La DGRN confirma la nota de calificación negativa, ya que si bien es cierto que, tal como ya ha declarado la DG (R. 3 de Junio de 2010), es posible que en un procedimiento declarativo, aunque no sea de los especialmente establecidos en la legislación hipotecaria al efecto, se acuerde la inscripción de un exceso de cabida, para ello será preciso que se cumplan los requisitos exigidos para estos últimos procedimientos. Y en el presente caso, de la sentencia no resulta que se hayan cumplido los requisitos exigidos para la protección y tutela judicial efectiva de los titulares registrales de los predios colindantes, a los que no se ha dado trámite para intervenir en un procedimiento judicial cuya resolución pudiera perjudicarles. Y sin que la comunicación posterior que se realiza a través del acta notarial y una vez acabado el procedimiento pueda subsanar la indefensión sufrida en el procedimiento judicial. (JCC)

              4º. En cuanto a los acreedores, será de aplicación el artículo 370.4 de la LSC y por tanto tendrán derecho a oponerse en los mismos términos que en caso de reducción del capital social. Ello nos lleva a la consecuencia de que si la sociedad es anónima deberá publicarse el acuerdo y manifestarse transcurrido un mes que ningún acreedor se ha opuesto a la prórroga y si es limitada deberá reflejarse en la escritura o en el acuerdo la composición de la sociedad con todos los datos de identidad de los socios y su participación en el capital social. (JAGV)

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            2.- Falta de legitimidad del interés alegado.- En la solicitud se alega como interés legítimo «investigación jurídico económica sobre crédito, solvencia y responsabilidad». La DGRN tiene declarado, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información. Para ello resulta fundamental, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.
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La casa número 6609-B de Escondido Drive corresponde al sector de clase media baja. Su valor aproximado es de entre 80 mil y 120 mil dólares. Es de una sola planta y, aunque tiene cochera, comparte jardín con el predio vecino. Proceso y MCCI se equivocaron de dirección. El reportero tocó el timbre de la casa del 6609-A. Al tercer timbrazo una mujer abrió la puerta.


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            El registrador suspende la inscripción solicitada porque considera que existe contradicción entre las estipulaciones sexta y novena "que resulta contraria al principio de especialidad, resultando además que el tipo de interés de demora del 15,00 por ciento pactado es contrario a la limitación de los intereses de demora establecidos por la Ley 1/2013, de 14 de mayo...".
            Y a fin de garantizar el cumplimiento, establece en su art 20.1 una obligación de control de tal cumplimiento, al establecer un cierre registral para las escrituras públicas de declaración de obras nuevas de las edificaciones que entren en el ámbito de aplicación de la Ley «sin que se acredite y testimonie la constitución de las garantías a que se refiere el art 19».
            Sin tener en cuenta las alegaciones notariales la DG centra el problema en determinar “si en la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada debe expresarse el código de la actividad económica principal –según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas– o el de todas las actividades que integran el objeto social”.

            La registradora deniega la inscripción porque considera que los títulos, sin poner en cuestión su validez civil, han sido creados artificialmente a los solos efectos de la inmatriculación, pues el segundo título era innecesario si en el primero no se hubiera realizado una adjudicación pro indiviso por lo que no existe doble título a los efectos de la inmatriculación. En el informe posterior para tramitar el recurso no se limita a dar traslado del recurso sino que abunda en argumentos para sostener su calificación.


