos constituyen una cadena que nos obliga a actuar definitivamente en su origen, o sea, evitar las causas si queremos realmente tener éxito en el objetivo final de la prevención.

            Supuesto de hecho. Un Ayuntamiento solicita que se practique anotación preventiva de un acuerdo municipal que se resuelve unilateralmente la venta hecha en escritura pública a una sociedad de dos fincas registradas. En los solares adquiridos se iban a construir viviendas de promoción pública, y precisamente por no haberse construido el Ayuntamiento decide resolver el contrato.

200. CAMBIO DE DESCRIPCIÓN DE FINCA QUE PASA DE RÚSTICA A URBANA. CERTIFICACION CATASTRAL. USO DE BASES GRÁFICAS REGISTRALES. Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador accidental del Registro de la Propiedad de Corralejo, por la que se suspende la inscripción de una escritura de modificación de descripción de finca por conversión en urbana.
            El hecho de que las fincas no queden afectas por más de siete años previsiblemente se produce porque el legislador consideró que es un plazo suficiente para la ejecución de la urbanización y para exigir las cantidades correspondientes. Bien es cierto que puede ocurrir y más en situaciones de ralentización de la actividad inmobiliaria como la actual, que dicho plazo resulte insuficiente.
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Bien. Ya había acomodado algunas cosas: era andaluz o había vivido allí la infancia —por ende, era andaluz. Le gustaban los sabores mediterráneos; debía conocer Tanger, Ceuta y Melilla —o quería mucho visitarlas. Le gustaban las mujeres; las más jóvenes, con morbo. Podía reconocer un perfume preciso sin pensarlo, así que debía haberlo comprado, regalado u olfateado a una proximidad inmediata. Así comprobó que, además de sabor, las memorias podían portar fragancias.
La evolución de la participación argentina en el Movimiento demuestra que ha sido como consecuencia de una actividad diplomática positiva y fértil que la República pudo lograr los apoyos necesarios para un tratamiento decoroso del caso argentino en la Comisión de Derechos Humanos, como consecuencia de la decidida actuación en su favor de los miembros No Alineados de la Comisión. Ello se puso de manifiesto en el 35.º Período de Sesiones (febrero de 1979) poco tiempo después de la concurrencia del Ministro de Relaciones Exteriores, Vicealmirante Oscar Antonio Montes, a la Conferencia de Cancilleres realizada en Belgrado en julio de 1978.
Según el diagrama, lo que debemos evitar "es el origen de", ya que al producirse éste, puede generar serias consecuencias para la integridad de las personas, equipos e instalaciones y el medio ambiente. Luego estos elementos constituyen una cadena que nos obliga a actuar definitivamente en su origen, o sea, evitar las causas si queremos realmente tener éxito en el objetivo final de la prevención.
243. INTERVENCIÓN DE TODOS LOS LEGITIMARIOS EN LA PARTICIÓN. Resolución de 16 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Torrelaguna, por la que suspende la inscripción de una instancia privada de manifestación de herencia, acompañada de testamento, testimonio de sentencia judicial relativa a la adjudicación de determinados bienes y demás documentación complementaria.
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            3º. En cuanto al proyecto de fusión incorporado: no cabe la afirmación que se efectúa en su inicio de que es de aplicación el art. 49 de la Ley 3/2009; y tampoco cabe la manifestación efectuada en el punto 14. Del mismo, por cuanto el plazo de un mes que se cita es de imposible cumplimiento, ya que tanto el proyecto como la junta que lo aprueba son de la misma fecha.
Las organizaciones empresariales apoyaron abierta y explícitamente al gobierno militar. José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino (CEA), fue ministro de Economía. El gobierno militar le entregó la Secretaría de Ganadería a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta (el padre de Máxima Zorreguieta) activo lobista de la SRA y activista de la APEGE.148​

            Sería mejor regularlo legalmente de forma objetiva y clara, si se quiere, y mientras tanto seguir manteniendo el criterio de proscripción del conflicto directo o autocontratación, que tiene base legal y es objetivo, permitiendo, como se ha entendido hasta ahora, con carácter general el conflicto indirecto, o más bien podríamos decir conflicto moral, y dejar a criterio de los tribunales la resolución de los casos patológicos en función de las circunstancias del caso concreto

