DGRN. La Resolución entiende que es preceptiva la previa comunicación expresa exigida por la calificación registral: “…ciertamente no se establece en este precepto (art. 39) un cierre registral expreso ante la falta de comunicación del contrato a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Pero si se tiene en cuenta la posibilidad que tiene ésta de denegar la autorización en el plazo de tres meses por las causas expresadas, debe entenderse que la acreditación de dicha comunicación es exigencia previa a la inscripción registral, evitando con ello que el Registro de la Propiedad pueda publicar titularidades no firmes o claudicantes. No cabe olvidar que la finalidad del Registro de dar seguridad jurídica en el tráfico sólo se armoniza con la inscripción de titularidades plenamente válidas (cfr. artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de su Reglamento)”.
            Además, dada esta naturaleza de la legítima en Derecho común, no puede aplicarse a tal derecho lo que establece el artículo 15 de la Ley Hipotecaria, pues tal precepto está dictado (como se deduce de su primer inciso) para aquellos ordenamientos españoles en que la legítima es «pars valoris bonorum», pues, en estos casos, las prevenciones del artículo señalado se dan como garantía, ya que la intervención del legitimario, en los repetidos supuestos, no es imprescindible para realizar la partición. (IES)
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Por una parte la población en líneas generales y la juventud en particular, se sintió fuertemente afectada por los horrores revelados por las investigaciones realizadas una vez caído el gobierno militar. Los derechos humanos, la paz y la democracia, como ideales sociales, adquirieron una valoración máxima en la sociedad argentina. Los programas educativos, en escuelas, colegios y universidades incluyeron la enseñanza de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, denominada explícitamente con ese término.
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La participación del sector empresario en el Proceso de Reorganización Nacional fue amplia y protagónica al punto de co-organizar el golpe de estado y el gobierno. En algunos casos participaron directamente en la violación de derechos humanos (ver Autores: Empresarios y empresas). En otros casos muchos empresarios simplemente aprovecharon la ausencia de estado de derecho para desconocer los derechos laborales. Muchos empresarios y empresas colaboraron más activamente con la dictadura, justificando y dando apoyo técnico al gobierno, y haciendo caso omiso de las violaciones de derechos humanos, aún conociendo su existencia.

              1º. La declaración de nulidad de los acuerdos sociales no tiene siempre los radicales efectos previstos en el orden civil pues, además de los intereses de las partes del negocio, entran en juego otras consideraciones igualmente merecedoras de amparo como son la conservación de la empresa y la salvaguardia del principio de seguridad jurídica.
La convicción de Casillas había quebrado su resistencia pero las cosas no cambiarían demasiado. La mujer volvió a la antigua casa compartida —era la morada de su infancia— mientras Casillas entraba y salía de viajes y reuniones en la ciudad y el extranjero. El hombre no volvió a sentarse a la mesa a hablar del pasado. Vivía en un mundo personalísimo, cada vez más ensimismado, convencido de que el perdón era un merecimiento y que violencias, engaños y penumbras debían convertirse pronto, por decisión propia o ajena, en recuerdos tan volátiles como su decena de memorias extraviadas. Negaciones necesarias, polvo sobre un aparador y un soplido que se basta para dispersar la mugre.
            En caso de revocación parcial de uno de los defectos subsistiendo otros, pero que afecten al título en su totalidad (y no siendo por ello susceptible de inscripción parcial el título), una vez subsanados los defectos confirmados es el registrador sustituido el competente para calificar el título, la subsanación de los defectos y practicar la inscripción, pues el registrador sustituido queda desvinculado del proceso. No obstante, al efectuar la inscripción debe mencionar los defectos que han sido revocados por el registrador sustituto y que la inscripción se practica bajo su responsabilidad en cuanto a estos defectos. (AFS)
La tortura fue un componente central del plan represivo del gobierno militar. Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron creados y diseñados para poder practicarla ilimitadamente. Al redactar el famoso informe "Nunca Más" en 1984, los miembros de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) no pudieron evitar sobrecogerse ante el "inmenso muestrario de las más graves e incalificables perversiones" que tenían ante sus ojos, y debatieron el modo de evitar que ese capítulo del informe se convirtiera en una enciclopedia del horror.52​
Una novela oscura y laberintica sobre la locura y el poder. Acabas desolada por la idea de que esos personajes puedan existir. En la superficie es una novela sobre la locura pero en el fondo habita el abuso de poder. Es doloroso ver que quien deberia trabajar para los buenos sea malo como los peores. Muy buena, elegante y con múltiples modos de contar.
            Además, dada esta naturaleza de la legítima en Derecho común, no puede aplicarse a tal derecho lo que establece el artículo 15 de la Ley Hipotecaria, pues tal precepto está dictado (como se deduce de su primer inciso) para aquellos ordenamientos españoles en que la legítima es «pars valoris bonorum», pues, en estos casos, las prevenciones del artículo señalado se dan como garantía, ya que la intervención del legitimario, en los repetidos supuestos, no es imprescindible para realizar la partición. (IES)
Otros sectores sostienen que las Fuerzas Armadas, por un lado, y las organizaciones guerrilleras, por el otro, ejercieron actos de violencia terrorista, que no solo afectaron al bando al que decían combatir, sino a decenas de miles de ciudadanos que no hacían uso de la violencia. Esta interpretación, sugerida originalmente por el expresidente argentino Raúl Alfonsín, ha sido denominada por sus críticos como «la teoría de los dos demonios».

