En el marco de la reapertura de los juicios el 19 de septiembre de 2006 se produjo una histórica sentencia condenando a Etchecolatz a reclusión perpetua, en la que el tribunal aceptó por primera vez la figura del "genocidio", como marco en el que se produjeron las violaciones de derechos humanos. Etchecolatz ya había sido condenado a 23 años de prisión en 1986 por violaciones de los derechos humanos, pero fue liberado gracias a las normas de impunidad.222​ Al día siguiente Jorge López, testigo clave en el caso desapareció sin dejar rastros.223​
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            Comentario.- Este criterio de la DGRN va a generar mucha inseguridad jurídica y parece contrario al principio de legalidad al no estar regulada la limitación por ninguna norma. Y es que no hay nada más subjetivo, a falta de regulación legal, que determinar cuándo hay objetivamente un conflicto de intereses, sobre todo porque hay que poner un límite al grado de  vinculación del apoderado con los terceros para considerar que existe tal conflicto. Por ejemplo, ¿habrá conflicto de intereses con los cuñados o parientes más alejados a los que  el apoderado no ve casi nunca o no tiene ninguna relación y no lo habrá con una amigo cercano no pariente? ¿Y los notarios, qué tendremos que hacer para evitar responsabilidades, quizá preparar una especie de cuestionario estandarizado de incompatibilidades o vinculaciones al apoderado?
Muy buena tengo una consulta, tengo un comercio ubicado en una avenida principal frente a un semanforo y mi la vereda esta pintada de amarillo es posible detener un vehículo con las luces intermitentes para descargar mercadería nosotros descargamos a partir de las 5 pm que es cuando hay pocos autos pasando por ahí obviamente no bloqueamos el crucero peatonal ni en las mañanas ni en las tardes pero a veces los policía le digo y son comprensibles y otras veces no y nos piden que retiremos el vehiculo
235. ACREDITACIÓN PLUSVALÍA. CALIFICACIÓN SUSTITUTORIA. DERECHO DE TRANSMISIÓN: NO NECESIDAD DE INTERVENCIÓN DEL CÓNYUGE DEL TRANSMITENTE. Resolución de 11 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 3 a inscribir una escritura de protocolización de cuaderno particional y adjudicación de herencia.
            A continuación entra en la interpretación del artículo 20 de la LE diciendo que “su intención no es otra que sectorizar (es decir, enmarcar en un sector determinado por referencia a códigos preestablecidos) el conjunto de las actividades económicas llevadas a cabo por cualquiera que ejerza una actividad empresarial o profesional (vid. artículo 3 de la Ley 14/2013). Igualmente, resulta que el objetivo se lleva a cabo bajo los principios de obligatoriedad, universalidad y unicidad”.
Las puertas automáticas pueden ser puertas de aluminio, las cuales son mas baratas o de chapa y se presentan como un excelente opción en el caso de disponer de un amplio hueco que necesites cubrir y que va a tener que soportar una frecuencia de uso bastante elevada, sobre todo gracias a disponer de una gran estabilidad proporcionada tanto por su automatización (que permitirá que no necesites ni bajar del coche para accionar su apertura) como por su sistema de cierre.

            En cuanto al fondo de la cuestión considera que los códigos consignados “se corresponden con los que contiene la relación aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 abril; en concreto el código 41.1 se refiere al grupo «Promoción Inmobiliaria», el 41.2 al grupo «Construcción de Edificios», el 68.1 al grupo «Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia», el 68.2 al grupo «Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia» y el 68.3 a «Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros» y que “la mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» como expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la inscripción ya que, por un lado, es irrelevante en los supuestos numerados como 41.1, 68.1 y 68.2 por carecer de posteriores subdivisiones y, por otro, no implica confusión sobre la actividad a que se refiere”.
            En nada desvirtúa lo anterior el hecho de que el peticionario sea un gestor administrativo. El art. 332 RH tuvo como finalidad incorporar al Reglamento las exigencias de la legislación de protección de datos por lo que si de la misma resulta el derecho del titular de los datos a tener conocimiento de la persona que demanda información al respecto es claro que la dispensa que el mismo establece no se puede referir a este aspecto.

INSTALACION DE LAS MCNSULAS Figura1 INSTALACION EN EL CARRIL DE LA PUERTA (LADO DERECHO) Asegurese de que el abridor no este conectado a la corriente electrica. Carril de Instaie y alinee ias mensulas de manera que los sensores esten uno frente al otto en los lados opuestos de la _ Reborde puerta, a una distancia maxima de 15 cm (6 pulg.) del piso.

El desgaste normal es un proceso natural a todo equipo o material, el uso y el tiempo lo producen. Llega un momento en que dicho desgaste se convierte en una condición subestándar. Antes de que se produzca ese momento debe actuarse para evitar el riesgo. Es fundamental para ello llevar una bitácora del equipo, material o repuesto para saber con certeza cuando cambiar o reparar.


