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Volver arriba ↑ Bayer, Osvaldo; Borón, Atilio; Gambina, Julio (2010). «Apuntes sobre su historia y sus consecuencias. Conclusiones». El Terrorismo de Estado en la Argentina. Espacio Memoria. p. 217. ISBN 978-987-23578-7-0. «(...) si bien durante la última Dictadura militar el Terrorismo de Estado llegó extremos nunca vistos, sus raíces se hunden profundamente en nuestra historia.»

            c) Tercera etapa: es una etapa de revisión y modulación del criterio del servicio público o interés general, porque, llevado al extremo, traería como consecuencia la desaparición del Derecho privado –o derecho entre iguales- en toda relación jurídica que el ciudadano tuviera con la Administración, ya que, por principio, toda actuación de la Administración ha de estar presidida por un interés general. La consecuencia práctica sería que los ciudadanos deberíamos soportar indiscriminadamente el complejo mundo de privilegios de que está dotada la Administración.
Ref: 68260. Chalet adosado de dos plantas compuesto por cinco dormitorios y tres baños en la localidad de Talavera la Real, provincia de Badajoz. La vivienda se distribuye en dos plantas. La planta baja cuenta con porche, hall, salón-comedor, cocina, una habitación, un cuarto de baño, patio, y porche trasero destinado a garaje. La planta primera cuenta con cuatro habitaciones, dos cuartos de baño y terraza. Cuenta con puerta de entrada blindada, puertas de paso de madera, ventanasabatibles Climalit en aluminio blanco lacado, pintura plástica lisa en techos y paredes y suelos de plaqueta. Vivienda unifamiliar adosada de dos alturas sobre rasante destinadas a vivienda del año 2009. Se encuentra ubicada en una zona tranquila de nueva construcción a las afueras de la localidad de Talavera la Real denominada Residencial Princesa. Zona con buenas comunicaciones por carretera N-V. Además, dispone de estación de autobuses. Cuenta con un nivel medio en servicios e infraestructuras tales como hoteles cercanos (Hostal Arcos Talavera), instalaciones deportivas (piscina municipal), centros educativos (C. P. San José, IES Bachiller Diego Sánchez), centros sanitarios (Centro de salud de Talavera la Real), comercios y restauración. CE: G ... Leer más

Finalmente se realiza un expediente técnico, acordando las mejoras realizadas y el cumplimiento de los requisitos exigidos en cuanto a normativa y en materia de prevención de riesgos, una vez ya se hayan hecho los cambios mínimos necesarios buscando la seguridad de la misma y acordando la próxima visita si el sistema entra en un programa de mantenimiento de puertas de garaje.
            El otro defecto que señala el Registrador es la falta de claridad del negocio documentado donde, por un lado afirman que proceden a liquidar el patrimonio ganancial e incluyen en el activo del inventario la finca que nos ocupa, pero por otro, parece que lo que se pretende realizar es una disolución de la comunidad ordinaria existente sobre la finca: se dice que los consortes «son copropietarios por mitades indivisas de la citada vivienda», indicando a continuación que «desean que la misma se atribuya y asuma íntegramente la cantidad pendiente de pago del préstamo hipotecario a la esposa». A continuación se afirma de nuevo que la finca corresponde a los cónyuges por título de compraventa y a partes iguales, declarando que «desean cesar en la actual situación de indivisión y como el bien descrito no es divisible, se establecen los siguientes acuerdos: a D. ª D. S. G., se adjudica el citado inmueble, obteniendo el 100% en la titularidad de la vivienda». Parece, por tanto, que se está liquidando un bien que les pertenece en comunidad romana, cesando en la indivisión mediante su disolución. Pero, contradictoriamente con ello, la finca se inventaría como ganancial y en el apartado «Adjudicaciones» se añade «con estas adjudicaciones los cónyuges se dan por satisfechos en la liquidación de su sociedad de gananciales».
