Es en ese punto donde radica la mayor importancia de tener en cuenta los hechos sucedidos como genocidio. La vigencia de la Convención en la materia está fuera de toda discusión, como también lo está la del resto de las Convenciones sobre Derechos Humanos contenidas en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Considerar de ese modo -genocidio- y bajo ese trascendente paraguas legal las causas en trámite permitirá a mi entender ubicar los hechos investigados en el contexto adecuado, cumpliendo de ese modo la obligación contenida en el célebre fallo Velázquez Rodríguez en cuanto a investigar con seriedad y no como una simple formalidad. Todo ello es parte también de la reconstrucción de la memoria colectiva, y permitirá construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad, piedra fundamental para evitar nuevas matanzas. Como se señaló precedentemente, todos esos hechos configuran delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983.276​
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            Centrada así la cuestión la DGRN tiene razón en que la resolución judicial tiene que ser firme en el caso planteado, pero con total seguridad que lo era ya en el momento de otorgamiento de la escritura pues sólo hay cinco días para recurrir en reposición desde que se dictó (según el artículo 452 LEC aplicable por remisión de la LC), y diez días más para resolver el recurso por el mismo juez, sin posibilidad de apelación. Hubiera sido más práctico acreditar la firmeza antes del otorgamiento de la escritura, como el notario ya advirtió, algo simple y seguro de obtener en sede judicial, ya que han pasado unos 45 días entre el Auto y la escritura y no entrar en este debate, interesante desde el punto de vista procesal pero innecesario. (AFS)
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            Finalmente, respecto de la posibilidad de inscripción parcial de la sentencia, señala que la regla general es que sólo pueden practicarse cuando así lo solicite el interesado, pero tratándose de documentos judiciales el registrador tiene que actuar de oficio y practicar la inscripción parcial cuando sea posible para dar cumplimiento a su deber de colaboración con las autoridades judiciales. (AFS)
              4º. En cuanto a los acreedores, será de aplicación el artículo 370.4 de la LSC y por tanto tendrán derecho a oponerse en los mismos términos que en caso de reducción del capital social. Ello nos lleva a la consecuencia de que si la sociedad es anónima deberá publicarse el acuerdo y manifestarse transcurrido un mes que ningún acreedor se ha opuesto a la prórroga y si es limitada deberá reflejarse en la escritura o en el acuerdo la composición de la sociedad con todos los datos de identidad de los socios y su participación en el capital social. (JAGV)
MONTAJE, PASO Monte el Riel e instale el Trole Paraevitar QUE SEPELLIZQUE, conservelos manosy dedos lejosde lasjuntascuandomonteel reil. No encienda ni use el abridor hasta que Ilegue al paso de la instalacion correspondiente, de otra Las pestahas que se encuentran a Io largo de los lados del manera corre el riesgo de complicar el proceso de instalacion.
Luego de que en 2003 la Corte Suprema de Justicia declarara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad (Fallos:327:2312) y la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (Fallos: 328:2056), y de que contemporáneamente el Congreso Nacional declarara nulas esas leyes mediante la Ley 25.779, se abrieron o reabrieron varias causas judiciales por violaciones de los derechos humanos cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional. En 2007 la Corte Suprema creó una Unidad de Asistencia y Seguimiento de dichas causas, estableciendo que existían 289 causas, que reúnen aproximadamente unos 1.000 procesos iniciados, con 556 personas procesadas (con sospecha de culpabilidad acreditada por semiplena prueba).

