215. INMATRICULACIÓN POR HERENCIA Y EXTINCIÓN DE COMUNIDAD. Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Rute por la que se deniega la inmatriculación de una finca pretendida en virtud de una escritura de adjudicación en proindiviso y disolución de condominio.
            El testamento se refiere a las cuotas satisfechas antes de su otorgamiento sin que ninguna virtualidad pueda tener en cuanto a la naturaleza privativa o ganancial los reembolsas posteriores a la fecha de compra y además el testador se limita a reconocer la existencia de una adquisición previa al inicia de la sociedad ganancial, si bien la referida a la vivienda familiar se satisfizo no con un precio aplazado, sino por un precio desembolsado íntegramente, al tiempo de la compra y por tanto lo único que existiría sería un dcho de rembolso a favor de la viuda por las cantidades del préstamo satisfechas durante el matrimonio. Por tanto atribuir carácter ganancial a un bien privativo, y adjudicarlo a la viuda, supone un acto dispositivo que va más allá de la interpretación que pueda hacer del testamento un contador partidor, y más sin la intervención de los herederos forzosos.
            El Ayuntamiento recurre alegando que el bien objeto de inmatriculación es un vial público afecto al servicio público, ubicado en suelo urbano consolidado y por sus características y calificación jurídica, no se encuentra incluido en el catastro de bienes inmuebles de naturaleza urbana; y realizando diversas consideraciones en relación con la existencia de esas supuestas fincas registrales descritas como viales Camino del Campamento.
            2º.- Otra finca resulta que no está inscrita a favor del causante, alegando el recurrente que se ha presentado un documento privado de partición de la que resulta estar adjudicada la finca al causante actual. También se confirma por el principio de tracto sucesivo (art. 20 LH) y el de legalidad de art. 3 LH según el cual para que aquella partición pudiera ser inscrita deberá estar consignada en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o por sus Agentes, en la forma que prescriben los reglamentos.

226. DISOLUCIÓN DE COMUNIDAD EN CONVENIO REGULADOR. Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Gandesa por la que se suspende la inscripción de un testimonio de sentencia recaída en procedimiento de divorcio.


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A pesar de sus diferencias los CCD fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos los CCD contaban con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad, y un centro de viviendas para los torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico. En algunos casos hubo servicios religiosos permanentes para el personal militar.
            Por otro lado puede ocurrir que la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma no prevea tal licencia para los casos de modificación hipotecaria en propiedad horizontal (segregación, agrupación, etc) . Entiendo que para cumplir con lo dispuesto en la LH habrá que solicitar del Ayuntamiento la licencia urbanística pertinente o alternativamente la declaración de innecesariedad de licencia y ello para cada caso concreto pues parece claro que la norma exige un control administrativo previo en todos los casos. (AFS)
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A las causas ambientales de los accidentes las hemos llamado condiciones subestándares. En general, las condiciones subestándares se definen como cualquier condición del ambiente de trabajo que puede contribuir a un accidente. Estas condiciones del ambiente de trabajo esta conformado por el espacio físico, herramientas, estructuras, equipos y materiales en general, que no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos físicos del trabajo.
Después de todo, Eric no se ajustó al estereotipo del “hombre típico”. Ella era “increíblemente sensible”, dijo su madre. Se fijaba en las mariposas, las flores, cómo todo estaba puesto en la mesa. Ella era una apasionada de las artes y le encantaba cantar. Fue al Miami City Ballet con su madre. Si alguien estaba solo, o parecía ser un inadaptado en una de sus escuelas —primero en St. Christopher’s Montessori School y más tarde en MCA Academy — Eric se hacía amigo de esa persona, aunque fuera algo tan simple como un “hola” o una oferta para compartir un bocado de su almuerzo.

