El General Ramón Camps estuvo a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Tuvo bajo su dirección varios de los centros clandestinos de detención (CCD) ubicados en la provincia. Entre los casos en los que intervino se encuentran el Caso Timerman y la Noche de los lápices. Se caracterizó por su antisemitismo acérrimo. Fue condenado a la pena de 25 años de prisión hasta que fue indultado en 1990. Murió en 1994.
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            Supuesto: En este expediente se pretende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario en la que se pacta que el interés de demora que, en su caso, se devengue en favor del banco "será el resultado de sumar siete puntos y cincuenta centésimas de otro punto porcentual al euríbor empleado para el cálculo del tipo de interés ordinario del préstamo en cada momento, con el límite máximo de tres veces el interés legal del dinero..."
            Supuesto: Expedida copia electrónica de una escritura pública para su presentación en el Registro de la Propiedad y remitida telemáticamente al Registro de la Propiedad se rechaza la práctica del asiento de presentación porque del archivo electrónico en formato PDF resulta que el notario hizo constar en la diligencia de expedición, como fecha, la de la autorización, día 13 de marzo de 2014 mientras que de la validación de la firma electrónica resulta que la expedición fue llevada a cabo el día 14 de marzo de 2014.
Sectores que defienden el accionar de las Fuerzas Armadas durante entre 1976 y 1983 aún después de estar sus integrantes condenados por el delito de genocidio, sostienen que se trataba de una ”guerra” que no obedecía a las reglas de la guerra tradicional.280​ Dentro de esta concepción las violaciones de derechos humanos son consideradas como excesos habituales en toda guerra, pasibles de ser amnistiados. Dentro de esta interpretación estos sectores sostienen que las Fuerzas Armadas combatían una agresión marxista-leninista en el contexto de la Guerra Fría, mientras que otros sectores sostienen que simplemente se combatía al terrorismo.

            Entiende el Centro Directivo que, por causa de la primacía que debe reconocerse en nuestro ordenamiento registral al principio de legalidad, la expresión de algunos defectos en una primera nota de calificación no puede impedir que advertidos otros después se pongan de manifiesto en una segunda nota de calificación; aun habiendo recaído en el oportuno recurso resolución revocatoria de los previamente. Además, la notificación no puede equivaler a la inscripción, incluso sustituirla tal como se pretende en este caso, sin quiebra o merma de los principios básicos del sistema registral inmobiliario.  (JFME)
En 1964 se produjo en Brasil12​ el primero de una serie de golpes de estado de nuevo tipo que tenían como fin establecer dictaduras militares permanentes, categorizadas por el politólogo Guillermo O'Donnell como Estado burocrático-autoritario.13​ El modelo se extendería por el Cono Sur, promovido desde la Escuela de las Américas de los Estados Unidos en Panamá, bajo la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional en el marco de la Guerra Fría.
            Comentario: La redacción del artículo 10.3 LH en este punto y su relación con el artículo 17.6  de la Ley del Suelo es casi ininteligible desde el punto de vista gramatical. La interpretación que hace la DGRN de dicha remisión es lógica y da sentido a dicha norma: no se necesita licencia para los actos de modificación hipotecaria de fincas en propiedad horizontal cuando el número de elementos privativos resultante después de la modificación se ajusta a la licencia de obras del edificio o cuando no se crean más elementos privativos de los que habían.

Yo no critico a Chile. Estoy de acuerdo con el Gobierno militar de Chile y también con el de la Argentina. No hablo de los demás países, hablo de mi país, donde estábamos en un estado anárquico. Yo no estoy de acuerdo con toda su política, pero hay que reconocer que el régimen militar nos ha salvado de la ignominia. Estamos saliendo del caos, a pesar de los muchos crímenes que se cometen, y desde luego todo argentino tiene que aplaudir al Gobierno.


