Fue concebida y diseñada por el entonces coronel chileno Manuel Contreras quien en 1975, redactó un extenso documento con las proposiciones para su funcionamiento. El primer paso hacia la organización se produjo a mediados de 1975 cuando el coronel chileno Mario Jahn, viajó a Paraguay y entregó al coronel paraguayo Benito Guanes, el documento de organización del mecanismo y lo invitó a participar en la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, realizada en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975. En esa reunión se decidió organizar la Operación Cóndor entre los seis países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Luego se sumarían, con distintos grados de compromiso, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Tuvo su centro de operaciones en Santiago de Chile y su principal coordinador fue Manuel Contreras, quien era conocido como "Cóndor Uno".
            Se plantea si es posible cancelar por caducidad las cláusulas 3.ª y 4.ª de los estatutos de una división horizontal del siguiente tenor literal: «3) En la planta bajo cubierta existe una planta de trasteros, reservándose la promotora el derecho de adjudicarlos como anejo a los pisos que crea conveniente, en el momento de la escritura de compra-venta o incluso con posterioridad, pudiendo asignar a cada piso un hueco o más, pudiendo quedar pisos sin dicho trastero, pero no podrán ser vendidos como independientes a personas que no formen parte del edificio. 4) Igualmente se reserva la promotora, con carácter exclusivo y aun en caso de venta de los pisos o locales, los siguientes derechos: a) El de medianería y arrimo sobre las paredes que no son fachada, en toda su extensión y altura. b) Y el de convertir la planta de trasteros en una vivienda, si así lo autorizasen las normas urbanísticas, para lo cual podrá por sí solo, y aunque estuviese vendido todo o parte del edificio, proceder al otorgamiento de escritura de obra nueva y propiedad horizontal, con arreglo a las siguientes normas: 1) Las nuevas cuotas serán de dieciséis con sesenta y seis centésimas cada una de las cuatro viviendas, (las tres actuales y la futura); la misma cuota la finca número uno; y dieciséis con setenta centésimas la planta baja. 2) Y el plazo máximo para hacer uso del citado derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento Hipotecario, será el diez años».
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            La Dirección confirma la nota de acuerdo con su reiteradísima doctrina: Para que la cancelación de las cargas posteriores hubiera sido posible, debió haberse presentado el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó. (MN)
            Supuesto: Se plantea si es inscribible una sentencia en procedimiento de divorcio que aprueba el convenio regulador y la liquidación de la sociedad de gananciales, adjudicando a la esposa la vivienda familiar, teniendo en cuenta que figura inscrita a nombre de ambos esposos por mitades indivisas con carácter privativo por compra en estado de solteros.
            No cabe duda de que la liquidación de los bienes adquiridos por los cónyuges en consideración a su vida en común es cuestión que debe incluirse en los efectos del cese de esa vida en común. Con mayor razón en el caso que nos ocupa, por tratarse de la vivienda familiar, lo que obedece al interés de los hijos; por lo que no hay razón para excluir la posibilidad de que el convenio regulador incluya la adjudicación de la vivienda familiar.
            Concluye que “debe, por tanto, resolverse la cuestión planteada mediante la aplicación de la norma de registro y valoración 19ª del Plan General de Contabilidad, que trata de «Combinaciones de negocios», entre las cuales incluye expresamente «la fusión o escisión de varias empresas» debiéndose aplicar, según se añade, «el método de adquisición descrito» en esta norma de la cual resulta que, “al igual que en el momento de constitución de la sociedad no cabe fijar una fecha de inicio de las operaciones sociales anterior a la del otorgamiento de la escritura, pero sí posterior al mismo y anterior a la inscripción en el Registro (artículo 24 de la Ley de Sociedades de Capital), también en el presente caso se podrá fijar una fecha de efectos contables coincidente con la del otorgamiento de la escritura, sin perjuicio de la aplicación de las restantes previsiones que contiene la misma norma de registro y valoración 19ª del Plan General de Contabilidad respecto de la inscripción registral, habida cuenta de la subordinación que en nuestra legislación mercantil tiene «la eficacia frente a terceros de los acuerdos alcanzados a la inscripción de la correspondiente escritura pública en el Registro Mercantil», como expresa el apartado IV de la Exposición de Motivos del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica precisamente, entre otras, la citada norma 19.ª”.
Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.
            El testamento se refiere a las cuotas satisfechas antes de su otorgamiento sin que ninguna virtualidad pueda tener en cuanto a la naturaleza privativa o ganancial los reembolsas posteriores a la fecha de compra y además el testador se limita a reconocer la existencia de una adquisición previa al inicia de la sociedad ganancial, si bien la referida a la vivienda familiar se satisfizo no con un precio aplazado, sino por un precio desembolsado íntegramente, al tiempo de la compra y por tanto lo único que existiría sería un dcho de rembolso a favor de la viuda por las cantidades del préstamo satisfechas durante el matrimonio. Por tanto atribuir carácter ganancial a un bien privativo, y adjudicarlo a la viuda, supone un acto dispositivo que va más allá de la interpretación que pueda hacer del testamento un contador partidor, y más sin la intervención de los herederos forzosos.

