Hechos: Se otorga una escritura de compra por un Ayuntamiento de  dos bienes inmuebles para destinarlos a Biblioteca Municipal. La compra se hace por negociación directa, sin publicidad ni concurrencia de ofertas, por la especificidad de los bienes adquiridos y con la aprobación por Decreto del Alcalde. Posteriormente se presentan certificados complementarios del Secretario del Ayuntamiento y además el notario emite un juicio genérico de suficiencia de la representación del alcalde mediante diligencia subsanatoria, complementario de uno ya emitido en la escritura.
            La registradora, en detallada nota que extractamos, considera no inscribible el documento pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 de la LSC en el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia debe determinar la cancelación de su inscripción así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella, lo que no resulta del contenido de la sentencia. La cancelación no puede realizarse de oficio, sin que  sea suficiente el mandamiento que se acompaña.  Ello compete al Tribunal que dictó dicha resolución. Aparte de ello existen asientos posteriores que podrían resultar afectados por las consecuencias de la nulidad declarada judicialmente. Por ello debe determinarse a qué asientos extiende su eficacia la sentencia y se ordene la cancelación de los mismos, cancelación que en ningún caso puede realizarse de oficio por el Registrador. La nota se fundamenta, aparte del ya citado artículo 208, en el artículo 214 de la LEC y en la RDGRN de  30 de mayo de 2013.
Documentos secretos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos han revelado que Henry Kissinger sabía de los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Argentina, que amparó deliberadamente a la dictadura militar para evitar que la presión internacional pudiera evitar las violaciones de derechos humanos, y que le recomendó al gobierno argentino asesinar a los opositores antes de que asumiera el presidente James Carter.146​
A principios de 1979 la conducción de Montoneros en el exilio, liderada por Roberto Perdía, decidió lanzar una «contraofensiva popular para retornar al país».203​ La decisión ha sido objeto de fuertes controversias.203​ Cristina Zucker, cuyo hermano Roberto El Pato Zucker fue detenido-desaparecido al tratar de ingresar al país durante la contraofensiva, escribió el libro El tren de la victoria dedicado a ese hecho histórico.204​ La «contraofensiva» se desarrolló en dos etapas, realizadas en 1979 y 1980, respectivamente.203​ En el marco de esa decisión, Montoneros realizó algunos atentados contra funcionarios civiles del gobierno militar pertenecientes al equipo económico o empresarios vinculados:
Imploramos perdón a Dios nuestro Señor por los crímenes cometidos entonces, especialmente por los que tuvieron como protagonistas a hijos de la Iglesia, sean los enrolados en la guerrilla revolucionaria, sean los que detentaban el poder del Estado o integraban las fuerzas de seguridad. También por todos los que, deformando la enseñanza de Cristo, instigaron a la violencia guerrillera o a la represión inmoral.263​
            DGRN. Al existir las cargas antedichas, la Resolución resuelve que no es posible proceder a lo solicitado porque, habiendo titulares de cargas, al acreedor no se le puede entregar por cada uno de los conceptos debidos más cantidad que la fijada en la responsabilidad hipotecaria:  “…Dada la existencia de cargas posteriores…la cantidad que ha de entregarse al acreedor por cada uno de los conceptos, principal, intereses y costas, no puede exceder del límite de la cobertura hipotecaria…”
            No cabe duda de que la liquidación de los bienes adquiridos por los cónyuges en consideración a su vida en común es cuestión que debe incluirse en los efectos del cese de esa vida en común. Con mayor razón en el caso que nos ocupa, por tratarse de la vivienda familiar, lo que obedece al interés de los hijos; por lo que no hay razón para excluir la posibilidad de que el convenio regulador incluya la adjudicación de la vivienda familiar.