Ahora en el juicio final, que ven dos estatuas y un caballero. Por suerte para ellos, el caballero es otro aventurero que trata de pasar, pero se vaporiza cuando las estatuas disparan rayos láser en él. La banda no ve ninguna forma de eludir las estatuas, por lo que establece su coche a toda velocidad y carga en; que son capaces de saltar del coche antes de las vigas de los golpean. Finalmente llegan a su destino, y ver que el vendedor de puerta de garaje, quien es una puerta de garaje. Sin embargo, el vendedor explica que está trabajando con el último cliente y no dará servicio a ellos. Por suerte, el vendedor queda atrapado bajo una puerta de garaje y el cliente sale corriendo. El vendedor afirma que morirá si no le ayudan pronto, y ofrece una recompensa a cambio de su vida. Bien, hay un camión de bomberos a través del cuarto, y Mordecai recuerda "El quijadas de la vida" de antes. Mordecai y Rigby son capaces de encontrar fácilmente y guardar el vendedor; por desgracia, la recompensa que ofrece es una instalación de $ 20. Se niegan a comprar la puerta y salir de la tienda. Fuera, en el aparcamiento, el Caballero felicita a la pandilla en otra misión exitosa.
Volver arriba ↑ Adolfo Scilingo, en El Vuelo, relata que los vuelos de la muerte fueron aceptados expresamente por altos miembros de la Iglesia católica como un método cristiano de asesinato. La periodista Miriam Lewin quien estuvo secuestrada en la ESMA relata en el libro Nuestra Santa Madre de Olga Wornat, que mientras estaba detenida pudo ver por debaje de la venda la presencia de un obispo o arzobispo de la Iglesia católica.
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            Ahora bien, la Ley 53/2002, dio nueva redacción a la disp.ad. 2ª para incorporar una excepción en «el supuesto del autopromotor individual de una única vivienda unifamiliar para uso propio» y como contra excepción en el caso de producirse la transmisión «inter vivos» dentro del plazo de diez años «el autopromotor, salvo pacto en contrario, quedará obligado a la contratación de la garantía a que se refiere el apartado anterior por el tiempo que reste para completar los diez años. A estos efectos, no se autorizarán ni inscribirán en el Registro de la Propiedad escrituras públicas de transmisión «inter vivos» sin que se acredite y testimonie la constitución de la referida garantía, salvo que el autopromotor, que deberá acreditar haber utilizado la vivienda, fuese expresamente exonerado por el adquirente de la constitución de la misma».
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239. NO CABE PRÓRROGA DE NOTA DE AFECCIÓN URBANÍSTICA. Resolución de 13 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Santa Fe n.º 2, por la que deniega la prórroga de una afección real para garantizar el pago de los gastos de urbanización aprobados en la reparcelación voluntaria del sector 2 del plan parcial-10 de las normas subsidiarias del planeamiento de Alhendín.
”Cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso.”5​
De todos los posibles medios de información, el que presenta mayores problemas, es la entrevista a los testigos y al lesionado a raíz del accidente. Los problemas que se presentan son de relaciones humanas, pues en el desarrollo de una entrevista, el supervisor debe convencer al trabajador, de lo valiosa que es su ayuda para la investigación del accidente y de que con la investigación no se está buscando culpables del accidente, sino que conocer las causas del accidente para eliminarlas.
Los accidentes también producen pérdidas para la empresa como por ejemplo, pagos de horas extraordinarias para reemplazar el trabajador lesionado, disminución de la productividad ya que ningún trabajador podrá hacer el trabajo de la misma forma que el trabajador titular de esa actividad, falta de ánimo y baja moral de los demás trabajadores, pérdida de tiempo de todos los trabajadores por atender al lesionado o comentar el accidente entre ellos, etc.