            A esta etapa de revisión y atenuación del criterio del servicio público o interés general responde la teoría de los actos separables, que está plenamente consolidada en la actualidad, incluso legalmente, como destaca la Resolución-: “… inicialmente propugnada en sede doctrinal, acogida posteriormente por la jurisprudencia y consolidada hoy día a nivel normativo (vid. arts. 20 y 21 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o el artículo 2.b) de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Según esta doctrina en los contratos privados de los entes públicos se han de distinguir dos aspectos: por un lado, el relativo a los efectos y extinción del contrato, que quedan sujetos a las normas de Derecho privado y cuyo conocimiento es competencia de la jurisdicción ordinaria; y por otro, la fase de preparación y adjudicación del contrato, la que hace referencia a la formación de la voluntad contractual del ente público y la atribución de su representación, que se rige por la normativa especial y cuya infracción corresponde revisar la jurisdicción contencioso-administrativa (vid. Resolución de 27 de marzo de 1999).
            En el presente caso, la DG tiene en cuenta que la magnitud del exceso de cabida no es desmesurada, sino sólo de un veinte por ciento sobre la cabida inscrita; que la nueva medición consta acreditada en plano o medición técnica incorporada al expediente de dominio, así como en la certificación catastral; y que aun siendo evidente e indiscutido que la finca procede de segregación, no resulta tan evidente la afirmación de la registradora de que, en base a ese simple dato, el exceso ahora pretendido, que es de tan sólo 40,91 metros cuadrados, pertenezca o se encuentre inscrito necesariamente en el resto de finca matriz, que mide más de 36.000 metros cuadrados. Por tanto, incluso cabría plantearse teóricamente la hipótesis de que el exceso de cabida se hubiera pretendido acreditar e inscribir por otros medios alternativos al del expediente de dominio.

Charo y Casillas tuvieron el amor y su añoranza. Risas, comidas, bebidas, cigarros. Las pieles húmedas. Los problemas comenzaron al tercer o cuarto año juntos. El médico se volvió reacio y distante cuando no agresividad viva. Ella tampoco era una borrega mansa. Casillas descubrió su lado bronco cuando la punta de un cuchillo volador aterrizó en el empeine de su pie izquierdo a modo de última palabra en una pelea doméstica.

            Comentario: Al igual que en otras resoluciones la DG sigue siendo muy rígida en materia de convocatoria de la Junta General. El caso planteado se centra en interpretar la expresión utilizada en la dimisión de aplazar el cese hasta que se reúna la junta general. Para el recurrente la dimisión se ha producido y en cambio para la DG, si bien el consejero ha dimitido, continúa en su cargo hasta que se cumpla la condición. Esto último plantea el problema de qué solución adoptar ante los casos que se dan  últimamente de señalar fecha al cese y nombramiento de administradores. A nuestro juicio los efectos del cese deben ser desde la fecha de la junta, sin que puedan aplazarse sus efectos y el nombramiento desde la aceptación, sin que tampoco puedan dilatarse sus efectos en el tiempo. No obstante se tratará de interpretar cada caso pues lo normal es que la escritura se presente cuando todos los plazos están cumplidos en cuyo caso la cuestión tiene una menor trascendencia. No obstante es una cuestión dudosa y pudiera ser importante a la hora de determinar las responsabilidades de los administradores.


INSTALACION DE LAS MI_NSULAS Figura 1 INSTALAClON EN EL CARRIL DE LA PUERTA (LADO DERECHO) Asegurese de que el abridor no este conectado a la corriente electrica. Carril de Instale y alinee las mensulas de manera que los sensores esten uno frente al otro en los lados opuestos de la i Reborde puerta, a una distancia mAxima de 15 cm (6 pulg.) del piso.
La fecha de entrega está basada en la disponibilidad en tiempo real del producto. La reserva del inventario se realiza únicamente hasta concluir la compra de los productos. Los productos que califiquen serán enviados el mismo día desde el centro de distribución con inventario más cercano si la compra se realiza antes de las 11:00 a.m. de lunes a viernes, hora tiempo del centro de la república mexicana.