            Supuesto: Tras presentarse una escritura de compraventa, se presenta dos días después un mandamiento judicial en la que se ordena la suspensión de la inscripción de esa compra-venta y se abstenga de practicar operaciones en virtud de títulos otorgados por la entidad vendedora, “sin perjuicio de la prórroga del asiento de presentación de la compraventa” referida.
            La Ley Hipotecaria dedica su artículo 40 a especificar los distintos procedimientos de rectificación, dependiendo de cuál sea el origen de la inexactitud del Registro. Concretamente, dedica su apartado c) a los casos en que la inexactitud tuviere lugar por nulidad o error de algún asiento, en cuyo caso se remite a la regulación correspondiente, y el apartado d) cuando la inexactitud procediere de «la falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el asiento» exige consentimiento del titular o, en su defecto, resolución judicial.
Volver arriba ↑ Según una revista noticiera estadounidense, en una investigación de ese año bajo el título "El Tío in Trouble", habían en Argentina 30.000 miembros del ERP afiliados al terrorismo marxista.16​ El historiador Nicolás Márquez por otra parte, en su libro sobre el ERP titulado “El Vietnam argentino”, llega a la conclusión de que el ERP contaba con 7.200 miembros.[cita requerida]
Los militares argentinos comenzaron a realizar operaciones encubiertas que la CIA ya no podía realizar bajo la administración demócrata del presidente James E. Carter y en sintonía con los grupos más conservadores norteamericanos, comenzaron a proclamar que Estados Unidos había dejado inerme al hemisferio frente al comunismo y que ellos debían cumplir ese papel.73​
Para evitar lesiones accidentales y daños a pertenencias, todos los abridores de puertas fabricados o instalados en Estados Unidos a partir de 1993 deben tener un mecanismo de marcha atrás que se activa cuando se interrumpe el rayo de luz infrarroja. Para que funcione correctamente, el mecanismo de marcha atrás y el sensor de luz infrarroja deben estar instalados y configurados correctamente.
            El notario para emitir el juicio de suficiencia y valorar la legitimación para contratar del Alcalde tiene que hacer referencia a su nombramiento, a sus facultades genéricas como representante del Ayuntamiento, y a su legitimación  concreta o autorización para el acto de que se trate mediante la reseña de los trámites esenciales seguidos en el expediente administrativo, que ha de exhibírsele, o al menos mediante la incorporación de un certificado administrativo en el que consten dichos trámites esenciales del procedimiento. En el caso concreto no se justifica ni que el órgano competente para decidir la contratación sea el Alcalde, por ser inferior el precio al 10% del presupuesto, ni las razones legales que justifican el procedimiento excepcional elegido.
Cuidar los rodamientos del sistema por el que va guiada. Este tipo de portales suelen llevar una guía metálica embutida en el suelo sobre la que corren las ruedas, los rodamientos van engrasados en su montaje, pero con el paso de los años es recomendable volver a realizarlo y comprobar las holguras que estos presentan. Debamos controlar también el estado de la cremallera dentado o cadena de tracción.

            Entiende el Centro Directivo que, por causa de la primacía que debe reconocerse en nuestro ordenamiento registral al principio de legalidad, la expresión de algunos defectos en una primera nota de calificación no puede impedir que advertidos otros después se pongan de manifiesto en una segunda nota de calificación; aun habiendo recaído en el oportuno recurso resolución revocatoria de los previamente. Además, la notificación no puede equivaler a la inscripción, incluso sustituirla tal como se pretende en este caso, sin quiebra o merma de los principios básicos del sistema registral inmobiliario.  (JFME)

191. EJECUCIÓN JUDICIAL FINCA HIPOTECADA. COMPETENCIA TERRITORIAL DEL JUZGADO. Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de San Cristóbal de La Laguna n.º 2, por la que suspende la inscripción de un testimonio de un decreto judicial dictada en procedimiento de ejecución hipotecaria por el que se aprueba la adjudicación de la finca hipotecada a la entidad ejecutante y la posterior cesión del remate a la entidad aquí recurrente.