            Y en particular, destaca que “el documento que debe estar presentado a liquidación es el mismo que se va a inscribir y no otro. El hecho de que se haya liquidado el impuesto mediante declaración privada, no implica que no deba presentarse ante los órganos competentes la escritura pública otorgada, ya que debe ser la oficina tributaria quien compruebe la exactitud de los hechos imponibles y la correspondencia de los demás datos contenidos en ambos documentos y quien determinará, en su caso, la no sujeción de la escritura por haberse satisfecho ya el impuesto, sin que el notario, que nuevamente se limita a recoger una manifestación de parte, ni el registrador tengan competencia para ello”. (JDR)

            b) Segunda etapa: comienza en el S.XX (en el asunto Terrier tratado por el Consejo de Estado francés en 1903) y perdura durante buena parte del siglo. Su fundamento reside en el criterio de servicio público, es decir, ya no se trata ya de una diferencia funcional entre acto de autoridad y acto de gestión sino de un criterio material o sustancial, el del servicio público.

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230. RENUNCIA DE ADMINISTRADOR ÚNICO SL. NOTIFICACIÓN Y CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL. Resolución de 6 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles I de Pontevedra, por la que se rechaza la inscripción de una escritura pública de renuncia de administrador único.
               b)  No cabe admitir el criterio del Ayuntamiento que, siguiendo la doctrina superada del interés general y del servicio público, argumentaba que el contrato celebrado era un contrato administrativo especial (de los del apartado b) del artículo 5.2) por estar vinculado al giro o tráfico específico de la Administración contratante, para satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública específica competencia de aquélla o porque así lo declare la ley, circunstancias que entiende concurren en este caso al tratarse de contratos de venta de parcelas destinadas a la construcción sobre las mismas de viviendas de promoción pública, y estar vinculada dicha finalidad con las competencias urbanísticas del Ayuntamiento, entendiendo que si dicha finalidad urbanística no se cumple por el adjudicatario, debe ser cumplida por el propio Ayuntamiento, lo que requiere la resolución del contrato.
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Finalmente el mismo 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres primeras juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas de 1982, excluyendo así a la última junta que decidió entregar el poder a un gobierno elegido democráticamente sin condicionamientos.
            La DGRN, en cuanto a la primera cuestión, resuelve que la certificación catastral descriptiva y gráfica y coincidente es exigible en cualquier clase de inmatriculación (artículo 53.7 de la Ley 13/1996), no así el requisito adicional de que la finca esté catastrada a favor del transmitente o del adquirente, que prevé el art. 298 RH en relación a la inmatriculación en virtud de título público, y que no es aplicable a la inmatriculación por expediente de dominio (R. 16 de octubre de 2012) ni a la inmatriculación por la vía de la certificación administrativa regulada en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria.
250. PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE ESCRITURA. DISCREPANCIA DE FECHAS ENTRE LA INDICADA EN LA DILIGENCIA DE EXPEDICION DE COPIA  Y LA DERIVADA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Icod de los Vinos, por la que se deniega la extensión de asiento de presentación de copia autorizada electrónica de escritura pública.
El 31 de enero de 1983, algunos de los familiares de los desaparecidos alemanes, como Idalina R. de Tatter y María Christina Bogado Tatter, denunciaron al Ministro alemán de Relaciones Exteriores, Hans Dietrich Genscher, por denegación de auxilio solicitado en caso de necesidad urgente. Ellas fundamentaron la denuncia presentando como ejemplo los secuestros y desaparición forzada de Jorge Federico Tatter, secuestrado de su domicilio el 15 de octubre de 1976 y de Claudio Manfredo Zieschank, secuestrado de su centro de prácticas pre-profesionales en Buenos Aires el 26 de marzo de 1976. Los familiares de los desaparecidos explicaron el desinterés del gobierno federal alemán de Relaciones Exteriores en prestar ayuda a los secuestrados por la dictadura militar Argentina. Esta denuncia fue archivada muy pronto por la Fiscalía de Bonn. En mayo de 1998, los familiares de los desaparecidos alemanes volvieron a realizar en Alemania una denuncia penal por los secuestros o desaparición forzada de Betina Ehrenhaus, Marcelo Weisz, Jorge Federico Tatter y Gerardo Coltzau, durante los años de la última dictadura militar Argentina. Más tarde denunciaron los secuestros y homicidios de Elisabeth Kaesemann y Claus Zieschank, contando para esto con el apoyo de la Coalición contra la Impunidad.

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            En cuanto al fondo de la cuestión considera que los códigos consignados “se corresponden con los que contiene la relación aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 abril; en concreto el código 41.1 se refiere al grupo «Promoción Inmobiliaria», el 41.2 al grupo «Construcción de Edificios», el 68.1 al grupo «Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia», el 68.2 al grupo «Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia» y el 68.3 a «Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros» y que “la mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» como expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la inscripción ya que, por un lado, es irrelevante en los supuestos numerados como 41.1, 68.1 y 68.2 por carecer de posteriores subdivisiones y, por otro, no implica confusión sobre la actividad a que se refiere”.

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            4. Se alega incongruencia de la calificación con otras anteriores y también se rechaza ya que el registrador en su calificación no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación. 

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