Por todo ello concluye “el documento debe recoger la manifestación relativa tanto al modo concreto en que se ha llevado a cabo la comunicación individual en términos que respete las exigencias previstas en el artículo 43.2 y el derecho de información consagrado en el artículo 43.1 de la Ley 3/2009, como la fecha en que se ha llevado a cabo la última comunicación, único modo de que el registrador pueda verificar que la preceptiva manifestación relativa a la inexistencia de oposición a que se refiere el propio artículo 227.2.2º se acomoda a las previsiones legales”.


185. AGRUPACIÓN DE PISOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL. CONSENTIMIENTO DE LOS NUDO PROPIETARIOS PERO NO DE UNA USUFRUCTUARIA. Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de San Lorenzo de El Escorial n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de agrupación de fincas de un edificio en régimen de propiedad horizontal.
El sadismo de los torturadores es un dato común. Todos los detenidos-desaparecidos eran torturados: hombres, mujeres, ancianos, ancianas, adolescentes, discapacitados, mujeres embarazadas y niños (hay varios casos de niños menores de 12 años torturados frente a sus padres). El conocido periodista y director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, que estuvo detenido-desparecido y fue liberado por la presión internacional, escribió en 1982 uno de los primeros libros de denuncia abierta, titulado Prisionero sin nombre, celda sin número. Timerman dice allí que:
INSTALACION, PASO Cuelgue el Abridor Para evitar la posibilidad de una LESIONGRAVEsi se cae el abridor de la puerta de cochera, suj6telo FIRMEMENTEa los Aquf se muestran tres ejemplos distintos para la soportes estructurales de la cochera. Se DEBENusar instalacidn; sin embargo, es posible que su cochera no sujetadores para concreto si alguna de las m_nsulas se va a concuerde con ninguno de ellos.
            Finalmente y respecto el último defecto dado que el mismo registrador Mercantil “reconoce en su informe su escasa entidad” no puede confirmarse pues  “la escasa relevancia de dichas inexactitudes no justifica el rechazo de la inscripción habida cuenta de que ni afectan a la validez o eficacia de la fusión ni deben constar en la inscripción que se practique”.
Somos una empresa dedicada íntegramente a la instalación, reparación y mantenimiento de toda clase de puertas automáticas de garaje, locales comerciales y naves industriales. Por todo ello, ofrecemos nuestros servicios, con la confianza de que serán del interés de nuestros clientes y con la seguridad de que se sentirán plenamente satisfechos, asegurando la reparación de las eventuales averías en el mínimo tiempo posible. Revisamos y examinamos la instalación, dedicando especial atención al estado de los cables, cierres, dispositivos de fijación, contrapeso, motor y conexiones eléctricas.
La revoca la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Santa Cruz de Tenerife, de 17 de diciembre de 2014, que ha devenido firme.  El Registrador estimó que no se había respetado la competencia del Juzgado correspondiente al término municipal donde radica la finca objeto del expediente (cfr. artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La DGRN confirmó su calificación. Ahora, el Juzgado revoca calificación y Resolución. La finca está situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y el Juzgado pertenece al partido judicial de La Laguna.

