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Raúl Guglielminetti, alias "Mayor Guastavino", fue un agente de inteligencia perteneciente al batallón 601 que ha sido relacionado con múltiples actividades criminales clandestinas.134​ A partir de 1978 condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE) que organizó la colaboración del régimen militar argentino con la guerra sucia en Centroamérica, conocida como Operación Charlie.135​ Fue integrante de la denominada "Banda de Aníbal Gordon", fue relacionado con el secuestro del empresario Osvaldo Sivak en 1985,136​ y ha sido vinculado al tráfico de armas y de drogas.137​
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            Hechos: La cuestión que se plantea en esta resolución se centra en determinar si es o no inscribible la siguiente cláusula estatutaria sobre retribución al administrador por sus trabajos independientes del cargo. La cláusula debatida aparece redactada en los siguientes términos: «El cargo de administrador será gratuito, independientemente del sueldo que le corresponda en función del trabajo que desarrolle en la entidad. Independientemente de la retribución que le pudiera corresponder al órgano de administración por la realización de las funciones propias del cargo; por la prestación de servicios o trabajos a la sociedad distintos de los que le correspondan al órgano de administración, percibirá una retribución en función de dichos servicios o trabajos, que será aprobada en la Junta General. Tal retribución se incrementará o disminuirá anualmente en el mismo porcentaje que el convenio laboral del sector al que corresponda la actividad de la sociedad, y en su defecto, la variación del índice de precios al consumo, salvo acuerdo expreso de la Junta General».

            Hechos: Se otorga una escritura de compra por un Ayuntamiento de  dos bienes inmuebles para destinarlos a Biblioteca Municipal. La compra se hace por negociación directa, sin publicidad ni concurrencia de ofertas, por la especificidad de los bienes adquiridos y con la aprobación por Decreto del Alcalde. Posteriormente se presentan certificados complementarios del Secretario del Ayuntamiento y además el notario emite un juicio genérico de suficiencia de la representación del alcalde mediante diligencia subsanatoria, complementario de uno ya emitido en la escritura.
            El notario autorizante informa de que, a su juicio, no es necesaria dicha Licencia administrativa para los casos de segregación en propiedad horizontal, salvo que lo exija la Comunidad Autónoma, pues la finalidad de la última reforma ha sido la de aligerar trámites. En su opinión la necesidad de licencia se refiere a los casos en los que hayan de realizarse obras que exijan autorización de la Comunidad de Propietarios y por eso la norma parte de que  “así se haya solicitado” por el propietario a la Comunidad. En el presente caso, además, los Estatutos permiten estas operaciones sin necesidad de autorización de la Comunidad.
es una situación difícil, lo que hice en una situació similar a la tuya y fue el remedio. Tienes que estar conectado con serenazgo (teléfono y twitter) reportar la situación y explicar que es repetitiva; las respectivas multas son la mejor cura, para lo cual necesitan un policía como autoridad y si es repetitiva ellos tienen como contactar y hacerlo. Cuesta trabajo pero vale la pena. Ya que la municipalidad también tiene cómo presionar a los locales y es un antecedente con el cual puede peligrar su licencia de funcionamiento.
