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Este represor argentino, prófugo de la justicia, llegó a México, ocupando el cargo de director general de Registro Nacional de Vehículos. En el año 2000, fue detenido en el aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y permaneció en prisión hasta que fue autorizado su traslado a España. Actualmente, se encuentra extraditado, de regreso a Buenos Aires, Argentina, donde sigue su proceso judicial.

Finalmente se realiza un expediente técnico, acordando las mejoras realizadas y el cumplimiento de los requisitos exigidos en cuanto a normativa y en materia de prevención de riesgos, una vez ya se hayan hecho los cambios mínimos necesarios buscando la seguridad de la misma y acordando la próxima visita si el sistema entra en un programa de mantenimiento de puertas de garaje.
            A esta etapa de revisión y atenuación del criterio del servicio público o interés general responde la teoría de los actos separables, que está plenamente consolidada en la actualidad, incluso legalmente, como destaca la Resolución-: “… inicialmente propugnada en sede doctrinal, acogida posteriormente por la jurisprudencia y consolidada hoy día a nivel normativo (vid. arts. 20 y 21 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o el artículo 2.b) de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Según esta doctrina en los contratos privados de los entes públicos se han de distinguir dos aspectos: por un lado, el relativo a los efectos y extinción del contrato, que quedan sujetos a las normas de Derecho privado y cuyo conocimiento es competencia de la jurisdicción ordinaria; y por otro, la fase de preparación y adjudicación del contrato, la que hace referencia a la formación de la voluntad contractual del ente público y la atribución de su representación, que se rige por la normativa especial y cuya infracción corresponde revisar la jurisdicción contencioso-administrativa (vid. Resolución de 27 de marzo de 1999).