Actually I had installed two of these units on two doors, they both had the same UNACCEPTABLE problem, and the only fix was to remove both openers and replace them with a different make (also battery backed up system) . Both different make openers have worked flawlessly for hundreds of open & Close cycles, with absolutely NO changes to either door.

            6º Cada uno de los conceptos de la responsabilidad hipotecaria actúan como compartimentos estancos, es decir, no son intercambiables ni compensables. Por tanto, “…no cabe utilizar el exceso la cobertura hipotecaria correspondiente a uno de los conceptos para garantizar la deuda correspondiente a otro concepto, pues la cantidad asegurada, pues la cantidad sobrante por cada concepto ha de ponerse a disposición de los titulares de asientos posteriores. Así se deduce del artículo 692.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, antes citado, al proscribir expresa y literalmente a que «lo entregado al acreedor por cada uno de estos conceptos (principal de su crédito, los intereses devengados y las costas causadas) exceda del límite de la respectiva cobertura hipotecaria». Así lo reitera, igualmente, el artículo 132.3 de la Ley Hipotecaria, al extender la calificación registral a «que lo entregado al acreedor en pago del principal del crédito, de los intereses devengados y de las costas causadas, no exceda del límite de la respectiva cobertura hipotecaria»…”.
Las puertas seccionales de garaje están construidas en panel sándwich de acero de la máxima calidad. Cada puerta seccional está rellena de aislamiento térmico de espuma, libre de CFC, lo que les aporta mayor resistencia, ligereza y duración. En las puertas de garaje, la chapa de acero está ya lacada con pintura de alta resistencia, antes de realizar el proceso de conformado, y protegida por un material sintético para evitar arañazos o rozaduras, en el proceso de fabricación del panel. El proceso incluye la unión de las dos caras de chapa de acero, para impedir que se despendran la una de la otra formando pompas, o aún peor se rompan. Una vez unidas, se rellenan de espuma de poliuretano de alta densidad sin CFC.