Existen abundantes evidencias de que el gobierno militar llevaba detallados registros de los detenidos-desaparecidos y la suerte que corrieron, que no han podido ser hallados. El documento más importante encontrado hasta 2006 sobre los registros clandestinos y la cantidad de desaparecidos y asesinados durante el régimen militar es un informe del agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel (fue jefe de la policía secreta chilena en Buenos Aires), cuyo nombre clave era Luis Felipe Alemparte Díaz,104​ que fue hallado por John Dinges en 2002 entre más de 1500 hojas que le habían sido confiscadas por los jueces federales argentinos en 1978 y que permanecieron guardadas entre los archivos del tribunal desde entonces. Al final de su informe, realizado en julio de 1978, el informa que el Ejército Argentino tenía computados hasta ese momento 22 000 muertos y desaparecidos. El documento dice textualmente:
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            En cuanto al segundo defecto planteado relativo a la prevención de la doble inmatriculación, la DG reitera que las dudas sobre la coincidencia o no, siquiera parcial, de la finca que se pretende inmatricular con otras o parte de otras ya inmatriculadas, constituyen una cuestión que no puede decidirse en el cauce el presente recurso, sino judicialmente (R. 2 de julio de 2013). En el presente caso, el registrador expresa en su nota de calificación las razones o motivos por los que a su juicio la finca cuya inmatriculación se solicita puede coincidir en parte con otras ya inmatriculadas, por lo que las dudas del registrador están «prima facie» justificadas, sin perjuicio de que judicialmente se demuestre lo contrario como resulta de la remisión al artículo 306 del Reglamento Hipotecario.
Cuando nos llame, no queremos que sea el único tiempo de conocernos. Trabajámos para tener una amistad duradera para ser la única empresa que llame cuando tenga problemas relacionados a su puerta de garaje. Colocando atención extrema a los detalles, aseguramos que su problema esté arreglado bien la primera vez. Cuando nos llama, recibe el más mejor servicio y la mejor calidad de partes a precios minimos posible.

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            La Dirección admite una evidente falta de claridad en la determinación del concreto negocio pero entiende que no es suficiente impedimento pues de una visión conjunta queda claro que los cónyuges únicamente pretenden la extinción de la comunidad sobre la vivienda que fue su domicilio conyugal. Así resulta del propio convenio cuando, tras referirse al hecho de haber procedido antes a la liquidación del resto del patrimonio común, sólo se inventaría ese bien, de tal manera que el valor del activo es el de la propia vivienda y el del pasivo es únicamente el del capital pendiente de pago del préstamo obtenido para su adquisición. Del convenio, pues, resultan los elementos precisos para calificar el negocio jurídico como de extinción de la comunidad existente entre ambos cónyuges sobre la vivienda que fue su domicilio familiar, sin que puedan deducirse elementos concluyentes de ningún otro negocio jurídico. (MN)
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            DGRN. La Resolución entiende que es preceptiva la previa comunicación expresa exigida por la calificación registral: “…ciertamente no se establece en este precepto (art. 39) un cierre registral expreso ante la falta de comunicación del contrato a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Pero si se tiene en cuenta la posibilidad que tiene ésta de denegar la autorización en el plazo de tres meses por las causas expresadas, debe entenderse que la acreditación de dicha comunicación es exigencia previa a la inscripción registral, evitando con ello que el Registro de la Propiedad pueda publicar titularidades no firmes o claudicantes. No cabe olvidar que la finalidad del Registro de dar seguridad jurídica en el tráfico sólo se armoniza con la inscripción de titularidades plenamente válidas (cfr. artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de su Reglamento)”.
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            Una cosa es que a los motivos se les dé en vía judicial relevancia jurídica y otra bien distinta es que mediante el recurso de causalizarlos volvamos nuevamente a incidir en una fragmentación del ordenamiento jurídico repleta de facultades exorbitantes frente al ciudadano y excluyente de la aplicación de las normas generales de las obligaciones y contratos. (JAR)
Freddy, lo que debes hacer es comunicar el hecho A LA DIVISION DE TRANSITO DE LA COMISARIA DE TU SECTOR, ya que son ellos (y no serenazgo) quienes tienen la obligacion y la potestad de MULTARLO Y REMOLCAR EL VEHICULO. Si esta persona persiste en su conducta, podrias cursarle una carta notarial requiriendolo a la inmediata abstencion bajo apercibimiento de formalizar denuncia ante el Ministerio Publico por el delito de Coaccion e incluso, Usurpacion, ya que esta violentando tu libertad de transito y turbando el uso de tu propio inmueble. Espero haberte ayudado, suerte.