            La introducción de un párrafo final en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria se enmarca en este conjunto de medidas introduciendo una importante limitación en la cuantía y devengo de los intereses de demora, limitación que el precepto acota con precisión a los préstamos y créditos de adquisición de la propia vivienda habitual con garantía hipotecaria. Como tal limitación, no puede ser extrapolada a supuestos no contemplados en la norma ni ser objeto de una interpretación que desborde los términos en que está formulada (vid. artículo 4 del Código Civil y Resolución de 10 de diciembre de 2007).
            Entiende la Dirección que es correcto arrastrar sobre las fincas de resultado la anotación de demanda que se solicitaba sobre la finca de origen, del acuerdo con el principio de subrogación real (arts. 122-1 y 174.4 del Reglamento de Gestión Urbanística y 51 y 54 TR Ley de Suelo) y de acuerdo con el  art. 10.3 del Real Decreto 1093/1997, la sentencia que finalmente se produzca va a operar sobre las fincas de resultado y no sobre la de origen, la cual ya fue cancelada como consecuencia del proyecto de compensación. Sin embargo entiende que no cabe la desinmatriculación de las fincas de resultado, tal y como ocurriría si se procediera a despachar el mandamiento en el extremo relativo a la cancelación de la finca de origen, porque para ello sería necesario instar al mismo tiempo la rectificación del total proyecto de compensación e implicaría acreditar haberse demandado judicialmente a los titulares del resto de las fincas resultantes del proyecto sobre las que no hubiese sido practicada la anotación preventiva de demanda (arts 1, 20 y 38 LH). Sin embargo lo que si cabría es inscribir la finca de resultado a favor de quienes la sentencia reconoce derecho sobre la finca, pero para ello es preciso que se especifique la identidad y cuota de cada propietario, aclarando la titularidad controvertida de las fincas de resultado. (arts. 9.4 LH, 51.9 y 54 RH y, fundamentalmente el art 7.10 y 7.11 RD 1093/1997). Por tanto, mientras el título judicial no determine concretamente las titularidades o porciones de titularidades a las que correspondan las fincas de resultado inscritas en sustitución de la finca de origen objeto del procedimiento, no podrá inscribirse definitivamente el derecho de dominio a favor de los verdaderos titulares; pero entretanto –por subrogación real– procederá el reflejo tabular de la sentencia por nueva anotación preventiva o al margen de la inscripción de la titularidad controvertida en las fincas de resultado, como este Centro Directivo ha admitido en ciertos casos para mayor claridad de la titularidad inscrita. Y por ello estima el recurso considerando que puede reflejarse tabularmente la sentencia en el folio de las fincas de resultado, pero confirma la nota de calificación en cuanto a la denegación de la cancelación de los folios de las fincas de origen ahora inexistentes. (MN)
La participación del sector empresario en el Proceso de Reorganización Nacional fue amplia y protagónica al punto de co-organizar el golpe de estado y el gobierno. En algunos casos participaron directamente en la violación de derechos humanos (ver Autores: Empresarios y empresas). En otros casos muchos empresarios simplemente aprovecharon la ausencia de estado de derecho para desconocer los derechos laborales. Muchos empresarios y empresas colaboraron más activamente con la dictadura, justificando y dando apoyo técnico al gobierno, y haciendo caso omiso de las violaciones de derechos humanos, aún conociendo su existencia.
Volver arriba ↑ «Ex funcionario de Raúl Alfonsín reveló un operativo secreto para rescatar desaparecidos». Diario Inédito. 6 de setiembre de 2011. «Horacio Ravenna, ex funcionario de Raúl Alfonsín, reveló hoy ante la Justicia un operativo secreto realizado en una unidad militar de Chubut, con el objetivo de rescatar desaparecidos con vida, en base a datos brindados por un servicio de inteligencia europeo.»
Madre e hijo trataron con “un equipo maravilloso en la Universidad de Miami” que se especializa en la transición de transgéneros. Eric fue a sesiones con un psicólogo. Hablaron con un endocrinólogo y un cirujano. Eric comenzó el reemplazo hormonal hace aproximadamente 10 meses. Este verano planeaban la depilación láser. Eric se unió a grupos de apoyo, pero no tenía mucho tiempo para ellos porque estaba muy interesada en las artes.
            Entiende que hay cierta confusión sobre el contenido y alcance del mandato judicial contenido en la documentación presentada: Si el mandato se limita a que la anotación haga referencia al carácter privilegiado del crédito se trata de una cuestión ajena a la materia inscribible en el Registro pues las preferencias crediticias han de hacerse valer, en su caso, mediante la oportuna tercería en los términos recogidos en la LEC (arts. 613, 614 y 620) y suponen la sujeción del bien a las resultas del procedimiento, y si el mandato pretende hacer constar en el Registro la naturaleza real del crédito anotado y la preferencia de rango frente al asiento de hipoteca anteriormente inscrito, que es lo que ha entendido la registradora, es evidente que no puede hacerse constar en el Registro pues ni resulta de la documentación presentada su carácter real ni resulta que el titular de la hipoteca cuya postergación de rango se pretendería ha sido parte en el procedimiento. (MN)
243. INTERVENCIÓN DE TODOS LOS LEGITIMARIOS EN LA PARTICIÓN. Resolución de 16 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Torrelaguna, por la que suspende la inscripción de una instancia privada de manifestación de herencia, acompañada de testamento, testimonio de sentencia judicial relativa a la adjudicación de determinados bienes y demás documentación complementaria.
Planificaci6n (continba) INSTALACION CON PUERTAS DE UNA SOLA PIEZA Sin un sistema de retroceso de seguridad que funcione debidamente, al cerrar la puerta de la cochera se corre el • Generalmente una puerta de una sola pieza no requiere riesgo de que los personas (yen particular los niSos refuerzos adicionales Si usted tiene una puerta de pequeSos) sufran LESIONESGRAVESo INCLUSOLA MUERTE.
            Y a fin de garantizar el cumplimiento, establece en su art 20.1 una obligación de control de tal cumplimiento, al establecer un cierre registral para las escrituras públicas de declaración de obras nuevas de las edificaciones que entren en el ámbito de aplicación de la Ley «sin que se acredite y testimonie la constitución de las garantías a que se refiere el art 19».
En el caso de Estados Unidos, su participación en el golpe de estado y el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad fue una política consciente propuesta por Henry Kissinger. Los documentos secretos del gobierno norteamericano desclasificados no dejan lugar a dudas sobre la complicidad directa de Estados Unidos y Kissinger personalmente en la violación masiva de derechos humanos.187​
            Efectivamente el notario “ha omitido toda referencia a su eventual inscripción en el Registro Mercantil, a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o especial del citado poder” teniendo sobre todo en cuenta “que tratándose de poderes inscritos en el Registro Mercantil, al juicio de suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (cfr. artículo 20 del Código de Comercio)”.
A partir de 2004 gran cantidad de jueces comenzaron a declarar la inconstitucionalidad de los indultos de delitos de lesa humanidad, reabriéndose así las causas contra los indultados por esos crímenes. El 6 de septiembre de 2006, la Corte de Casación, máximo tribunal argentino en materia penal declaró por primera vez la inconstitucionalidad de un indulto .218​
            Mediante tres instancias, «Gestoría Cuesta, S.L.», solicitó tres notas simples relativas a tres fincas sitas en Ledesma. Se identifica como peticionario a «Abante Audit Auditores, S.L.P.», y se alega como interés legítimo «investigación jurídico económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad». En cuanto a los datos de las fincas sobre las que se solicita la información se hace constar en el apartado de titularidad: «A nombre de quien esté».