            La DGRN desestima el recurso por las discrepancias observadas en el caso concreto entre la descripción de la finca según el Registro y según Catastro, en particular la diferencia entre la superficie en ambas descripciones, superior al diez por ciento. Por otro lado confirma que el Registrador, para identificar la finca y fundamentar su calificación, puede hacer uso de las bases gráficas registrales basándose en la legislación que cita (artículos 9.1 de la Ley Hipotecaria y 33.4 de la Ley del Catastro). (AFS)
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La intervención de las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976 pone fin a un período histórico argentino. Se abre así una etapa de promisorias perspectivas ya que, cualquiera sea su evolución y resultados finales, el solo hecho de que se apunte al ordenamiento social y económico y se restituya el principio de autoridad, constituye un vuelco indiscutiblemente positivo.149​
Quiero saber si puedo quejarme y a donde, porque lo que me ha pasado es un abuso, hoy sabado cuando casi no hay carros estacionados por mi cuadra (en dias laborales para lleno) un par de policias de transito me han puesto un sticker amarillo de multa en la luna de mi carro por estacionar en mi espacio de Garage, saque el carro de mi cochera lo estacione en mi espacio de garage sin invadir la acera, saque al bebe de mi sobrina para llevarselo y la policia me habia puesto la multa, le aclare que era mi carro y que soy propietaria, pero no le importo y me dijo que no me sacaria la multa y wue me wueje donde me de la gana. Mas rato al conversar con los vecinos me contaron que les han hecho lo mismo. Es o no es abuso?

            En el supuesto objeto de recurso se ha aceptado que la incorrección deriva de un título en que se alteraron los linderos y de la documentación que se presentó a la registradora no podía deducirse ser otros los linderos que los que se reflejaron en los libros a su cargo y no puede tampoco, proceder, sin más, a la rectificación de los lindes de una finca que ya no existe como tal, pues ha pasado por agrupación a formar parte de otra finca.
El psicoanalista Hugo Vezzetti sostiene que "En vísperas del golpe, cuando las acciones de la guerrilla urbana se dirigieron abiertamente contra las Fuerzas Armadas y de seguridad era claro que no era el daño militar lo que buscaban sino una reacción que, ilusoriamente, debería profundizar la escalada hacia una futura confrontación mayor. La línea seguida suponía, brevemente, que el colapso del sistema institucional llevaría a una dictadura más brutal que la anterior, que sería incapaz de contener una oposición creciente y frente a la cual las organizaciones guerrilleras surgirían en una posición de liderazgo.185​183​Por su parte, Pilar Calveiro, politóloga y exdetenida-desaparecida que mantiene una posición crítica hacia la práctica de las organizaciones armadas en Argentina, afirma que "la táctica del terrorismo indiscriminado terminó cumpliendo un papel no menor en la modalidad y extensión de los procedimientos represivos de la dictadura".185​183​
            La registradora inscribe la resolución pero deniega la cancelación de cargas por no haber sido citados en el procedimiento los mencionados acreedores argumentando que se incumpliría el principio de tracto sucesivo respecto de dichas cargas si cancelara sus asientos y el principio constitucional de tutela efectiva que impide la indefensión de dichos titulares.
            Pero que «este principio general sobre el modo de actuar de los registradores no excluye sin embargo la posibilidad de una calificación adicional e incluso distinta a la que se haya podido producir en un primer momento en tanto que la actuación del registrador debe estar presidida por la aplicación del principio de legalidad por cuanto su obligación principal es poner de relieve aquellas circunstancias que impidan la modificación del contenido del Registro y la alteración de las presunciones aplicables a su contenido, pues, en caso contrario, estaría cometiendo una infracción muy grave.
242. EJECUCIÓN HIPOTECARIA DE FINCA INSCRITA A NOMBRE DE LOS CÓNYUGES CON ARREGLO A SU RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. VIVIENDA HABITUAL Y ART. 671 LEC. Resolución de 16 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de San Javier n.º 2, por la que se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación.