            1.- Falta de motivación de la calificación: es rechazada por la dirección ya que, de acuerdo con su propia doctrina, la argumentación en que se fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo contenido del amplio escrito de interposición;
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En la cultura popular se ha establecido el número de 30 000 desaparecidos, suma que es sostenida por las organizaciones de derechos humanos, las fuerzas políticas de izquierda y centro-izquierda, las organizaciones estudiantiles y los sindicatos, a las que pertenecían la mayor parte de las víctimas. Las estimaciones de la inteligencia militar argentina hasta 1978 era de 22 000 muertos.97​ Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, sobre la base de las personas que percibieron indemnizaciones del Estado hasta 2003, tiene registradas 13 000 personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado.98​ La CONADEP en 1984 seleccionó 9 089 casos de desapariciones forzadas. En el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado ubicado en el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires se habían colocado hasta abril de 2016 los nombres de 8 805 personas.99​
            La introducción de un párrafo final en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria se enmarca en este conjunto de medidas introduciendo una importante limitación en la cuantía y devengo de los intereses de demora, limitación que el precepto acota con precisión a los préstamos y créditos de adquisición de la propia vivienda habitual con garantía hipotecaria. Como tal limitación, no puede ser extrapolada a supuestos no contemplados en la norma ni ser objeto de una interpretación que desborde los términos en que está formulada (vid. artículo 4 del Código Civil y Resolución de 10 de diciembre de 2007).
Pertierra lo pone así: “De buscarlo los agentes federales en la dirección que entregó a ICE, y al no encontrarlo, irían a la dirección del peticionario. Si se niega a dar la ubicación del fugitivo, el peticionario incurre en el delito de obstrucción de la justicia, porque al momento de que se busca al beneficiario cuando un gobierno extranjero lo solicita en extradición, se le cataloga como ‘inmigrante indocumentado’ y ocultar el paradero de él es otro delito, el de tráfico de personas, que puede ser castigado con entre 15 y 20 años de prisión”.
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El 18 de febrero de 1977, el ERP ejecutó un atentado fallido contra el avión presidencial de la cabeza de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, que recibió el nombre de Operación Gaviota.199​ El 5 de abril, un grupo guerrillero hizo estallar una bomba en la sede del comando de la Fuerza Aérea, dañando estructuralmente el Edificio Cóndor de Buenos Aires, dende estaba ubicado.200​ El 7 de mayo Montoneros realizó un atentado contra el Vicealmirante César Augusto Guzzetti, Ministro de Relaciones Exteriores, en el cual recibió graves heridas que le causaron la muerte pocos años después. Ese año murieron 36 policías en Buenos Aires en atentados o enfrentamientos con grupos guerrilleros.201​
Owner's Manual/Manual Del Propietario1/2 HPGARAGE DOOR OPENERABRIDOR DE PUERTA DE COCHERAFor Residential Use Only/Sólo para uso residencialModels/Modelos • 139.53975SRT1 • 139.53962SRT1Read and follow all safety rulesand operating instructions beforefirst use of this product.Fasten the manual near the garagedoor after installation.Periodic checks of the opener arerequired to ensure safe operation.®Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.Awww.sears.com/craftsman®Leer y seguir todas las reglas deseguridad y las instrucciones deoperación antes de usar esteproducto por primera vez.Guardar este manual cerca de lapuerta de la cochera.Se deben realizar revisionesperiódicas del abridor de puertaspara asegurar su operaciónsegura.

            Entiende el Centro Directivo que, por causa de la primacía que debe reconocerse en nuestro ordenamiento registral al principio de legalidad, la expresión de algunos defectos en una primera nota de calificación no puede impedir que advertidos otros después se pongan de manifiesto en una segunda nota de calificación; aun habiendo recaído en el oportuno recurso resolución revocatoria de los previamente. Además, la notificación no puede equivaler a la inscripción, incluso sustituirla tal como se pretende en este caso, sin quiebra o merma de los principios básicos del sistema registral inmobiliario.  (JFME)


            Supuesto: Mediante sentencia se declara que el actor es heredero ab intestato -junto con sus hermanos- de cierto causante, que unos metros de determinada finca registral pertenecen al caudal relicto del mismo, y que es nula la escritura de aportación a la sociedad de gananciales de la finca en cuestión. Se presenta mandamiento ordenando proceder a la cancelación de la inscripción primera de la referida finca conforme a la sentencia.
Fernández me miraba sin ver; no pensaba una respuesta sino en su tarea. Estaba allí para alistarme o para apurarme para que yo mismo me preparase. (O tal vez pensaba lo que siempre. Qué hacía él allí. Por qué no se iba a su casa o a otro hospital. Por qué no dejaba el loquero y a mí, su genio mayor. Por qué no hacía algo por él, por qué parecía de cuarenta y muchos cuando no tenía más de treinta y tantos. El cuerpo no lo favorecía. Largo, fibroso hasta la deshidratación, concluía en un cráneo comprimido por las sienes, los ojos poceados, una nariz breve y arqueada y labios con tan poca carne que parecían dibujados por un delineador de ojos).
            De una parte, sin modificar estatutos, no es posible, en las sociedades anónimas, acudir a la forma privada de convocatoria de junta. Y de otra los avatares que sufran en su titularidad determinadas participaciones no pueden surtir efectos frente a la administración de la sociedad en tanto sus titulares no lo hagan saber debidamente al órgano de administración. (JAGV)