Puertas de garaje comercial normalmente son más grandes y pesadas. Por causa de su medida, normalmente necesitan quatro o más resortes de puertas de garaje. No importa cuantos resortes tiene una puerta de garaje para darle contra balance. Si se quiebra un resorte debe de obtener ayuda inmediata para evitar daños o lesiones. Resortes de puertas de garaje son peligrosas, solo deben ser manipuladas por un técnico entrenado que puede manejar la tarea profesionalmente y con seguridad. Haciendo ajustamentos a resortes, reemplazando o reparando resortes o instalando resortes son tareas peligrosas.

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La evolución de la participación argentina en el Movimiento demuestra que ha sido como consecuencia de una actividad diplomática positiva y fértil que la República pudo lograr los apoyos necesarios para un tratamiento decoroso del caso argentino en la Comisión de Derechos Humanos, como consecuencia de la decidida actuación en su favor de los miembros No Alineados de la Comisión. Ello se puso de manifiesto en el 35.º Período de Sesiones (febrero de 1979) poco tiempo después de la concurrencia del Ministro de Relaciones Exteriores, Vicealmirante Oscar Antonio Montes, a la Conferencia de Cancilleres realizada en Belgrado en julio de 1978.

185. AGRUPACIÓN DE PISOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL. CONSENTIMIENTO DE LOS NUDO PROPIETARIOS PERO NO DE UNA USUFRUCTUARIA. Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de San Lorenzo de El Escorial n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de agrupación de fincas de un edificio en régimen de propiedad horizontal.

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              4º. En cuanto a los acreedores, será de aplicación el artículo 370.4 de la LSC y por tanto tendrán derecho a oponerse en los mismos términos que en caso de reducción del capital social. Ello nos lleva a la consecuencia de que si la sociedad es anónima deberá publicarse el acuerdo y manifestarse transcurrido un mes que ningún acreedor se ha opuesto a la prórroga y si es limitada deberá reflejarse en la escritura o en el acuerdo la composición de la sociedad con todos los datos de identidad de los socios y su participación en el capital social. (JAGV)
Es en ese punto donde radica la mayor importancia de tener en cuenta los hechos sucedidos como genocidio. La vigencia de la Convención en la materia está fuera de toda discusión, como también lo está la del resto de las Convenciones sobre Derechos Humanos contenidas en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Considerar de ese modo -genocidio- y bajo ese trascendente paraguas legal las causas en trámite permitirá a mi entender ubicar los hechos investigados en el contexto adecuado, cumpliendo de ese modo la obligación contenida en el célebre fallo Velázquez Rodríguez en cuanto a investigar con seriedad y no como una simple formalidad. Todo ello es parte también de la reconstrucción de la memoria colectiva, y permitirá construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad, piedra fundamental para evitar nuevas matanzas. Como se señaló precedentemente, todos esos hechos configuran delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983.276​
En Argentina, como en otros casos de violaciones masivas de derechos humanos, se produjo un debate sobre el alcance y gravedad de la responsabilidad penal para los autores directos, en relación al lugar que cada uno ocupaba en la cadena de mando. En total se calcula que 1180 policías, militares y civiles fueron autores directos de crímenes de lesa humanidad.124​
            En segundo lugar señala que las normas procesales de ejecución hipotecaria son de carácter público y están sustraídas a la voluntad de los particulares. No obstante reconoce que dicho pacto es válido entre las partes y sus sucesores, con alguna duda en los casos de cesión, pero que no se puede extender a los adjudicatarios en virtud del procedimiento de ejecución hipotecaria pues son terceros respecto de dicho pacto, por lo que no es inscribible.
Pertierra lo pone así: “De buscarlo los agentes federales en la dirección que entregó a ICE, y al no encontrarlo, irían a la dirección del peticionario. Si se niega a dar la ubicación del fugitivo, el peticionario incurre en el delito de obstrucción de la justicia, porque al momento de que se busca al beneficiario cuando un gobierno extranjero lo solicita en extradición, se le cataloga como ‘inmigrante indocumentado’ y ocultar el paradero de él es otro delito, el de tráfico de personas, que puede ser castigado con entre 15 y 20 años de prisión”.
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