            Supuesto: Se discute si es posible la inmatriculación de una finca mediante el procedimiento regulado en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento y artículo 53.7 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, cuando su superficie está situada en una zona del distrito hipotecario -en este caso la U.Z.P. 0301 Valdecarros-, sujeta a régimen de transformación del suelo, en concreto, por estar la finca sujeta a la ejecución de un proyecto de equidistribución, resultando la constancia registral de dicho proyecto en relación a otras fincas a las que igualmente afecta.
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            Supuesto: Expedida copia electrónica de una escritura pública para su presentación en el Registro de la Propiedad y remitida telemáticamente al Registro de la Propiedad se rechaza la práctica del asiento de presentación porque del archivo electrónico en formato PDF resulta que el notario hizo constar en la diligencia de expedición, como fecha, la de la autorización, día 13 de marzo de 2014 mientras que de la validación de la firma electrónica resulta que la expedición fue llevada a cabo el día 14 de marzo de 2014.
José Alfredo Martínez de Hoz, presidente de la empresa metalúrgica Acindar, quien fuera Ministro de Economía entre 1976 y 1980, fue enjuiciado penalmente en el caso del secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, propietarios de la algodonera SADECO. Martínez de Hoz había viajado a a Filipinas donde un grupo chino le habría solicitado intervenir para que los empresarios argentinos cumplieran un contrato comercial de dos millones y medio de dólares. Los Gutheim (padre e hijo) fueron secuestrados poco después de que Martínez de Hoz volviera de Filipinas, y durante su secuestro fueron llevados en dos oportunidades a negociar con los acreedores chinos y en una oportunidad a reunirse con el ministro. En 1990 Martínez de Hoz fue indultado por el presidente Carlos Menem. El 4 de septiembre de 2006 un juez declaró la nulidad del indulto y reabrió el caso que finalmente fue cerrado al fallecer el acusado.142​

            Por lo que se refiere al artículo 238 del Reglamento del Registro Mercantil, este artículo lo que viene a pregonar son los efectos de publicidad positiva y negativa previstos en el ordenamiento respecto de terceros de buena fe (artículos 20 y 21 del Código de Comercio), a quienes no será oponible la inscripción retrasada de prórroga de la sociedad.
Los Grupos de Tarea (GT) estaban encargados de realizar los secuestros, generalmente de noche. Inmediatamente los detenidos-desparecidos eran llevados al CCD correspondiente, donde permanecían constantemente encapuchados y esposados. Allí eran severamente torturados e interrogados por los mismos integrantes de los GT. El tiempo de este período inicial de tortura variaba considerablemente, pero en términos generales puede decirse que oscilaba entre uno y dos meses. Con posterioridad a ese período inicial de tortura-interrogatorio, se disponía:

Clarín nunca explicó los pormenores de la nota, ni se puso a disposición de la justicia a los fines de verificar si las personas entrevistadas eran desaparecidas, cuál era el centro de detención visitado por sus periodistas y si los militares que intervinieron pudieron haber estado cometiendo delitos de lesa humanidad. El investigador Marcelo Borrelli de la Universidad de Buenos Aires analizó la publicación y sostiene que "parecía haber sido escrita por las usinas de los servicios de la inteligencia militar". Detalla los mecanismos discursivos del periódico para elogiar el sistema de reclusión de los "extremistas" que se entregaran voluntariamente y la distinción entre "las dos juventudes", por un lado la juventud "extraviada" que tenía preocupaciones políticas y traumas afectivos de origen familiar, y por el otro la juventud apolítica, dedicada por entero a destacarse en su profesión.51​