El movimiento estudiantil también mantuvo una precaria organización clandestina fundamentalmente a través de la Federación Universitaria Argentina. Una investigación más seria del período permite ubicar en los primeros años del golpe esfuerzos importantes por parte de los secundarios, principalmente las prohibidas y perseguidas revistas estudiantiles, que llegaron a más de un centenar en todo el país, y fueron base de la reorganización de los prohibidos centros estudiantiles. En el caso universitario el motivo movilizador fue la lucha contra el arancelamiento que impulsó el ministro Moyano Llerena, llegándose en 1980 a juntar 20 000 firmas en petitorios. En ambos casos, secundarios y universitarios, la coordinación entre las juventudes políticas fue decisiva, y aún más cuando se tomó la decisión de volver a ganar las calles, con movilizaciones de las agrupaciones en Rosario y Capital que fueron violentamente reprimidas.

El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal de la Capital Federal (tribunal civil) tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. El fiscal fue Julio César Strassera y el fiscal adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos.


Volver arriba ↑ En 2009, el ex general Mario Benjamin Menéndez, ex gobernador de Malvinas cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos y acusó de mentiroso al general Martín Antonio Balza por las duras críticas que le hizo en el libro "Malvinas: Gesta e Incompetencia" y lo acusó también de haber inventado “la historia de que no participó de la guerra contra el terrorismo”.“Galtieri no se daba cuenta de que nos estaban derrotando” Por Hernán Dobry. Perfil.com 2007
El mantenimiento siempre debe ser realizado siempre por técnicos especialistas con formación actualizada, que realicen estas tareas de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante y, en el caso de que no se disponga de esta información, estableciendo unas periodicidades óptimas de mantenimiento y revisión, también se exigen unos componentes mínimos de seguridad que deben tener las puertas de garaje automáticas ya instaladas.
A las causas ambientales de los accidentes las hemos llamado condiciones subestándares. En general, las condiciones subestándares se definen como cualquier condición del ambiente de trabajo que puede contribuir a un accidente. Estas condiciones del ambiente de trabajo esta conformado por el espacio físico, herramientas, estructuras, equipos y materiales en general, que no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos físicos del trabajo.
            El registrador suspende la cancelación porque la finca fue aportada a una junta de compensación originando cinco fincas de reemplazo independientes sobre las cuales se arrastró anotación de demanda, Y entiende que hace falta indicar si se quiere cancelar dichas fincas de reemplazo, inscribir el derecho de participación que ostenta el actor en el caudal relicto de la finca aportada en las fincas de reemplazo, o si se procede a realizar la correspondiente segregación aportando las oportunas licencias administrativas.
            Efectivamente el notario “ha omitido toda referencia a su eventual inscripción en el Registro Mercantil, a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o especial del citado poder” teniendo sobre todo en cuenta “que tratándose de poderes inscritos en el Registro Mercantil, al juicio de suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (cfr. artículo 20 del Código de Comercio)”.
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Mire, nuestra actitud básica es que queremos que tengan éxito. Yo tengo una visión pasada de moda de que los amigos deben ser apoyados. Lo que no se entiende en los Estados Unidos es que ustedes tienen una guerra civil. Leemos sobre problemas de derechos humanos pero no vemos el contexto. Cuánto antes triunfen mejor. El problema de derechos humanos está creciendo. Vuestro embajador puede informarle. Queremos una situación estable. No queremos causar dificultades innecesarias. Si pueden terminar antes de que el Congreso vuelva, mejor. Cualquier libertad que ustedes pudieran restaurar ayudaría.188​
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            Ciertamente una disolución de condominio sobre distintos bienes no homogéneos puede conllevar consecuencias jurídicas distintas de las que resulten de su régimen general como afirma el registrador. Pero no resultando dicha circunstancia de la documentación presentada no es posible llevar a cabo una labor de investigación para determinar su existencia. Si existe un exceso de adjudicación tendrá las consecuencias determinadas por el ordenamiento (civiles y fiscales), pero si dicha circunstancia no resulta, no puede actuarse como si así fuere pues la actuación del registrador debe basarse en los hechos que se le ponen de manifiesto y no en conjeturas derivadas de hechos posibles. (JCC)
            Que la petición de anotación preventiva de la sentencia en el recurso por el recurrente desvirtúa el sentido del recurso puesto que se solicita algo que no fue solicitado en su día y en base a un fundamento que carece de relación con el recurso. No obstante entra a conocer el fondo de las cuestiones que plantea la calificación por razones de economía procesal.
            2º. Considera que la fecha a efectos contables sólo puede ser la fecha de inicio del ejercicio, si se trata de una operación intragrupos (apartado 2.2.2 de la Norma de Registro y Valoración 21, operaciones entre empresas del grupo, incluida en el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 6 de noviembre, modificado por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre), o la fecha de toma de control efectivo para escisiones no intragrupos, que sólo puede ser la fecha de la junta que aprueba la escisión o la fecha de inscripción en el Registro, de conformidad con la nota de valoración 21 del citado Plan General de Contabilidad, confirmado por el ICAC en consulta de diciembre de 2008.
            Comentario: La redacción del artículo 10.3 LH en este punto y su relación con el artículo 17.6  de la Ley del Suelo es casi ininteligible desde el punto de vista gramatical. La interpretación que hace la DGRN de dicha remisión es lógica y da sentido a dicha norma: no se necesita licencia para los actos de modificación hipotecaria de fincas en propiedad horizontal cuando el número de elementos privativos resultante después de la modificación se ajusta a la licencia de obras del edificio o cuando no se crean más elementos privativos de los que habían.