            Hechos: Se trata en esta resolución acerca de la inscribibilidad o no de una sentencia  de declaración de nulidad de un acuerdo social relativo a la renovación parcial de un consejo de administración. Para ello se presenta el testimonio de la sentencia firme, junto con un mandamiento, de la  secretaria del Juzgado de lo Mercantil, del que resulta que siendo firme la sentencia, ha recaído diligencia de ordenación de la propia secretaria en la que acuerda librar el mandamiento al Registro Mercantil a fin de que proceda a «la cancelación de los asientos relativos al acuerdo impugnado” que se especifica debidamente por el punto del orden del día de la junta que lo adoptó.
            No puede confundirse la finalidad de la norma, que no es otra que facilitar la actuación de solicitantes de información por cuenta de terceros que, por su carácter de actores del mercado están dispensados de acreditar el mandato recibido, con el derecho que corresponde al titular de datos personales a saber quién está solicitando información de los mismos, derecho que debe quedar salvaguardado en cualquier caso. En consecuencia con lo anterior, deberán completarse los datos del peticionario de forma que quede convenientemente identificado.

PROGRAMMING NOTICE: If this Security.l_ garage door opener is operated with a non-rolling code transmitter, the technical measure in the receiver of the garage door opener, which provides security against code-theft devices, will be circumvented. The owner of the copyright in the garage door opener does not authorize the purchaser or supplier of the non-rolling code transmitter to circumvent that technical measure, Your garage door opener has already been programmed at the factory to operate with your hand-held remote control, The door will open and close when you press the large push button,...
Luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas el gobierno militar se vio debilitado hasta el punto de tener que llamar a elecciones democráticas sin condicionamiento alguno para el 30 de octubre de 1983. Pocos meses antes el gobierno militar dictó la Ley 22.924 conocida como Ley de Autoamnistía.211​ Esta ley fue un acto desesperado del gobierno militar en retirada y fue reiteradamente declarada inconstitucional incluso durante los meses finales del Proceso de Reorganización Nacional. El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, el presidente Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la ley de auto-amnistía y una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.212​

            No existe en sede de acta notarial un precepto similar al art. 285 RH, aplicable sólo en sede judicial y que dice : «…sin que se pueda exigir al que promueva el expediente que determine ni justifique las transmisiones operadas desde la última inscripción hasta la adquisición de su derecho». Para el Centro Directivo, eso sólo es aplicable a los procedimientos judiciales y además están circunscritos a supuestos excepcionales en los que no sea posible –y así se exprese en el mandamiento– identificar la cadena de títulos intermedios.


            La DGRN desestima el recurso. Dice que, en el excepcional supuesto del art 432.1, “Aquí el principio de prioridad no juega, de manera que la medida cautelar consiste precisamente en que el juez -con las garantías de "bonus fumus iuris", prestación en su caso de caución y audiencia de los afectados- ordena al registrador que se abstenga de calificar y despachar un título ya autorizado incluso ya presentado en el Registro de la Propiedad.”  (…) “El carácter específico del artículo 432-1.º-d del Reglamento Hipotecario obliga al registrador a suspender la inscripción aunque el título cuya inscripción se pretende esté presentado con anterioridad. Es la finalidad propia de este precepto y de esta medida cautelar en cierta medida excepcional.” (JDR)
La chica obedecería, pero antes solicitó un segundo, fue hasta la mesa y tomó el envoltorio. De inmediato volvió a la cama y acercó la camisa y el pantalón al médico, que los recibió de pie. Luego, como si fuese parte de un rito, se detuvo ante Casillas y extendió el paquete con ambas manos, a modo de ofrenda. El papel del envoltorio tenía un fondo rojo recortado por infinitos rombos amarillos.
            La DGRN desestima el recurso señalando que el registrador no puede entrar a calificar el fondo del asunto de la resolución judicial pero sí determinados extremos formales del procedimiento, que esa intervención tiene por finalidad proteger a los titulares registrales de derechos que no han sido parte en el procedimiento y que de otro modo serían objeto de indefensión, citando para ello los principios de tutela judicial efectiva con proscripción de la indefensión, tracto sucesivo y varias normas y sentencias.
            Dada la minoría de edad de uno de los herederos forzosos, se formaliza, sin la intervención de ninguno de ellos,  un acta de protocolización de las operaciones de liquidación de la 2ª sociedad de gananciales, otorgada por la viuda y el contador nombrado, en la que se incluye como bien ganancial la referida vivienda que constituía el domicilio familiar, respecto de la cual, pese a haber sido adquirida por compra anterior al segundo matrimonio, ambos otorgantes manifiestan que el causante había confesado su carácter ganancial en su testamento, y por tanto lo consideran un bien de índole ganancial.
Los ruidos, aquí, sacan de la vigilia, tenebrosos como en todo hospital. Una bandeja de aluminio que golpea los cerámicos hiela la sangre. Los guardias que escuchan un partido de fútbol en la radio y gritan un gol, sobresaltan. El aullido de un psicótico eriza los pelos. Recuperas la calma cuando los enfermeros acaban con él a los palos. También ellos gritan, pero la violencia del orden es el pronunciamiento de la civilización que restaura la pax romana.
            Se debate la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario en lo relativo a la estipulación sobre el procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, cuando se señala como domicilio para la práctica de los requerimientos y notificaciones a que haya lugar, “el de la finca hipotecada y descrita bajo el número uno, sobre la que se ejercite el procedimiento”
Volver arriba ↑ Bayer, Osvaldo; Borón, Atilio; Gambina, Julio (2010). «Apuntes sobre su historia y sus consecuencias. Conclusiones». El Terrorismo de Estado en la Argentina. Espacio Memoria. p. 217. ISBN 978-987-23578-7-0. «(...) si bien durante la última Dictadura militar el Terrorismo de Estado llegó extremos nunca vistos, sus raíces se hunden profundamente en nuestra historia.»