Varios sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvieron también una activa posición opositora, declarando decenas de huelgas. En 1979 la Comisión de los 25 declaró la primera huelga general y en septiembre de 1981 la CGT convocó a la primera manifestación abierta contra la dictadura militar. Aún antes, con las huelgas prohibidas, se buscaron distintas formas de lucha como el "trabajo a tristeza" que desarrollaron militantes gremiales en Luz y Fuerza, ferroviarios y automotrices, que motivaron una ola de secuestros, entre ellos Víctor Vázquez del segundo, y Mario Marrero, joven comunista obrero de General Motors.
            Ahora lo que procede es saber si la ejecución hipotecaria es posible sin intervención de la esposa del hipotecante que figura en la inscripción de la titularidad del inmueble. Aplica aquí su reiterada doctrina sobre el requerimiento de pago al tercer poseedor según la cual, de acuerdo con la STS de 3 de diciembre de 2004 que ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación posterior (sentencia que aunque se dictó refiriéndose a la regulación anterior es aplicable con mayor razón al procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados regulado en la LEC de 2001, ya que en la legislación anterior sólo se exigía el requerimiento de pago al tercer poseedor -art. 131.3.ª tercero de la LH antes de su reforma-, mientras actualmente se exige que la demanda se dirija frente a tal tercer poseedor -art. 685.1. LEC-), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (art. 132 vigente de la LH).
            En cuanto al juicio de suficiencia notarial lo considera genérico y que no cumple lo dispuesto en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001, pues debería especificar porqué, a su juicio, tiene facultades suficientes para representar al Ayuntamiento teniendo en cuenta que el contrato se firma en base a un Decreto del Alcalde, sin intervención del Pleno, y por ello ha de justificarse que el Alcalde es el órgano competente para aprobar la adquisición por no exceder el precio de compra del 10% del presupuesto municipal conforme a la disposición adicional segunda de la LCSP (Decreto Legislativo 3/2011).
            b) Segunda etapa: comienza en el S.XX (en el asunto Terrier tratado por el Consejo de Estado francés en 1903) y perdura durante buena parte del siglo. Su fundamento reside en el criterio de servicio público, es decir, ya no se trata ya de una diferencia funcional entre acto de autoridad y acto de gestión sino de un criterio material o sustancial, el del servicio público.
            2.- Falta de legitimidad del interés alegado.- En la solicitud se alega como interés legítimo «investigación jurídico económica sobre crédito, solvencia y responsabilidad». La DGRN tiene declarado, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información. Para ello resulta fundamental, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.
            Que, aunque la regla general es que tiene que haber un mandamiento de cancelación en el que se especifique los asientos contradictorios a cancelar, para no caer en un excesivo rigor formalista hay que practicar la cancelación también en aquellos casos en que de la sentencia resulta indubitadamente  los asientos que tienen que ser cancelados, como ocurre en el presente supuesto en relación a dos inscripciones de dominio, estando claro también que no deben de ser canceladas las cargas existentes que no son objeto de la sentencia.
Jorge Eduardo Acosta, conocido como "el Tigre", era un capitán de corbeta jefe del grupo de tareas 3.3.2 que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada(ESMA) y de ese centro clandestino de detención. Era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA. En particular fue quien tomó la decisión de arrojar al río al grupo de monjas francesas Duquet y Domon y las madres de Plaza de Mayo Villaflor, Ballestrino y Ponce, así como la muerte de Dagmar Hagelin. Está procesado por delitos contra la humanidad en Italia y España. Con la anulación de la Ley de Obediencia Debida se reabrieron las causas en las que está involucrado.
            La exigencia de identificación por la DGRN, con independencia de la legislación sobre protección de datos, se funda en la LH, que desde su primera redacción, ha limitado la expedición de publicidad a «las personas que tengan interés» excluyendo consecuentemente de la publicidad a quien no se identifique debidamente. En la actualidad y, en el ámbito de las solicitudes ajustadas a modelos informáticos, el art. 222 bis exige la identificación del solicitante.