El movimiento estudiantil también mantuvo una precaria organización clandestina fundamentalmente a través de la Federación Universitaria Argentina. Una investigación más seria del período permite ubicar en los primeros años del golpe esfuerzos importantes por parte de los secundarios, principalmente las prohibidas y perseguidas revistas estudiantiles, que llegaron a más de un centenar en todo el país, y fueron base de la reorganización de los prohibidos centros estudiantiles. En el caso universitario el motivo movilizador fue la lucha contra el arancelamiento que impulsó el ministro Moyano Llerena, llegándose en 1980 a juntar 20 000 firmas en petitorios. En ambos casos, secundarios y universitarios, la coordinación entre las juventudes políticas fue decisiva, y aún más cuando se tomó la decisión de volver a ganar las calles, con movilizaciones de las agrupaciones en Rosario y Capital que fueron violentamente reprimidas.


            Constan en el expediente una certificación del Secretario del Ayuntamiento en la que se manifiesta que se da el supuesto legal para acudir a este procedimiento negociado sin publicidad, pero sin especificar la excepción concreta que ampare la vía seguida, junto con un informe favorable del órgano de control autonómico, aunque la DGRN considera que no se ha acreditado debidamente este trámite esencial para acudir al procedimiento de contratación negociada y por ello confirma la calificación del Registrador en este punto.
En octubre de 1973 comienza a operar un grupo parapolicial conocido como Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) asesinando a militantes de izquierda, peronistas y no peronistas.21​22​ El grupo estaba financiado por el gobierno y dirigido por el Ministro de Bienestar Social José López Rega. En los dos años siguientes asesinaría a 683 personas.21​23​ El conocimiento de Perón sobre las actividades de la Triple A es materia de debate entre los investigadores.
            DGRN. La Resolución entiende que el contrato en cuestión no tiene naturaleza administrativa y se regula por las normas del Código Civil en todo lo concerniente a la relación negocial entre los contratantes, de modo que no cabe la resolución unilateral por parte de la Administración, quien no puede hacer uso del privilegio de la autotutela en este ámbito negocial.
Organizaciones parapoliciales de extrema derecha (vinculadas a la Triple A o a su suerte de filial cordobesa «Comando Libertadores de América») asesinaron al dirigente sindical y exgobernador justicialista de Córdoba, Atilio López, además de a los abogados izquierdistas Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi (hermano del derrocado expresidente argentino Arturo Frondizi, quien se había desempeñado como primer mandatario entre el 1.º de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962). También en 1974 fueron asesinados el sacerdote tercermundista Carlos Mugica y decenas de militantes políticos de izquierda.
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