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            Respecto del primero no insistiremos más pues se consolida la doctrina del CD respecto a la necesidad de que si poderes o administradores no constan debidamente inscritos, el notario no debe limitarse a una mera reseña del documento sino que debe dar fe de todas las circunstancias del mismo del que resulte que la representación voluntaria u orgánica está debidamente conferida.
            En cuanto al segundo defecto el deudor tiene su domicilio, según consta en el Registro, en (…) de Los Alcázares, por lo que existen dudas en cuanto a si la finca constituye su domicilio conyugal habitual, por lo que de ser así dicha finca debería adjudicarse por cantidad igual o superior al 60% del valor de tasación y no por el 50% de dicho valor, como consta en el citado decreto de adjudicación, cumpliendo así lo dispuesto en el art 671 y en la Disp.Ad. VI de la L.E.C. Por el contrario, la recurrente considera aplicable el art 670.4, puesto que el acreedor ejecutante presentó la mejor postura en la subasta, siendo la cantidad ofrecida superior al 50% de tasación de los bienes. En este caso la Dirección revoca el defecto: El art 670.4 en su párrafo tercero determina que se aprobará el remate a favor del mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50 por ciento del valor de tasación…. En este sentido el acreedor ejecutante puede concurrir a la subasta como postor cuando existan otros licitadores (art 647.2 por remisión del art 655.2) y ninguna norma excluye de manera expresa al acreedor ejecutante de la posibilidad que concede el art 670.4 párrafo tercero al mejor postor, siendo así que las previsiones contenidas en el art 671 lo son para el supuesto de subastas sin ningún postor. (MN)
            Registrador: Suspende la inscripción por cuanto el ingeniero certificante, se basa para emitir el juicio de antigüedad de las edificaciones en unas fotografías aéreas, con lo cual no cumple la exigencia legal de emitir una manifestación basada en sus conocimientos y estado material y real de la edificación. Y además al tratarse de dos edificios diferentes, cada uno de ellos constituyendo una única vivienda unifamiliar.

            Hechos: Se otorga una escritura de disolución de comunidad en la que prestan su consentimiento todos los comuneros. Alguno de esos bienes o partes indivisas de los mismos están inscritos con carácter ganancial por haber sido adquiridos por alguno de los comuneros en estado de casados. No comparecen los cónyuges de dichos titulares, que ahora están divorciados ni se acredita que esas participaciones gananciales fueran inventariadas y adjudicadas en la respectiva liquidación de la sociedad de gananciales.  Previamente a la escritura se ha dictado una sentencia obligando a elevar a público un contrato de venta de derechos hereditarios sobre bienes que forman parte de esa comunidad.


244. RETRIBUCIÓN ADMINISTRADORES: EL CONCRETO SISTEMA DEBE CONSTAR EN ESTATUTOS. Resolución de 17 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XIX de Madrid a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de una entidad.
I NSTALACl ON, PASO OPClONAL INSTALACION LA MENSULA DEL CABEZAL Determine dbnde va a instalar EN EL ClELO RASO la m6nsula cabezal Cieloraso sin acabado Pared Para evitar una posible LESIONGRAVEo INCLUSOLA MUERTE: delantera • La mOnsuladel cabezal DEBEquedar RiGIDAMENTEsujeta Linea central al soporte estructural en la pared delantera o en el cielo vertical de la...
            Hechos: Se otorga una escritura de compra por un Ayuntamiento de  dos bienes inmuebles para destinarlos a Biblioteca Municipal. La compra se hace por negociación directa, sin publicidad ni concurrencia de ofertas, por la especificidad de los bienes adquiridos y con la aprobación por Decreto del Alcalde. Posteriormente se presentan certificados complementarios del Secretario del Ayuntamiento y además el notario emite un juicio genérico de suficiencia de la representación del alcalde mediante diligencia subsanatoria, complementario de uno ya emitido en la escritura.
            No es posible mantener que en las solicitudes de información por cuenta de tercero, el art. 332.3 RH da el mismo trato a la cuestión de la acreditación del encargo (que dispensa en los supuestos que contempla) que a la cuestión de la identificación de la persona por cuya cuenta actúa (que no se dispensa en ningún caso). De otro modo, el derecho que al titular de los datos personales reconoce la legislación especial de conocer quién está solicitando información quedaría desvirtuado.