Según el Profesor de Antropología de la Universidad de Utrecht, Antonius C. G. M. Robben, los soldados estadounidenses en Irak copiaron a los militares argentinos en el uso de grupos de tarea en áreas urbanas como rurales, el secuestro, tortura y la ejecución clandestina de insurgentes: «Sobre la base de una amplia investigación en Argentina, he establecido paralelismos entre la guerra de contrainsurgencia más conocida como la guerra sucia en Argentina contra la insurgencia guerrillera argentina durante la década de 1970 y las tácticas empleadas por las unidades de contrainsurgencia de Estados Unidos en Irak. La enjambrazón es la última innovación en la contrainsurgencia, sin embargo, sigue obedientemente la regla básica de que una fuerza guerrillera es mucho mejor contrarrestada al imitar sus tácticas. El carácter elusivo de los insurgentes que luchan entre la gente en las ciudades de Irak, igual como los guerrilleros urbanos bajo disfraz civil en Argentina, llevó a los militares de EE.UU. en utilizar tácticas evasivas por igual. La enjambrazón maximiza las tácticas de sorpresa y la movilidad a través de la conectividad. Las pequeñas unidades de combate deambulan de forma independiente en un área en particular urbano, con la esperanza de un encuentro casual con los insurgentes, si bien es consciente de sus respectivas coordenadas a través de equipos de comunicación de alta tecnología. Cuando una unidad entra en contacto con fuego combatiente irregular, otras unidades de combate en las proximidades convergen en la escena, enfrentan al enemigo, y se dispersan una vez que la lucha ha terminado. Los militares argentinos desarrollaron sus propias tácticas de enjambrazón en la década de 1970. Las unidades de combate deambulan por las calles de las ciudades de Argentina, toman posición en los puertos y aeropuertos, y estudian minuciosamente las libretas de direcciones de cautivos en busca de nuevos objetivos. La contrainsurgencia argentina se convirtió rápidamente en una guerra sucia en la que los combatientes y los opositores políticos fueron secuestrados, torturados, desaparecidos, y eventualmente asesinados».283​
Contenido: Enjuicia los delitos cometidos en la ESMA y está dividida en 10 tramos.235​ Dentro de esta causa se enjuician los casos de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, las Madres de Plaza de Mayo secuestradas en la iglesia de Santa Cruz, la adolescente Dagmar Hagelin, el periodista Rodolfo Walsh, los secuestros de los bebés Victoria Donda y Juan Cabandié, entre muchas otras. Entre los imputados se encuentran Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Cavallo, Jorge el tigre Acosta, Antonio Pernías, Miguel Donda, Juan Carlos Rolón, Alberto Radice.

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            Analizando las circunstancias del presente caso y de la nota de calificación, la DGRN estima el recurso considerando que el acuerdo del Registrador afirma reiteradamente que lo que se pretende inscribir es una extinción de condominio y exige que se haga constar el valor de las fincas o que los lotes son del mismo valor a fin de determinar la naturaleza jurídica del negocio llevado a cabo, por lo que hace supuesto de la cuestión en la medida que no parte de la base fáctica que resulta de la documentación presentada
Cualquier desviación en el desempeño de las personas, en relación con los estándares establecidos, para mantener la continuidad de marcha de las operaciones y un nivel de pérdidas mínimas, se lo considera un acto anormal que impone riesgo y amaga en forma directa la seguridad del sistema o proceso respectivo. Un acto subestándar se detecta con observaciones.
A partir de 2004 gran cantidad de jueces comenzaron a declarar la inconstitucionalidad de los indultos de delitos de lesa humanidad, reabriéndose así las causas contra los indultados por esos crímenes. El 6 de septiembre de 2006, la Corte de Casación, máximo tribunal argentino en materia penal declaró por primera vez la inconstitucionalidad de un indulto .218​
            La DGRN confirma el defecto de fondo en base al artículo 20 del Real Decreto 1093/1997 que en su apartado primero establece que «La afección caducará a los siete años de su fecha”, sin que resulte aplicable analógicamente lo dispuesto para las anotaciones preventivas en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, al no existir identidad de razón entre ambas clases de asientos (art. 4.1 del Código Civil), máxime cuando su prórroga determinaría un perjuicio a titulares de derechos inscritos en el ínterin.

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