El 3 de mayo de 2017 la Corte Suprema dictó una sentencia admitiendo que los criminales condenados por delitos de lesa humanidad puedan computar doble el tiempo que estuvieron detenidos antes de ser condenados, a partir de los dos años de prisión preventiva. La sentencia se dictó en la causa "Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario" (CSJ 1574/2014/RH1) y benefició a Luis Muiña, culpable de cinco delitos de lesa humanidad y condenado en 2011 a trece años de prisión, luego de haber estado detenido preventivamente desde 2007. La Corte consideró aplicable al caso el artículo 7 de la Ley Nº 24.390, conocida como Ley del Dos por Uno, que estuvo vigente entre 1994 y 2001. El fallo fue dictado por tres votos a favor (Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) y dos votos en contra (Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda).226​ La sentencia fue cuestionada por las organizaciones de derechos humanos y un amplio espectro de organizaciones y personalidades nacionales e internacionales, que la consideraron un acto de impunidad, asociándola con las llamadas leyes de impunidad, sancionadas durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, desencadenando varias denuncias penales contra sus autores y pedidos de juicio político.227​
En términos generales puede decirse que, en mayor o menor medida, los medios gráficos padecieron la censura y también la autocensura y colaboraron con el régimen militar, encubriendo los crímenes y justificando su proceder, como los casos de los grandes periódicos Clarín (bajo la direcciòn de Ernestina Herrera de Noble, la suprevisión de Rogelio Frigerio y la gerencia general de Héctor Magnetto) y La Nación (dirigido por Bartolomé Mitre), la revista Gente (dirigida por Samuel Chiche Gelblung), el diario La Opinión, La Voz del Interior o El Día.158​ Otros, como el diario La Tarde, creado el 16 de marzo de 1976 por Jacobo Timerman y dirigido por su hijo Héctor Marcos Timerman, azuzaron el golpe.159​ El diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca dirigido por Diana Julio de Massot, donde fueron asesinados los delegados sindicales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, fue denunciado por la participación de sus autoridades en los crímenes.160​161​
            Lo que sí será preciso, concluye, “es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición”. Así resulta del artículo 223 del Código de Comercio cuando afirma: «Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el artículo 119». Así debe interpretarse el artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital “que lejos de imponer una liquidación forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición”.
            Cuando nos enfrentamos por primera vez al artículo 78 bis de la Ley 3/2009, ya hicimos notar que  llamaba la atención, que dijera que se puede prescindir de los balances cuando su precedente en este punto, que es el antiguo art. 42 de la ley, había sido modificado precisamente para eliminar de las simplificaciones que establecía para  las fusiones por acuerdo unánime la posibilidad de obviar el balance. Este dato también llama la atención a la DG en la resolución que comentamos pero sin sacar de él sus últimas consecuencias.
184. TRACTO SUCESIVO Y HERENCIAS NO INSCRITAS: NECESIDAD DE INSCRIBIR LAS INTERMEDIAS Y APORTAR SUS TESTAMENTOS Y LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS. Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Zaragoza n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de partición hereditaria y la calificación de dos títulos posteriores presentados sucesivamente. 
Sin embargo, la experiencia nos enseña que, aunque los tratamos de evitar, de todos modos se producen los accidentes en el trabajo. Lo normal es que las medidas de prevención de riesgos tengan efectos positivos a largo plazo. Así, aún con el mejor plan de prevención o control de riesgos operacionales, tendremos que ver algunos accidentes laborales que afectan a los trabajadores a los equipos o al medio ambiente.
            Comentario: Al igual que en otras resoluciones la DG sigue siendo muy rígida en materia de convocatoria de la Junta General. El caso planteado se centra en interpretar la expresión utilizada en la dimisión de aplazar el cese hasta que se reúna la junta general. Para el recurrente la dimisión se ha producido y en cambio para la DG, si bien el consejero ha dimitido, continúa en su cargo hasta que se cumpla la condición. Esto último plantea el problema de qué solución adoptar ante los casos que se dan  últimamente de señalar fecha al cese y nombramiento de administradores. A nuestro juicio los efectos del cese deben ser desde la fecha de la junta, sin que puedan aplazarse sus efectos y el nombramiento desde la aceptación, sin que tampoco puedan dilatarse sus efectos en el tiempo. No obstante se tratará de interpretar cada caso pues lo normal es que la escritura se presente cuando todos los plazos están cumplidos en cuyo caso la cuestión tiene una menor trascendencia. No obstante es una cuestión dudosa y pudiera ser importante a la hora de determinar las responsabilidades de los administradores.
            Otra cosa sería la determinación de las cuotas que correspondan a cada uno de los nuevos elementos, donde el acuerdo será inevitable en aquellos casos en los que no se establezca en la cláusula estatutaria el método de cálculo para la fijación de dichas cuotas, circunstancia que por sí sola constituiría un obstáculo para el acceso al Registro de la cláusula exoneradora, dado que sería necesario en todo caso al acuerdo de junta para su fijación, perdiendo su sentido dicha cláusula. La determinación del sistema de cálculo es además una exigencia dimanante del principio de seguridad jurídica, que va a permitir tanto al registrador  en sede de calificación registral, como al notario autorizante del título en el momento de su otorgamiento, establecer la adecuación de las cuotas al método de cálculo recogido en la norma estatutaria, con independencia de la actuación que pueda acordarse por los órganos de la comunidad conforme a lo dispuesto en los arts. 7 y 10.3.b LPH caso de producirse algún tipo de discrepancia. (MN)

            De una parte, sin modificar estatutos, no es posible, en las sociedades anónimas, acudir a la forma privada de convocatoria de junta. Y de otra los avatares que sufran en su titularidad determinadas participaciones no pueden surtir efectos frente a la administración de la sociedad en tanto sus titulares no lo hagan saber debidamente al órgano de administración. (JAGV)

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INSTALACION DE LAS MCNSULAS Figura1 INSTALACION EN EL CARRIL DE LA PUERTA (LADO DERECHO) Asegurese de que el abridor no este conectado a la corriente electrica. Carril de Instaie y alinee ias mensulas de manera que los sensores esten uno frente al otto en los lados opuestos de la _ Reborde puerta, a una distancia maxima de 15 cm (6 pulg.) del piso.
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Hinged garage doors come off as a result of misalignment of the horizontal tracks, unscrewed bolts, or loose metal brackets at the end of the track on the door. You can replace the bolts and brackets to help fix issues with a hinged garage door. If the rollers are still on the tracks, tighten the bolts using a screwdriver from a garage door repair kit while holding the bracket on the garage door.