Si un accidente, aunque sea leve se repite, no asegura que el resultado de la repetición sea igual que antes. Lo que antes fue leve, al repetirse puede ser no solo grave, sino que incluso puede llegar a ser fatal. Nadie puede asegurar las consecuencias de un accidente, y lo único que resta es tratar de evitar que se repita. De ahí la importancia de una buena investigación del accidente.


            Reconociendo, como es la realidad, que ni la redacción ni la ortografía de la cláusula son afortunadas, añade que dicha cláusula “no sólo no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores de la forma social escogida (artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital y R. 5 de abril de 2013), sino que garantizan al titular del contrato de arrendamiento de servicios o de la relación laboral ordinaria (vid. R. 3 de abril de 2013 en relación a la doctrina del vínculo), que salvo acuerdo en contrario de la junta de socios su remuneración se adecuará anualmente a la del sector de que forme parte”.

Quizás volvería a recordarlo más tarde. Si hacía ciertas cosas sin cuestionarlas era porque tenía alguna memoria operativa, un fondo de remembranza. Por ejemplo, recordaba haber bebido, consumido drogas de prescripción —hipnóticos, una pastilla azul. Supe dónde me hallaba al despertar —mi oficina; mas resultaba extraño era estar allí pues asumía que despertaría en casa. Quizás era como esos personajes que sueñan que si cierran los ojos el mundo desaparecerá —o lo harán ellos. Quizás nada más me estaba volviendo demasiado viejo —bueno, lo estaba— y mi capacidad de fijar los eventos y sus circunstancias era más vulnerable al alcohol y las píldoras.
Los Grupos de Tarea (GT) estaban encargados de realizar los secuestros, generalmente de noche. Inmediatamente los detenidos-desparecidos eran llevados al CCD correspondiente, donde permanecían constantemente encapuchados y esposados. Allí eran severamente torturados e interrogados por los mismos integrantes de los GT. El tiempo de este período inicial de tortura variaba considerablemente, pero en términos generales puede decirse que oscilaba entre uno y dos meses. Con posterioridad a ese período inicial de tortura-interrogatorio, se disponía:
A partir de 2016 varios periodistas, funcionarios gubernamentales y editoriales de medios de comunicación comenzaron a poner en primer plano el cuestionamiento al número de 30 000 desparecidos que tradicionalmente había sido tomado como referencia simbólica del terrorismo de Estado en Argentina. Las organizaciones de derechos humanos han criticado esta tendencia a focalizar el debate en el recuento individualizado de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, como una forma de negacionismo.111​
Montecristo: una telenovela estrenada en 2006 por Telefe, dirigida por Miguel Colom, que tiene una trama de suspenso relacionada con las consecuencias actuales del Terrorismo de Estado sucia en la que dos protagonistas descubren que son hijas de desaparecidos. El programa tuvo un gran éxito de público y difundió masivamente la problemática del robo de bebés en la dictadura Argentina y la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.
             - Con posterioridad, sin embargo, se ha aclarado, para adecuar esa doctrina a los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia (véanse, por todas, las R. de 27 de julio de 2010, R. 10 de enero de 2011), que la exigencia de nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa, de manera que la suspensión de la inscripción por falta de tracto sucesivo cuando no se haya verificado tal nombramiento, y por ende no se haya dirigido contra él la demanda, debe limitarse a aquellos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico, y obviarse cuando la demanda se ha dirigido contra personas determinadas como posibles herederos, y siempre que de los documentos presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.