Volver arriba ↑ Según una revista noticiera estadounidense, en una investigación de ese año bajo el título "El Tío in Trouble", habían en Argentina 30.000 miembros del ERP afiliados al terrorismo marxista.16​ El historiador Nicolás Márquez por otra parte, en su libro sobre el ERP titulado “El Vietnam argentino”, llega a la conclusión de que el ERP contaba con 7.200 miembros.[cita requerida]
            Como ya ha señalado en otras ocasiones este Centro Directivo (R. 7 de Febrero de 2001, R. 9 de julio de 2001, R. 14 de Enero de 2008), la omisión o, en su caso, la defectuosa designación del domicilio realizada por el deudor a efectos del citado procedimiento de ejecución directa o del extrajudicial de ejecución de la hipoteca, producirá el efecto de que no puedan utilizarse dichos procedimientos –de carácter potestativo–.
             - Y sin embargo la de 8 de mayo de 1979, estimó que no existía el acrecimiento en el supuesto de que una hermana había sido instituida en una mitad y en la otra mitad lo habían sido los hijos nacederos de otra hermana. Por tanto, la designación de cuotas desiguales no implica vocación solidaria ni permite fundar una voluntad presunta de la testadora favorable al dcho de acrecer.
            Hechos: Se presenta en el registro escritura de constitución de una sociedad limitada que es objeto de la siguiente calificación.: “no consignar los códigos correspondientes a las actividades que integran objeto social, con el desglose que sea suficiente de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización en relación con la RDGRN de 11 de noviembre de 2013”.
Según el Profesor de Antropología de la Universidad de Utrecht, Antonius C. G. M. Robben, los soldados estadounidenses en Irak copiaron a los militares argentinos en el uso de grupos de tarea en áreas urbanas como rurales, el secuestro, tortura y la ejecución clandestina de insurgentes: «Sobre la base de una amplia investigación en Argentina, he establecido paralelismos entre la guerra de contrainsurgencia más conocida como la guerra sucia en Argentina contra la insurgencia guerrillera argentina durante la década de 1970 y las tácticas empleadas por las unidades de contrainsurgencia de Estados Unidos en Irak. La enjambrazón es la última innovación en la contrainsurgencia, sin embargo, sigue obedientemente la regla básica de que una fuerza guerrillera es mucho mejor contrarrestada al imitar sus tácticas. El carácter elusivo de los insurgentes que luchan entre la gente en las ciudades de Irak, igual como los guerrilleros urbanos bajo disfraz civil en Argentina, llevó a los militares de EE.UU. en utilizar tácticas evasivas por igual. La enjambrazón maximiza las tácticas de sorpresa y la movilidad a través de la conectividad. Las pequeñas unidades de combate deambulan de forma independiente en un área en particular urbano, con la esperanza de un encuentro casual con los insurgentes, si bien es consciente de sus respectivas coordenadas a través de equipos de comunicación de alta tecnología. Cuando una unidad entra en contacto con fuego combatiente irregular, otras unidades de combate en las proximidades convergen en la escena, enfrentan al enemigo, y se dispersan una vez que la lucha ha terminado. Los militares argentinos desarrollaron sus propias tácticas de enjambrazón en la década de 1970. Las unidades de combate deambulan por las calles de las ciudades de Argentina, toman posición en los puertos y aeropuertos, y estudian minuciosamente las libretas de direcciones de cautivos en busca de nuevos objetivos. La contrainsurgencia argentina se convirtió rápidamente en una guerra sucia en la que los combatientes y los opositores políticos fueron secuestrados, torturados, desaparecidos, y eventualmente asesinados».283​
            Añade que no concurren en este supuesto ninguna de las razones que ha llevado al Centro a aplicar una doctrina distinta: que el promotor carezca de acción para subsanar las deficiencias formales que pudieran afectar a su transmitente o que en el momento de iniciar el expediente la cadena de transmisiones no se hubiese documentado debidamente. Por el contrario, en el momento de iniciarse el expediente el promotor, que había adquirido de los titulares registrales, tenía acción contra ellos para elevar a público el contrato realizado y nada cambia su fallecimiento pues la obligación de elevar a público corresponde a sus herederos contra los que debió dirigirse la oportuna acción. (MN)
            El notario recurre pues a su juicio “los códigos señalados en la escritura claramente son códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas; que, conforme a su norma reguladora (art. 3 del Real Decreto 475/2007, de 13 de abril), la Clasificación Nacional comprende un primer nivel alfabético y hasta tres niveles numéricos adicionales de dos, tres o cuatro cifras (que pueden llegar a cuarto nivel de cinco cifras), que sirven para identificar una actividad determinada”.

            Registradora: Deniega la inscripción ya que la demanda se ha dirigido contra los herederos totalmente indeterminados de quien se dice es el heredero del titular  registral, por lo que no puede estimarse cumplida la exigencia de intervención del titular registral o sus causahabientes para provocar la inscripción del dominio contradictorio.

            c) Tercera etapa: es una etapa de revisión y modulación del criterio del servicio público o interés general, porque, llevado al extremo, traería como consecuencia la desaparición del Derecho privado –o derecho entre iguales- en toda relación jurídica que el ciudadano tuviera con la Administración, ya que, por principio, toda actuación de la Administración ha de estar presidida por un interés general. La consecuencia práctica sería que los ciudadanos deberíamos soportar indiscriminadamente el complejo mundo de privilegios de que está dotada la Administración.
            Defecto 1º.- Necesidad de determinar las transmisiones intermedias. Señala la registradora en su nota que ha de resultar de la documentación aportada «no sólo los nombres de los transmitentes sino también de sus causantes, es decir: la conexión entre los titulares registrales y las requirentes». La DG lo confirma porque los procedimientos para reanudar el tracto suplen los títulos formales pero nunca los materiales, que en todo caso deben existir, ya que son los determinantes de la cadena de transmisiones, en la esfera jurídico-civil, legitimando a los requirentes del acta.