              8º. Que pese a las dos declaraciones anteriores “no debe caerse en un rigor formalista injustificado si no cabe albergar duda sobre el alcance cancelatorio. Así no existiendo duda razonable sobre cuál es el alcance esencial de la sentencia y sobre cuál es el asiento afectado no cabe solicitar una acción reiteradora que con no añadir nada supone una exigencia que no se encuentra justificada”.
Volver arriba ↑ En 2009, el ex general Mario Benjamin Menéndez, ex gobernador de Malvinas cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos y acusó de mentiroso al general Martín Antonio Balza por las duras críticas que le hizo en el libro "Malvinas: Gesta e Incompetencia" y lo acusó también de haber inventado “la historia de que no participó de la guerra contra el terrorismo”.“Galtieri no se daba cuenta de que nos estaban derrotando” Por Hernán Dobry. Perfil.com 2007
238. FACULTADES DEL ALBACEA. INTERVENCIÓN DE TODOS LOS LEGITIMARIOS EN LA PARTICIÓN. Resolución de 12 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Madrid n.º 27, por la que suspende la inscripción de una instancia privada de manifestación de herencia, acompañada de testamento, testimonio de sentencia judicial relativa a la adjudicación de determinados bienes y demás documentación complementaria.
            El supuesto de hecho planteado ya fue objeto de resolución por el Centro Directivo (R. 5 de noviembre de 2013 R.14 de noviembre de 2013), produciéndose identidad de título –las mismas escrituras públicas– y recurrente. Al no existir ningún hecho nuevo que justifique una nueva presentación del documento y con ello una calificación distinta, la DG reitera el contenido de dichas resoluciones, a las que se remite (JCC).
263. CALIFICACIÓN SUSTITUTORIA. COMPETENCIA PARA REDACTAR EL ASIENTO EN CASO DE REVOCACIÓN PARCIAL Y SUBSANACIÓN DE DEFECTOS. Resolución de 28 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Valladolid n.º 5, por la que se suspende la calificación de una escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario.
En el año 1976 llegaron a existir 610 CCD, pero muchos de ellos fueron temporarios y circunstanciales. Luego de los primeros meses posteriores al golpe de estado, la cifra se estabilizó en 364 CCD. En 1977 la cantidad se redujo a 60. En 1978 había 45 y en 1979 7 CCD. En 1980 quedaban dos: la ESMA y el Campito (Campo de Mayo). En 1982 y 1983 la ESMA era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado.49​
            Comentario.- Este criterio de la DGRN va a generar mucha inseguridad jurídica y parece contrario al principio de legalidad al no estar regulada la limitación por ninguna norma. Y es que no hay nada más subjetivo, a falta de regulación legal, que determinar cuándo hay objetivamente un conflicto de intereses, sobre todo porque hay que poner un límite al grado de  vinculación del apoderado con los terceros para considerar que existe tal conflicto. Por ejemplo, ¿habrá conflicto de intereses con los cuñados o parientes más alejados a los que  el apoderado no ve casi nunca o no tiene ninguna relación y no lo habrá con una amigo cercano no pariente? ¿Y los notarios, qué tendremos que hacer para evitar responsabilidades, quizá preparar una especie de cuestionario estandarizado de incompatibilidades o vinculaciones al apoderado?
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Mojó los labios con la lengua, frunció el ceño y fijó la vista en el picaporte como si el gesto fuera a ordenar sus ideas y devolverle la entereza, pero lo único que vino fue una descarga de ansiedad. Un ejército de hormigas ascendió a toda velocidad por su cuerpo, cada patita portando un calor incandescente, y Casillas sintió cómo su rostro enrojecía como un semáforo y un sudor helado parecía nacerle en los huesos y atravesar toda la carne hasta perlarle la piel. En menos de cinco segundos tenía erizada la pelusa del cuello y el vello de los brazos.