            Dado que la Administración gestiona servicios públicos y de interés general, se concluye que es lógico que su régimen contractual no sea similar al de las relaciones entre particulares, sino que tales contratos han de estar sometidos a un régimen específico acorde con el interés general que está en juego. Ello justifica su autonomía respecto del Derecho privado y se habla del criterio de las cláusulas exorbitantes del Derecho común, es decir, que en los contratos administrativos, por la índole de los asuntos e intereses que están en juego, hay cláusulas y contenidos no encajables ni explicables desde el Derecho de los contratos civiles.
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            Respecto del primero no insistiremos más pues se consolida la doctrina del CD respecto a la necesidad de que si poderes o administradores no constan debidamente inscritos, el notario no debe limitarse a una mera reseña del documento sino que debe dar fe de todas las circunstancias del mismo del que resulte que la representación voluntaria u orgánica está debidamente conferida.
Desde los últimos años del gobierno militar las marchas convocadas por las organizaciones de derechos humanos comenzaron a convocar a grandes cantidades de personas, entre las que se destacan los jóvenes. Estas marchas multitudinarias han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de una conciencia favorable hacia los derechos humanos y la memoria.
            En diversos pronunciamientos, se ha reforzado la dicción normativa que exige para la rectificación el consentimiento de titular registral o sentencia. Así, en la R. 19 de Diciembre de 2006, constando inscrita la reparcelación, no permitió rectificarla mediante una instancia privada firmada por el interesado, máxime cuando de la documentación aportada se desprendía que no había habido error del registrador al inscribir la reparcelación, sino que, según denunciaba el recurrente, se habían producido una serie de irregularidades durante la tramitación del expediente. Este supuesto presenta un claro paralelismo con el que ahora nos planteamos y nos permite llegar a la misma conclusión.
            La DGRN recuerda (p.ej R. 4 de mayo de 2011), que las dudas sobre la identidad de la finca o sobre la realidad del exceso cuando se ventilan en un expediente judicial, por definición se despejan en el ámbito de la valoración –por parte del juez- de las pruebas practicadas, conducentes a determinar si existe o no una discrepancia entre la medida de la finca en la realidad y la que figura en el Registro.
Mojó los labios con la lengua, frunció el ceño y fijó la vista en el picaporte como si el gesto fuera a ordenar sus ideas y devolverle la entereza, pero lo único que vino fue una descarga de ansiedad. Un ejército de hormigas ascendió a toda velocidad por su cuerpo, cada patita portando un calor incandescente, y Casillas sintió cómo su rostro enrojecía como un semáforo y un sudor helado parecía nacerle en los huesos y atravesar toda la carne hasta perlarle la piel. En menos de cinco segundos tenía erizada la pelusa del cuello y el vello de los brazos.
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            Entiende el Centro Directivo que, por causa de la primacía que debe reconocerse en nuestro ordenamiento registral al principio de legalidad, la expresión de algunos defectos en una primera nota de calificación no puede impedir que advertidos otros después se pongan de manifiesto en una segunda nota de calificación; aun habiendo recaído en el oportuno recurso resolución revocatoria de los previamente. Además, la notificación no puede equivaler a la inscripción, incluso sustituirla tal como se pretende en este caso, sin quiebra o merma de los principios básicos del sistema registral inmobiliario.  (JFME)
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            Dada la minoría de edad de uno de los herederos forzosos, se formaliza, sin la intervención de ninguno de ellos,  un acta de protocolización de las operaciones de liquidación de la 2ª sociedad de gananciales, otorgada por la viuda y el contador nombrado, en la que se incluye como bien ganancial la referida vivienda que constituía el domicilio familiar, respecto de la cual, pese a haber sido adquirida por compra anterior al segundo matrimonio, ambos otorgantes manifiestan que el causante había confesado su carácter ganancial en su testamento, y por tanto lo consideran un bien de índole ganancial.

            En cuanto al fondo de la cuestión considera que los códigos consignados “se corresponden con los que contiene la relación aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 abril; en concreto el código 41.1 se refiere al grupo «Promoción Inmobiliaria», el 41.2 al grupo «Construcción de Edificios», el 68.1 al grupo «Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia», el 68.2 al grupo «Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia» y el 68.3 a «Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros» y que “la mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» como expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la inscripción ya que, por un lado, es irrelevante en los supuestos numerados como 41.1, 68.1 y 68.2 por carecer de posteriores subdivisiones y, por otro, no implica confusión sobre la actividad a que se refiere”.
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