José Alfredo Martínez de Hoz, presidente de la empresa metalúrgica Acindar, quien fuera Ministro de Economía entre 1976 y 1980, fue enjuiciado penalmente en el caso del secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, propietarios de la algodonera SADECO. Martínez de Hoz había viajado a a Filipinas donde un grupo chino le habría solicitado intervenir para que los empresarios argentinos cumplieran un contrato comercial de dos millones y medio de dólares. Los Gutheim (padre e hijo) fueron secuestrados poco después de que Martínez de Hoz volviera de Filipinas, y durante su secuestro fueron llevados en dos oportunidades a negociar con los acreedores chinos y en una oportunidad a reunirse con el ministro. En 1990 Martínez de Hoz fue indultado por el presidente Carlos Menem. El 4 de septiembre de 2006 un juez declaró la nulidad del indulto y reabrió el caso que finalmente fue cerrado al fallecer el acusado.142​
Cuando quiso tomar mayor control del momento, el vacío incómodo que ocupaba el aire se deslizó a su cabeza y no pudo articular una sola palabra. Titubeó, farfulló un par de sonidos extraños y los médicos que un segundo antes no querían más que huir comenzaron a mirarse otra vez entre sí. Casillas sintió que perdía la compostura. Quiso decir algo más, luego intentó saludar, pero su cerebro enviaba las órdenes —pensó que enviaba una orden desde el cerebro—, la lengua no se enteraba del mandato y la boca seguía sellada.
En marzo de 2013 se inició el juicio ante el Tribunal Oral Federal 1 de Buenos Aires, sobre 110 casos de personas desaparecidas, finalizando el 27 de mayo de 2016, con la condena de 17 de los 15 acusados, quienes recibieron penas entre 8 y 25 años de prisión. Entre los condenados se encuentra el exmilitar uruguayo Juan Manuel Cordero, que recibió una pena de 25 años de reclusión.239​240​ El fallo define al Plan Cóndor como "una asociación ilícita" de alcance regional y registra la participación en el mismo de los Estados Unidos.241​
Bien. Ya había acomodado algunas cosas: era andaluz o había vivido allí la infancia —por ende, era andaluz. Le gustaban los sabores mediterráneos; debía conocer Tanger, Ceuta y Melilla —o quería mucho visitarlas. Le gustaban las mujeres; las más jóvenes, con morbo. Podía reconocer un perfume preciso sin pensarlo, así que debía haberlo comprado, regalado u olfateado a una proximidad inmediata. Así comprobó que, además de sabor, las memorias podían portar fragancias.

Fue concebida y diseñada por el entonces coronel chileno Manuel Contreras quien en 1975, redactó un extenso documento con las proposiciones para su funcionamiento. El primer paso hacia la organización se produjo a mediados de 1975 cuando el coronel chileno Mario Jahn, viajó a Paraguay y entregó al coronel paraguayo Benito Guanes, el documento de organización del mecanismo y lo invitó a participar en la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, realizada en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975. En esa reunión se decidió organizar la Operación Cóndor entre los seis países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Luego se sumarían, con distintos grados de compromiso, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Tuvo su centro de operaciones en Santiago de Chile y su principal coordinador fue Manuel Contreras, quien era conocido como "Cóndor Uno".
            2º En el procedimiento de ejecución directa nada impide reclamar al deudor por todo lo debido al acreedor aunque exceda de la cifra de responsabilidad hipotecaria, pero siempre que no existan terceros con cargas inscritas con posterioridad, ya que en tal caso la cifra de responsabilidad hipotecaria actúa como límite (art. 692.1 LECivil).
El Mercedes se detuvo sobre la acera, a más de trescientos metros de donde comenzó el derrape. Ya no era mi auto nuevo: un humo negro y agrio salía por el capó, doblado como un papel, y la bocina había quedado bloqueada en un bochinche irritante. Yo tenía la cara dolorida por el golpe del airbag y sentía el pecho caliente por el tirón del cinturón. Ni sé cómo estabas vos —¿otra vez dije vos?—. Cuando miré, no estabas a mi lado sino caída en la acera.

            En cuanto al segundo argumento del registrador, relativo a que no todos los titulares del dominio han sido demandados, señala que ello no es obstáculo para cancelar las inscripciones de dominio de los que sí fueron demandados, y respecto de los no demandados, de acuerdo con la reciente jurisprudencia del TS, el asiento debe de suspenderse en tanto el órgano judicial que ejecute la sentencia se pronuncie sobre si tuvieron o no suficiente intervención en el procedimiento judicial, pues es a ese órgano al que compete el alcance de la ejecución.