            Entiende la Dirección que es correcto arrastrar sobre las fincas de resultado la anotación de demanda que se solicitaba sobre la finca de origen, del acuerdo con el principio de subrogación real (arts. 122-1 y 174.4 del Reglamento de Gestión Urbanística y 51 y 54 TR Ley de Suelo) y de acuerdo con el  art. 10.3 del Real Decreto 1093/1997, la sentencia que finalmente se produzca va a operar sobre las fincas de resultado y no sobre la de origen, la cual ya fue cancelada como consecuencia del proyecto de compensación. Sin embargo entiende que no cabe la desinmatriculación de las fincas de resultado, tal y como ocurriría si se procediera a despachar el mandamiento en el extremo relativo a la cancelación de la finca de origen, porque para ello sería necesario instar al mismo tiempo la rectificación del total proyecto de compensación e implicaría acreditar haberse demandado judicialmente a los titulares del resto de las fincas resultantes del proyecto sobre las que no hubiese sido practicada la anotación preventiva de demanda (arts 1, 20 y 38 LH). Sin embargo lo que si cabría es inscribir la finca de resultado a favor de quienes la sentencia reconoce derecho sobre la finca, pero para ello es preciso que se especifique la identidad y cuota de cada propietario, aclarando la titularidad controvertida de las fincas de resultado. (arts. 9.4 LH, 51.9 y 54 RH y, fundamentalmente el art 7.10 y 7.11 RD 1093/1997). Por tanto, mientras el título judicial no determine concretamente las titularidades o porciones de titularidades a las que correspondan las fincas de resultado inscritas en sustitución de la finca de origen objeto del procedimiento, no podrá inscribirse definitivamente el derecho de dominio a favor de los verdaderos titulares; pero entretanto –por subrogación real– procederá el reflejo tabular de la sentencia por nueva anotación preventiva o al margen de la inscripción de la titularidad controvertida en las fincas de resultado, como este Centro Directivo ha admitido en ciertos casos para mayor claridad de la titularidad inscrita. Y por ello estima el recurso considerando que puede reflejarse tabularmente la sentencia en el folio de las fincas de resultado, pero confirma la nota de calificación en cuanto a la denegación de la cancelación de los folios de las fincas de origen ahora inexistentes. (MN)
            El Ayuntamiento recurre y alega, en primer lugar, que le llama poderosamente la atención que el registrador califique un trámite del procedimiento administrativo. Añade que se presentan informes favorables de todos los técnicos municipales para la adquisición de los bienes adquiridos de los que resulta la idoneidad de los bienes adquiridos para biblioteca municipal, función que ya desempeñaban de hecho, y que el juicio notarial emitido es un juicio de suficiencia.
            Y concluye diciendo que “en puridad bastaría con confirmar este extremo de la nota de calificación para finalizar el recurso, pues la falta de acreditación del impuesto impide al registrador entrar a calificar otras cuestiones. Pero por razones de economía procesal, y dado que el registrador ha anticipado su calificación respecto del contenido del documento, se procede a analizar el defecto observado relativo a la falta de aportación de los certificados de defunción, del Registro General de Actos de Ultima Voluntad y copia auténtica del testamento del causante.”, el cual defecto, advertido por el propio notario, confirma igualmente.
            Comentario: Están de plena actualidad las modificaciones estatutarias sobre retribución de los administradores, las cuales estaban necesitadas en muchos casos de las necesarias aclaraciones para adaptarlas con precisión a las exigencias de los artículos 217 y siguientes de la LSC, con la finalidad de que las mismas sean aceptadas por los órganos competentes de gestión tributaria.

            La DGRN revoca la calificación señalando que el consentimiento para la agrupación es un acto colectivo que compete a la Comunidad de Propietarios,  pero que puede ser adoptado de forma individualizada  en Comunidades con escaso número de propietarios. El consentimiento en tales casos corresponde prestarlo al nudo propietario, no al usufructuario, igual que ocurre en los actos de división material, obra nueva y división horizontal pues estos actos conllevan una mera transformación del régimen comunitario en otro distinto. La advertencia y necesidad de ratificación mencionada en la escritura por el notario la entiende como una cuestión formal al haber un mandatario verbal, pues además no se ha condicionado la eficacia del acto al consentimiento de dicha usufructuaria. (AFS)
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