            Como idea reseñable (que poco o nada tiene que ver de modo inmediato con el objeto del recurso) cabe transcribir el siguiente párrafo: “…No constituye impedimento a la declaración de la titularidad autonómica (de los puertos deportivos) el que los puertos deportivos hayan de ocupar espacios que se integran en el dominio público marítimo-terrestre, de titularidad estatal (cfr. artículo 132 de la Constitución Española), habiendo señalado el Tribunal Constitucional, que en los espacios marítimo-terrestres que ocupa, debe distinguirse entre el soporte físico –dominio público de titularidad estatal– y el bien afecto a la prestación de servicios portuarios –puerto, que como en el presente caso, es de titularidad de la Comunidad Autónoma–…”. (JAR)
La actitud de los Estados Unidos cambió completamente cuando el demócrata James Carter fue elegido presidente especialmente a través de la acción de Patricia Derian, Subsecretaria de Derechos Humanos, condecorada en 2006 por el gobierno argentino en reconocimiento a su desempeño durante la dictadura.189​ Durante su gestión (1977-1981) se desarrolló una intensa presión política que se concretó en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a la Argentina en 1979, de gran importancia para limitar las violaciones de derechos humanos. Por el contrario Kissinger, desalojado ya del gobierno, viajó a Argentina en 1978 para elogiar a los militares por sus "esfuerzos" en lo que denominada "combatir el terrorismo".190​
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            Tras el fallecimiento de la testadora, se formaliza una escritura de entrega de legado del inmueble, en la que comparece el contador partidor y el legatario B al que se asignó el 82% de aquel, manifestando que, al haber premuerto A (a quien se legó el 18%), el contador partidor adjudica el inmueble íntegro a B a través de esta cláusula “No habiendo dispuesto la testadora su sustitución, los legados a que tuviera derecho, acrecen al resto de los beneficiarios del legado de que se trate, como es el caso de B en el inmueble legado”. En la escritura no comparecen los herederos.

            Lo que sí será preciso, concluye, “es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición”. Así resulta del artículo 223 del Código de Comercio cuando afirma: «Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el artículo 119». Así debe interpretarse el artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital “que lejos de imponer una liquidación forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición”.
TABLE OF CONTENTS Introduction Adjustment 28-30 Safety symbol and signal word review......2 Adjust the travel limits ..........28 Preparing your garage door ........3 Adjust the force ............29 Tools needed ...............3 Test the safety reversal system.........30 Planning ..............4-5 Test the safety reversing sensor .......30 Carton inventory ............6 Operation 31-34...
El 1 de diciembre de 1977 el diario Clarín publicó una nota titulada "La ardua recuperación" en la que relata extensamente la visita de un grupo de periodistas, invitados por el Ejército, a un centro de detención que no identifica, donde entrevistaron a varias personas detenidas, que tampoco individualiza y que describe como "extremistas que se entregaron voluntariamente".50​ El artículo está acompañado de una fotografía en la que puede verse una joven mujer de espaldas sentada ante una mesa, con un epígrafe en el que dice:

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            La DGRN confirma la calificación registral diciendo que “al ser el artículo 684 de la Ley de Enjuiciamiento Civil una norma imperativa, apreciable de oficio, sin que quepa alteración por sumisión expresa o tácita, y afectar el respecto a esta regla de fuero a la defensa de los intereses no sólo de las partes personadas en el procedimiento sino también a los derechos e intereses de otros terceros (terceros poseedores que adquirieron con posterioridad a la interposición de la demanda, titulares de cargas posteriores a la hipoteca ejecutada, etc.) debe considerarse susceptible de calificación por parte del registrador, conforme al artículo 100 del Reglamento Hipotecario” y que “la calificación registral de los documentos judiciales no puede afectar a la fundamentación del fallo pero sí a la competencia del juez o tribunales en los términos ya señalados (cfr. artículos 100 de la Ley Hipotecaria y 100 de su Reglamento), calificación cuyo ejercicio no es sólo una facultad sino también una obligación del registrador”. (JDR)
Las organizaciones de derechos humanos y los partidos progresistas, de izquierda y de centro-izquierda, sostienen que se trató lisa y llanamente de un proceso represivo de opositores ejecutado mediante un plan sistemático y prediseñado de terrorismo de Estado. Dentro de este enfoque algunos sostienen que el golpe militar de 1976 tiene una continuidad de creciente violencia represiva con los golpes de 1930, 1955, 1962 y 1966 contra los gobiernos democráticos.
"La reconstrucción de la memoria tiene mucho que ver con la dignidad humana", y que lo que se pretende con estos procesos judiciales - que son de carácter declarativo, no normativo - es "rescatar la dimensión humana, sacar al ámbito público lo que es privado, en una especie de catarsis", porque "nada mejor que el miedo, el esconderse, para el poder totalitario".233​
            Comentario: Si de esta Resolución elimináramos los hechos y nos centráramos en los demás apartados de registradora, recurrente y DGRN podríamos pensar que los que se está debatiendo es la inscripción de un título judicial ejecutivo, de una ejecutoria, cuando lo cierto es que el título es un documento notarial en el que se documenta un negocio jurídico mercantil, una compraventa, por lo que muchos de los argumentos empleados en esas instancias no son aplicables al caso concreto. La particularidad se encuentra en que en la formación de la voluntad de la parte vendedora, la sociedad en liquidación, es necesaria la autorización judicial al estar la sociedad sometida a la tutela o supervisión judicial por su situación procesal de concurso en fase de liquidación.
El psicoanalista Hugo Vezzetti sostiene que "En vísperas del golpe, cuando las acciones de la guerrilla urbana se dirigieron abiertamente contra las Fuerzas Armadas y de seguridad era claro que no era el daño militar lo que buscaban sino una reacción que, ilusoriamente, debería profundizar la escalada hacia una futura confrontación mayor. La línea seguida suponía, brevemente, que el colapso del sistema institucional llevaría a una dictadura más brutal que la anterior, que sería incapaz de contener una oposición creciente y frente a la cual las organizaciones guerrilleras surgirían en una posición de liderazgo.185​183​Por su parte, Pilar Calveiro, politóloga y exdetenida-desaparecida que mantiene una posición crítica hacia la práctica de las organizaciones armadas en Argentina, afirma que "la táctica del terrorismo indiscriminado terminó cumpliendo un papel no menor en la modalidad y extensión de los procedimientos represivos de la dictadura".185​183​
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Madre e hijo trataron con “un equipo maravilloso en la Universidad de Miami” que se especializa en la transición de transgéneros. Eric fue a sesiones con un psicólogo. Hablaron con un endocrinólogo y un cirujano. Eric comenzó el reemplazo hormonal hace aproximadamente 10 meses. Este verano planeaban la depilación láser. Eric se unió a grupos de apoyo, pero no tenía mucho tiempo para ellos porque estaba muy interesada en las artes.
Este represor argentino, prófugo de la justicia, llegó a México, ocupando el cargo de director general de Registro Nacional de Vehículos. En el año 2000, fue detenido en el aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y permaneció en prisión hasta que fue autorizado su traslado a España. Actualmente, se encuentra extraditado, de regreso a Buenos Aires, Argentina, donde sigue su proceso judicial.

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            La exigencia de identificación por la DGRN, con independencia de la legislación sobre protección de datos, se funda en la LH, que desde su primera redacción, ha limitado la expedición de publicidad a «las personas que tengan interés» excluyendo consecuentemente de la publicidad a quien no se identifique debidamente. En la actualidad y, en el ámbito de las solicitudes ajustadas a modelos informáticos, el art. 222 bis exige la identificación del solicitante.
            Buena muestra de esta concepción es la opinión de DUGUIT, quien, ya en el S.XX (dicen los autores citados), “…sigue afirmando que el contrato es en todo caso una institución jurídica general que tiene siempre los mismos caracteres y los mismos efectos, cualquiera que sea el Tribunal competente, y que permanece idéntica por más que su vinculación a un servicio público determine la competencia de la jurisdicción administrativa…”.

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            2).- La  otra cuestión es la interpretación que el contador partidor hace del testamento, ya que estima que la interpretación que hace no es suficiente para llegar al resultado que pretende, pues de la omisión de la sustitución sólo se deduce que no existe ese llamamiento por sustitución, y manifiesta que la facultad del contador de interpretar el testamento, no puede prevalecer sobre la calificación registral, cuando aquella no se acomoda a la ley, ni tiene facultades para entregar el legado más allá de los términos señalados por la testadora (así R. 26 de Febrero de 2003 entendió que el registrador puede calificar la actuación del contador en contra del testamento, sin que sea obstáculo la presunción de validez y eficacia de la partición hecha por el contador).

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