            Ahora bien, estos plazos se refieren sólo al embargo preventivo. Dicho precepto no dicta ninguna norma dirigida al registrador, no se señala un plazo de vigencia especial para la anotación de embargo preventivo, ni se establece la caducidad de la misma, por lo cual se debe aplicar el plazo general de caducidad de las anotaciones establecido en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria. (JDR)
            Ciertamente una disolución de condominio sobre distintos bienes no homogéneos puede conllevar consecuencias jurídicas distintas de las que resulten de su régimen general como afirma el registrador. Pero no resultando dicha circunstancia de la documentación presentada no es posible llevar a cabo una labor de investigación para determinar su existencia. Si existe un exceso de adjudicación tendrá las consecuencias determinadas por el ordenamiento (civiles y fiscales), pero si dicha circunstancia no resulta, no puede actuarse como si así fuere pues la actuación del registrador debe basarse en los hechos que se le ponen de manifiesto y no en conjeturas derivadas de hechos posibles. (JCC)
Volver arriba ↑ Periodista: ¿Cómo llega usted a ser juez durante la dictadura militar?. Zaffaroni: Yo soy juez en San Luis, en 1969, en 1973 fui procurador general de la provincia de San Luis, en el ‘75 fui juez federal de la ciudad de Buenos Aires, éramos tres nada más. Y en el ‘76, cuando viene el golpe, me degradan a juez de sentencia y ahí me quedé hasta el ‘84, cuando el gobierno constitucional me asciende a camarista. “No me gusta extraditar a un ciudadano argentino”, por Carlos Ares, Página 12, 30 de julio de 2003
            2.- Respecto a la alegación de que se trate de una mera mención en el sentido técnico-registral, también se rechaza, pues es reiteradísima la jurisprudencia del TS y de la DG admitiendo las reservas en el título constitutivo de propiedad horizontal, cuando son establecidas por el único propietario del inmueble para instrumentar y delimitar ciertas aspectos fundamentales de la misma siempre que no alteren o contradigan el régimen de propiedad horizontal; además no se trataría de una verdadera mención que se pueda cancelar conforme al art. 98 LH pues (R de 20 de junio de 2011) solo existe propiamente mención cuando el asiento registral se refiere a derechos, cargas o afecciones que, pudiendo acceder al Registro, no lo han hecho. De la citada Resolución se desprende que son circunstancias que excluyen la calificación de mera mención las siguientes: 1.º Que el derecho se constituya en el título presentado; 2.º Que el derecho, tal y como está configurado en el título, aparezca inscrito o anotado en el Registro de acuerdo a su naturaleza jurídica; 3.º Que el objeto del derecho aparezca identificado, y 4.º Que no tratándose de un derecho nominado o típico, en cuyo caso su mera denominación basta para identificarlo en su configuración básica, contenga una determinación suficiente de su contenido y alcance, o, en la terminología de la regla 2.ª del art 9 LH, su «naturaleza, extensión y condiciones», exigencias impuestas por el principio de especialidad. En el presente caso, las reservas estatutarias cuestionadas fueron constituidas en el propio título de división horizontal, fueron incorporadas a la inscripción registral, no se suscitan dudas sobre la identificación o delimitación de su objeto (planta bajo cubierta) y el contenido de los respectivos derechos (asignación de trasteros como anejos y medianería sobre las paredes no destinadas de la fachada) aparece suficientemente concretados. Por ello no puede afirmarse que estemos en presencia de la mera mención de derechos susceptibles de inscripción separada y no inscritos.
Hola hay varios restaurantes y pollerias a lo largo de dos cuadras y los comensales que no necesariamente estan al lado de mi casa se estacionan en la puerta de mi garage viendo incluso que mi auto esta ahi tengo emergencias o necesito salir y tengo que buscar en todos los restaurantes a veces se hacen los locos y no les interesa el malestar otros piden disculpas pero me comi el tremendo trabajo de buscarlos en varios establecimientos y algunos incluso al reclamo son malcriados y lisurientos, que puedo hacer con esto? tengo el letrero de no estacionar salen autos pero no tienen mayor reparo en aparcar igual vivo en Matellini Chorrillos podria hacer alguna denuncia efectiva contra estos abusivos?