Mojó los labios con la lengua, frunció el ceño y fijó la vista en el picaporte como si el gesto fuera a ordenar sus ideas y devolverle la entereza, pero lo único que vino fue una descarga de ansiedad. Un ejército de hormigas ascendió a toda velocidad por su cuerpo, cada patita portando un calor incandescente, y Casillas sintió cómo su rostro enrojecía como un semáforo y un sudor helado parecía nacerle en los huesos y atravesar toda la carne hasta perlarle la piel. En menos de cinco segundos tenía erizada la pelusa del cuello y el vello de los brazos.
            Otra cosa sería la determinación de las cuotas que correspondan a cada uno de los nuevos elementos, donde el acuerdo será inevitable en aquellos casos en los que no se establezca en la cláusula estatutaria el método de cálculo para la fijación de dichas cuotas, circunstancia que por sí sola constituiría un obstáculo para el acceso al Registro de la cláusula exoneradora, dado que sería necesario en todo caso al acuerdo de junta para su fijación, perdiendo su sentido dicha cláusula. La determinación del sistema de cálculo es además una exigencia dimanante del principio de seguridad jurídica, que va a permitir tanto al registrador  en sede de calificación registral, como al notario autorizante del título en el momento de su otorgamiento, establecer la adecuación de las cuotas al método de cálculo recogido en la norma estatutaria, con independencia de la actuación que pueda acordarse por los órganos de la comunidad conforme a lo dispuesto en los arts. 7 y 10.3.b LPH caso de producirse algún tipo de discrepancia. (MN)
            Efectivamente el notario “ha omitido toda referencia a su eventual inscripción en el Registro Mercantil, a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o especial del citado poder” teniendo sobre todo en cuenta “que tratándose de poderes inscritos en el Registro Mercantil, al juicio de suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (cfr. artículo 20 del Código de Comercio)”.
            3. Y no expresarse las circunstancias personales de los titulares declarados de la finca, ni la participación en que resultan dueños de la misma y en su caso, el carácter ganancial o privativo de tales derechos. Este defecto también se confirma: El art. 51.9 RH determina las circunstancias que han de constar cuando la persona a cuyo favor se ha de practicar la inscripción es persona física (el nombre y apellidos; el dni; si es mayor de edad o, en otro caso, la edad que tuviera, precisando, de estar emancipado, la causa; si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge; la nacionalidad y la vecindad civil del sujeto si se acreditan o manifiestan; y el domicilio con las circunstancias que lo concreten). Y por su parte, el art 54.1 RH exige que las inscripciones de partes indivisas de una finca o derecho precisen la porción ideal de cada condueño con datos matemáticos que permitan conocerla indudablemente. (MN)
Las personas que fueron asesinadas, desaparecidas o torturadas, así como las que debieron exiliarse provenían de todos los sectores y estratos de la población; una parte importante aunque no bien determinada estaba integrada por combatientes, pertenecientes mayoritariamente a las organizaciones guerrilleras y también, aunque en menor número, a las fuerzas militares y policiales.nota 6​
Techos, canalones y cubiertas Azulejos, hormigón impermeable, y revestimiento decorativo Moquetas, parquets, estratificados Suelos para terrazas y jardines Papeles pintados, revestimiento, telas de vidrio y frisos Preparación de superficies Pinturas para interiores Pinturas para exterior Productos de mantenimiento y restauración Herramientas de instalación y puesta en marcha Molduras y cristalería
En marzo de 2013 se inició el juicio ante el Tribunal Oral Federal 1 de Buenos Aires, sobre 110 casos de personas desaparecidas, finalizando el 27 de mayo de 2016, con la condena de 17 de los 15 acusados, quienes recibieron penas entre 8 y 25 años de prisión. Entre los condenados se encuentra el exmilitar uruguayo Juan Manuel Cordero, que recibió una pena de 25 años de reclusión.239​240​ El fallo define al Plan Cóndor como "una asociación ilícita" de alcance regional y registra la participación en el mismo de los Estados Unidos.241​

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