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Volver arriba ↑ Caridi legitimó la actuación del Ejército. «Se enfrentó con las armas legales y bajo las órdenes del poder constitucional a un enemigo subversivo e insidioso cuyos fines ostensibles eran usurpar el poder para cambiar nuestro estilo de vida y el orden institucional establecido. [...] La guerra contra la subversión nos ha dejado heridas, cicatrices muy profundas, pero estas deben cerrarse de una vez y para siempre merced a un reencuentro franco y sincero entre todos los argentinos movidos por un espíritu de grandeza».«Caridi reivindica la “guerra” contra la subversión», artículo en el diario El País, 26/12/1988).
En octubre de 1973 comienza a operar un grupo parapolicial conocido como Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) asesinando a militantes de izquierda, peronistas y no peronistas.21​22​ El grupo estaba financiado por el gobierno y dirigido por el Ministro de Bienestar Social José López Rega. En los dos años siguientes asesinaría a 683 personas.21​23​ El conocimiento de Perón sobre las actividades de la Triple A es materia de debate entre los investigadores.
Mi consulta es la siguiente bueno yo vivo en Miraflores y no hay muchos sitios para estacionar y a mi me colocaron en un sitio que es una esquina pero es cuadrado y entre la acera y la pista hay como espacios de parqueo de más o menos 1.30 m y como mi auto es pequeño no tengo inconveniente, el día sábado encontré el famoso sticker de multa pero yo estaba dentro de la linea amarilla y frente a la puerta de una casa. Tengo algún atenuante para poder pedir una reconsideración
"la inalienabilidad del derecho a la verdad y la obligación del respecto al cuerpo y del derecho al duelo dentro del ordenamiento jurídico argentino, así como también el derecho a conocer la identidad de los niños nacidos en cautiverio y la obligación del Estado argentino de investigar y castigar a los responsables" y que "arbitre las medidas necesarias para determinar el modo, tiempo y lugar del secuestro y la posterior detención y muerte y el lugar del secuestro y la posterior detención y muerte y el lugar de la inhumación de los cuerpos de las personas desaparecidas".232​
            No es posible mantener que en las solicitudes de información por cuenta de tercero, el art. 332.3 RH da el mismo trato a la cuestión de la acreditación del encargo (que dispensa en los supuestos que contempla) que a la cuestión de la identificación de la persona por cuya cuenta actúa (que no se dispensa en ningún caso). De otro modo, el derecho que al titular de los datos personales reconoce la legislación especial de conocer quién está solicitando información quedaría desvirtuado.