Insiste una vez más en que “la facultad de convocatoria está reservada por la Ley al órgano de administración con carácter exclusivo, según el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, al margen de supuestos singulares como el relativo a la sociedad en fase de liquidación –como resulta del mismo precepto legal–, el de convocatoria judicial (artículos 169 y 171, párrafo primero, de la Ley de Sociedades de Capital) o el de órgano de administración incompleto y con objetivo limitado (como admite el párrafo segundo del artículo 171 de la misma Ley)” y que “en contra de lo que sostienen los recurrentes, no cabe equiparar el presente supuesto al de cese de la mayoría de los miembros del consejo de administración, en el que según el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con el único objeto del nombramiento de los administradores”  pues al condicionar “el cese a la adopción de un acuerdo «ad hoc» en junta general, esta previsión debe tener como consecuencia que no se pueda prescindir de la actuación de tales administradores para la convocatoria de dicha junta general”.
Lo más habitual, sin embargo, es que se trate de algún tipo de fallo eléctrico o una conexión que se ha soltado, por lo que habrá que revisar los componentes del motor. Otra posibilidad es la avería del automatismo, en este caso es posible que sea necesario cambiar alguna pieza. El precio de la reparación dependerá de la gravedad de la avería, si hay que cambiar piezas puede alcanzar los 200€.
La dictadura estableció una estructura clandestina para la represión de los opositores, que incluía "grupos de tareas", secuestros y desapariciones forzadas, centros de detención y tortura clandestinos, mecanismos ilegales para asesinar personas y disponer de sus cadáveres, instalaciones médicas secretas para atender partos de detenidas-desaparecidas y suprimir las identidades de los niños nacidos en cautiverio, desinformación a través de los medios de comunicación, coordinación con las gerencias de recursos humanos de las grandes empresas para la delación de opositores, etc.
               d)  Dentro de las facultades exorbitantes del Derecho común que se conceden a la Administración en este tipo de contratos hay que destacar la facultad resolutoria, que es una prerrogativa que la Administración puede ejercitar unilateralmente si bien de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. Por tanto, al Ayuntamiento, en cuanto órgano de contratación, le corresponde acordar la resolución del contrato, mientras que la tutela de los intereses particulares se consigue, amén de por la necesaria audiencia de parte, por la necesaria concurrencia de dictamen del Consejo de Estado, u órgano consultivo equivalente de la respectiva Comunidad Autónoma, en caso de oposición a la resolución y por el sistema ordinario de recursos administrativos.
Volver arriba ↑ Periodista: ¿Cómo llega usted a ser juez durante la dictadura militar?. Zaffaroni: Yo soy juez en San Luis, en 1969, en 1973 fui procurador general de la provincia de San Luis, en el ‘75 fui juez federal de la ciudad de Buenos Aires, éramos tres nada más. Y en el ‘76, cuando viene el golpe, me degradan a juez de sentencia y ahí me quedé hasta el ‘84, cuando el gobierno constitucional me asciende a camarista. “No me gusta extraditar a un ciudadano argentino”, por Carlos Ares, Página 12, 30 de julio de 2003
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            El registrador deniega la práctica de dicha prórroga por tres motivos: 1) De fondo: las notas de afección urbanística tienen una duración prefijada, o plazo de caducidad, de siete años desde su fecha, sin que la legislación urbanística regule su posible prórroga; 2) De forma: el documento presentado a) es una simple solicitud firmada por el alcalde, y no una certificación expedida por el secretario con el visto bueno de aquél; y b) no determina las fincas registrales en que habría de realizar la prórroga.
            En diversos pronunciamientos, se ha reforzado la dicción normativa que exige para la rectificación el consentimiento de titular registral o sentencia. Así, en la R. 19 de Diciembre de 2006, constando inscrita la reparcelación, no permitió rectificarla mediante una instancia privada firmada por el interesado, máxime cuando de la documentación aportada se desprendía que no había habido error del registrador al inscribir la reparcelación, sino que, según denunciaba el recurrente, se habían producido una serie de irregularidades durante la tramitación del expediente. Este supuesto presenta un claro paralelismo con el que ahora nos planteamos y nos permite llegar a la misma conclusión.

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Yo no critico a Chile. Estoy de acuerdo con el Gobierno militar de Chile y también con el de la Argentina. No hablo de los demás países, hablo de mi país, donde estábamos en un estado anárquico. Yo no estoy de acuerdo con toda su política, pero hay que reconocer que el régimen militar nos ha salvado de la ignominia. Estamos saliendo del caos, a pesar de los muchos crímenes que se cometen, y desde luego todo argentino tiene que aplaudir al Gobierno.


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            Previamente a entrar en ellos, la DG recuerda su doctrina de que ha de hacerse una interpretación restrictiva de las normas relativas a los procedimientos de reanudación del tracto y en especial de las que definen la propia hipótesis de interrupción de tracto, pues se trata de procedimientos subsidiarios y excepcionales que afectan gravemente a los principios hipotecarios. Cuando el tracto está interrumpido el camino ordinario que debe de seguirse es el de la documentación fehaciente de las transmisiones intermedias.
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