            La DGRN revoca la calificación registral diciendo que “como pone de relieve el registrador en su acuerdo, la copia autorizada no puede existir antes de que haya sido emitida o librada (…). Resultando que la copia fue emitida por el notario autorizante mediante el uso de su firma electrónica reconocida y que lo fue el día 14 de marzo, fecha que coincide con la de su envío al Registro, el hecho de que el documento en formato PDF haga referencia a una fecha anterior, el día 13, pone de relieve una discrepancia que deberá ser subsanada oportunamente en términos que resulten coherentes con el sellado de tiempo asociado a la firma electrónica, pero que en ningún caso debe implicar el cierre del acceso al Libro Diario dados los trascendentales efectos que el ordenamiento atribuye a dicha circunstancia (artículos 17 y 24 de la Ley Hipotecaria).”   (JDR)
Entre los partidos políticos, mantuvieron una activa oposición varios grupos del Partido Justicialista, Franja Morada y el Movimiento de Renovación y Cambio pertenecientes a la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista Popular, el Movimiento al Socialismo, el Partido Intransigente, el Partido Comunista Revolucionario, entre otros. En 1980 las juventudes de estos partidos reorganizaron las Juventudes Políticas como instancia de acción conjunta, participando de las mismas las juventudes radical, peronista, socialista, comunista e intransigente. En 1981 cinco partidos (Justicialista, Radical, Intransigente, MID y demócrata-cristiano) con el apoyo del Partido Socialista Popular, organizaron la Multipartidaria para presionar al gobierno militar a retirarse y establecer un régimen democrático.
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            Problemas planteados y resueltos.- En relación con la herencia del padre, fallecido en 2013, la Resolución de la DGRN declara que no basta para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos a propósito de la plusvalía municipal en el artículo 254.5 la Ley Hipotecaria mediante la mera solicitud al Ayuntamiento de asistencia efectuada por el interesado, siendo, por otro, lado insuficientes las meras fotocopias. La DGRN sólo exige el cumplimiento de este requisito en relación con la herencia del padre fallecido en 2013, sin hacer referencia para nada a su aplicación a las herencias de la madre y del hijo fallecido respectivamente en los años 2001 y 2010, exigida por ambos registradores en sus calificaciones.           

Del mismo material y tecnología se pueden hacer las ventanas de interior o de exterior de toda la casa aportando las mismas características que las puertas, siendo su montaje y sistema de construcción muy sencillo. Son más baratas que las de acero pero por contra son menos robustas. Las puertas de acero son más pesadas y dan mayor seguridad al interior del hogar.
El país se había dividido en 5 zonas militares, correspondientes a los cinco cuerpos en que se dividía el ejército. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en subzonas y áreas. Cada uno de los jefes de zona, subzona y área tenía mando directo para la represión ilegal en su jurisdicción. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires era una subzona, ubicada dentro de la Zona 1; a su vez la subzona Ciudad de Buenos Aires, estaba dividida en 6 áreas.
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            Prescindir del viudo en la liquidación del régimen económico matrimonial; realizar conmutación de la legítima del viudo; realizar hijuelas para pago de deuda; o atribuirse funciones privativas del testador, como es la revocación de disposiciones o la valoración de los supuestos de desheredación. Tampoco constituye acto particional decidir si una legataria a la que se atribuye en el testamento la opción de ser legataria de parte alícuota o recibir en usufructo una finca ha cumplido o no la condición impuesta por el testador a la misma, sino que se trata de un presupuesto o cuestión previa a la propia partición, que sólo puede resolverse si se acredita que la interesada ha prestado su conformidad o ha sido resuelta la cuestión judicialmente en otro caso. Ni tampoco podría proceder a la disolución de comunidad existente con un tercero (cfr. Resolución de 14 de septiembre de 2009).