            El registrador suspende la inscripción al entender que no se ha cumplido lo preceptuado en las normas que regulan la competencia en el procedimiento de ejecución de bienes hipotecados, al no haberse respetado la competencia del Juzgado correspondiente al término municipal donde radica la finca objeto del expediente (cfr. artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
El 3 de mayo de 2017 la Corte Suprema dictó una sentencia admitiendo que los criminales condenados por delitos de lesa humanidad puedan computar doble el tiempo que estuvieron detenidos antes de ser condenados, a partir de los dos años de prisión preventiva. La sentencia se dictó en la causa "Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario" (CSJ 1574/2014/RH1) y benefició a Luis Muiña, culpable de cinco delitos de lesa humanidad y condenado en 2011 a trece años de prisión, luego de haber estado detenido preventivamente desde 2007. La Corte consideró aplicable al caso el artículo 7 de la Ley Nº 24.390, conocida como Ley del Dos por Uno, que estuvo vigente entre 1994 y 2001. El fallo fue dictado por tres votos a favor (Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) y dos votos en contra (Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda).226​ La sentencia fue cuestionada por las organizaciones de derechos humanos y un amplio espectro de organizaciones y personalidades nacionales e internacionales, que la consideraron un acto de impunidad, asociándola con las llamadas leyes de impunidad, sancionadas durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, desencadenando varias denuncias penales contra sus autores y pedidos de juicio político.227​
Cuando quiso tomar mayor control del momento, el vacío incómodo que ocupaba el aire se deslizó a su cabeza y no pudo articular una sola palabra. Titubeó, farfulló un par de sonidos extraños y los médicos que un segundo antes no querían más que huir comenzaron a mirarse otra vez entre sí. Casillas sintió que perdía la compostura. Quiso decir algo más, luego intentó saludar, pero su cerebro enviaba las órdenes —pensó que enviaba una orden desde el cerebro—, la lengua no se enteraba del mandato y la boca seguía sellada.
            Otra cosa sería la determinación de las cuotas que correspondan a cada uno de los nuevos elementos, donde el acuerdo será inevitable en aquellos casos en los que no se establezca en la cláusula estatutaria el método de cálculo para la fijación de dichas cuotas, circunstancia que por sí sola constituiría un obstáculo para el acceso al Registro de la cláusula exoneradora, dado que sería necesario en todo caso al acuerdo de junta para su fijación, perdiendo su sentido dicha cláusula. La determinación del sistema de cálculo es además una exigencia dimanante del principio de seguridad jurídica, que va a permitir tanto al registrador  en sede de calificación registral, como al notario autorizante del título en el momento de su otorgamiento, establecer la adecuación de las cuotas al método de cálculo recogido en la norma estatutaria, con independencia de la actuación que pueda acordarse por los órganos de la comunidad conforme a lo dispuesto en los arts. 7 y 10.3.b LPH caso de producirse algún tipo de discrepancia. (MN)
La casa número 6609-B de Escondido Drive corresponde al sector de clase media baja. Su valor aproximado es de entre 80 mil y 120 mil dólares. Es de una sola planta y, aunque tiene cochera, comparte jardín con el predio vecino. Proceso y MCCI se equivocaron de dirección. El reportero tocó el timbre de la casa del 6609-A. Al tercer timbrazo una mujer abrió la puerta.
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