            La registradora, en detallada nota que extractamos, considera no inscribible el documento pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 de la LSC en el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia debe determinar la cancelación de su inscripción así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella, lo que no resulta del contenido de la sentencia. La cancelación no puede realizarse de oficio, sin que  sea suficiente el mandamiento que se acompaña.  Ello compete al Tribunal que dictó dicha resolución. Aparte de ello existen asientos posteriores que podrían resultar afectados por las consecuencias de la nulidad declarada judicialmente. Por ello debe determinarse a qué asientos extiende su eficacia la sentencia y se ordene la cancelación de los mismos, cancelación que en ningún caso puede realizarse de oficio por el Registrador. La nota se fundamenta, aparte del ya citado artículo 208, en el artículo 214 de la LEC y en la RDGRN de  30 de mayo de 2013.


En primer lugar, la colaboración empresaria con el golpe de estado se organizó a través de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). La APEGE fue fundada en agosto de 1975, pocos meses antes del golpe, por las principales asociaciones empresariales, con un fin claramente desestabilizador del gobierno democrático y de creación de una instancia única de diálogo con las Fuerzas Armadas. El 16 de febrero de 1976 organizó una huelga empresaria que es considerada como el inicio de la cuenta regresiva del golpe.148​
Los sectores vinculados con las organizaciones guerrilleras suelen sostener también que se trató de una guerra civil revolucionaria.284​En mucho casos cuestionan la comisión de crímenes de guerra por parte de las Fuerzas Armadas y de delitos de lesa humanidad contra combatientes y no combatientes. El 6 de agosto de 2001 en diálogo con radio La Red de Buenos Aires, desde España el ex líder del Movimiento Peronista Montonero guerrillero (MPM), Mario Firmenich afirmó que sí hubo una guerra civil:«en un país que ha vivido una guerra civil, todos tienen las manos manchadas de sangre».285​Por su parte, Nélida Augier, integrante del ERP y viuda de Benito Urteaga (segundo jefe del ERP), se refiere al periodo de inestabilidad política argentina en la década de los 70 como una guerra: «Cuando nos lanzamos a la lucha, lo hicimos con un gran romanticismo, convencidos de que venceríamos. Eso nos dio fuerzas pero trajo aparejado un gran simplismo en el análisis. No sólo subestimamos a los militares, también nos faltó capacidad para prever sus pasos y medir hasta dónde llegarían. Me siento orgullosa, aunque perdimos la guerra, porque tratamos hasta el último momento de anteponer el hombre y sus ideales. Eso no nos hace superiores sino simple y profundamente diferentes de nuestros supuestos vencedores».286​
            7. Finalmente no basta con poner un código, sino que el código reseñado debe ponerse en relación con la concreta actividad comprendida en el objeto social de que se trate. No obstante esta afirmación entendemos que no debe aplicarse con total rigidez pues si del contexto de la escritura en donde se consigna el código y las actividades sociales resulta clara la relación y la actividad a que se refiere,  no creemos que el no señalamiento de la correlación entre código y actividad, sea causa de calificación negativa de la sociedad. Habrá de estarse a cada caso concreto siendo lo importante que no exista duda de la actividad social sectorizada en el código señalado. (JAGV)
            La DGRN desestima el recurso señalando que el registrador no puede entrar a calificar el fondo del asunto de la resolución judicial pero sí determinados extremos formales del procedimiento, que esa intervención tiene por finalidad proteger a los titulares registrales de derechos que no han sido parte en el procedimiento y que de otro modo serían objeto de indefensión, citando para ello los principios de tutela judicial efectiva con proscripción de la indefensión, tracto sucesivo y varias normas y sentencias.