El prólogo original del libro Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por el escritor argentino Ernesto Sábato, empieza diciendo: «Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: "Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura".»277​ La investigadora Elizabeth Jelin afirma respecto de dicho prólogo que «allí se habla de las dos violencias, pero no en términos de equivalencias (interpretación habitual -a mi modo de ver equivocada- que dio lugar a la "teoría de los dos demonios") sino en términos de "escalada de violencias": hubo una violencia guerrillera que despertó una represión mucho más brutal. Y se trataba de un momento en que el clima político-cultural era de condena a la violencia».278​
            2.- Falta de legitimidad del interés alegado.- En la solicitud se alega como interés legítimo «investigación jurídico económica sobre crédito, solvencia y responsabilidad». La DGRN tiene declarado, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información. Para ello resulta fundamental, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.
            El registrador califica negativamente en base al artículo   238 del Reglamento del Registro Mercantil, el cual dispone que  «en caso de disolución por transcurso del término, la prórroga de la sociedad no producirá efectos si el acuerdo correspondiente se presentase en el Registro Mercantil una vez transcurrido el plazo de duración de la sociedad». Aclara el registrador que ya sólo es posible la liquidación de la sociedad y no la reactivación de la misma por impedirlo el artículo 370 de la LSC.
            Sin embargo, respecto de las fincas no inmatriculadas, aunque reconoce que no hay ningún precepto expreso que prohíba su inmatriculación por una vía distinta y previa a la de la aprobación del proyecto de reparcelación, “no puede obviarse que permitir el acceso al Registro de fincas no inmatriculadas, una vez conste producida la iniciación de un procedimiento reparcelatorio, sin conocimiento del órgano actuante, puede producir efectos adversos que van desde la más que probable doble inmatriculación de fincas de origen y resultado, si no se coordinan adecuadamente, hasta las repercusiones en cuanto a posibles posteriores adquirentes de la finca inmatriculada a los que, en el mejor de los casos, les sería de aplicación lo dispuesto en los artículos 14 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, es decir, la cancelación formal de sus asientos y, esta vez sí, el cierre registral del folio de la finca o fincas de reemplazo.
            Para la inscripción de un exceso de cabida el Registrador manifiesta dudas sobre la identidad de la finca, dudas que son confirmadas por la Dirección al concurrir varias circunstancias: el exceso que se pretende es del 60% de la finca, se cambia un lindero fijo, fue objeto de dos segregaciones por cesión al ayuntamiento que si bien no se inscribieron están documentadas y además, la misma finca fue objeto de una segregación anterior que no se tuvo en cuenta; por todo lo que puede deducirse que se produciría una doble inmatriculación al menos parcial respecto a otra finca registral a la que se agrupó la finca resultante de esta última segregación. (MN)
A causa del tiempo, el uso o un deficiente mantenimiento, los motores pueden acabar estropeándose. Problemas comunes es la rotura de la cadena o el deterioro de las partes que unen el motor con la caña o esta con el panel de la puerta y el eje. También es habitual que el motor se desconfigure. En el caso de puertas que están en exterior, aunque los motores están protegidos, las placas sufren más y se pueden averiar con más facilidad.
            Hechos: Se dicta una sentencia por la que se declara resuelto un contrato de permuta por obra futura (no garantizado con condición resolutoria expresa) por incumplimiento de una de las partes y se ordena la cancelación de las cargas existentes posteriores: una hipoteca unilateral no aceptada en favor de la Agencia Tributaria y dos anotaciones de embargo. Dichos acreedores no han sido demandados o citados en el procedimiento ni tampoco se ha anotado la demanda de resolución con carácter previo a la inscripción de dichas cargas.
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            Como cuestiones procedimentales, la resolución considera interpuesto dentro de plazo el recurso, ya que no constaba el consentimiento del presentante a la notificación del defecto por fax. También reitera la resolución, ante la petición del recurrente de retroacción de las actuaciones por la vía de la aplicación de la legislación de procedimiento administrativo común, la doctrina de la R. 23 de Abril de 2014 sobre la naturaleza especial del procedimiento registral. (JCC)
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