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Es en ese punto donde radica la mayor importancia de tener en cuenta los hechos sucedidos como genocidio. La vigencia de la Convención en la materia está fuera de toda discusión, como también lo está la del resto de las Convenciones sobre Derechos Humanos contenidas en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Considerar de ese modo -genocidio- y bajo ese trascendente paraguas legal las causas en trámite permitirá a mi entender ubicar los hechos investigados en el contexto adecuado, cumpliendo de ese modo la obligación contenida en el célebre fallo Velázquez Rodríguez en cuanto a investigar con seriedad y no como una simple formalidad. Todo ello es parte también de la reconstrucción de la memoria colectiva, y permitirá construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad, piedra fundamental para evitar nuevas matanzas. Como se señaló precedentemente, todos esos hechos configuran delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983.276​

            b) Segunda etapa: comienza en el S.XX (en el asunto Terrier tratado por el Consejo de Estado francés en 1903) y perdura durante buena parte del siglo. Su fundamento reside en el criterio de servicio público, es decir, ya no se trata ya de una diferencia funcional entre acto de autoridad y acto de gestión sino de un criterio material o sustancial, el del servicio público.

            Prescindir del viudo en la liquidación del régimen económico matrimonial; realizar conmutación de la legítima del viudo; realizar hijuelas para pago de deuda; o atribuirse funciones privativas del testador, como es la revocación de disposiciones o la valoración de los supuestos de desheredación. Tampoco constituye acto particional decidir si una legataria a la que se atribuye en el testamento la opción de ser legataria de parte alícuota o recibir en usufructo una finca ha cumplido o no la condición impuesta por el testador a la misma, sino que se trata de un presupuesto o cuestión previa a la propia partición, que sólo puede resolverse si se acredita que la interesada ha prestado su conformidad o ha sido resuelta la cuestión judicialmente en otro caso. Ni tampoco podría proceder a la disolución de comunidad existente con un tercero (cfr. Resolución de 14 de septiembre de 2009).
Ref: 165180. Chalet adosado de dos plantas compuesto por cuatro dormitorios y dos baños en la localidad de Talavera la Real, provincia de Badajoz. La vivienda se distribuye en dos plantas. La planta baja cuenta con porche, hall, salón-comedor, cocina, una habitación, un cuarto de baño, patio, y porche trasero destinado a garaje. La planta primera cuenta con tres habitaciones, un cuarto de baño y terraza. Cuenta con puerta de entrada blindada, puertas de paso de madera, ventanas abatiblesClimalit en aluminio blanco lacado, pintura plástica lisa en techos y paredes y suelos de plaqueta. Vivienda unifamiliar adosada de dos alturas sobre rasante destinadas a vivienda del año 2009. Se encuentra ubicada en una zona tranquila de nueva construcción a las afueras de la localidad de Talavera la Real denominada Residencial Princesa. Zona con buenas comunicaciones por carretera N-V. Además, dispone de estación de autobuses. Cuenta con un nivel medio en servicios e infraestructuras tales como hoteles cercanos (Hostal Arcos Talavera), instalaciones deportivas (piscina municipal), centros educativos (C. P. San José, IES Bachiller Diego Sánchez), centros sanitarios (Centro de salud de Talavera la Real), comercios y restauración. CE: G ... Leer más

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