INSTALLATION STEP Hang Opener To avoid possible SERIOUSINJURYfrom a falling garage door opener,fasten it SECURELY to structural Three representative installations are shown. Yours supports of the garage. Concrete anchors MUST be used may be different. Hanging brackets should be if installing any brackets into masonry. angled, Figure 1, to provide rigid support.
Cuando el reportero visitó la casa, frente a esa entrada principal estaban estacionados tres vehículos de modelo reciente, con placas de Texas. Adentro hay una reja que impide el ingreso directo a la puerta principal de la residencia, frente a la cual destaca una fuente de piedra. Las blancas persianas de las seis ventanas ovaladas, estilo colonial, están cerradas. No se puede alcanzar el timbre de la casa porque la reja lo impide. El reportero golpeó varias veces la reja… Nadie respondió. El jardín trasero está resguardado por árboles pequeños y un murete de piedra.
Art. 1 "Autorízase hasta el 31 de diciembre de 1976 a dar de baja por razones de seguridad, al personal de planta permanente, transitorio o contratado, que preste servicios en la Administración Pública Nacional, en el Congreso Nacional, organismos descentralizados de cualquier carácter, autárquicos, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del Poder Ejecutivo, que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras. ...Estarán comprendidos en la presente disposición , aquellos que en forma abierta, encubierta o solapada preconicen o fomenten dichas actividades.
El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. En cambio fueron absueltos Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamí Dozo y Jorge Isaac Anaya.

La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar encabezada por jóvenes oficiales del ejército argentino que se denominaron “carapintadas”. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección, millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la Confederación General del Trabajo de la República Argentina declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo a borde de la guerra civil. La rebelión fue sofocada por una rama del ejército leal al presidente Alfonsín.

Un tiempo de saltar pistas que han caminado una distancia lejana, así que deciden tomar un descanso rápido. Por suerte, Pops nota una máquina conveniente; un híbrido cama-coche. Lo usan para llegar a la primera prueba, que consiste en separar las tuercas de los pernos en una gran pila en 60 segundos. Después de un poco de clasificación, se topan con una tuerca y un tornillo combinado; Mordecai le dice al tuercas y tornillo tutor que no es ni, y pasan la primera prueba. La siguiente prueba es para destapar un inodoro; Rigby se acerca a este mal, y apenas empieza a atascar el émbolo en el baño con una gran cantidad de fuerza. Esto hace que el espacio para comenzar a inundación con agua. Mordecai y Rigby guarde la calma y vienen con la idea de que deben hacerlo en un ritmo que es "zambullida zambullida, a ras ras". Funciona, y continúan en su viaje.


               b)  No cabe admitir el criterio del Ayuntamiento que, siguiendo la doctrina superada del interés general y del servicio público, argumentaba que el contrato celebrado era un contrato administrativo especial (de los del apartado b) del artículo 5.2) por estar vinculado al giro o tráfico específico de la Administración contratante, para satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública específica competencia de aquélla o porque así lo declare la ley, circunstancias que entiende concurren en este caso al tratarse de contratos de venta de parcelas destinadas a la construcción sobre las mismas de viviendas de promoción pública, y estar vinculada dicha finalidad con las competencias urbanísticas del Ayuntamiento, entendiendo que si dicha finalidad urbanística no se cumple por el adjudicatario, debe ser cumplida por el propio Ayuntamiento, lo que requiere la resolución del contrato.
Yo no critico a Chile. Estoy de acuerdo con el Gobierno militar de Chile y también con el de la Argentina. No hablo de los demás países, hablo de mi país, donde estábamos en un estado anárquico. Yo no estoy de acuerdo con toda su política, pero hay que reconocer que el régimen militar nos ha salvado de la ignominia. Estamos saliendo del caos, a pesar de los muchos crímenes que se cometen, y desde luego todo argentino tiene que aplaudir al Gobierno.
            Comentario: Si de esta Resolución elimináramos los hechos y nos centráramos en los demás apartados de registradora, recurrente y DGRN podríamos pensar que los que se está debatiendo es la inscripción de un título judicial ejecutivo, de una ejecutoria, cuando lo cierto es que el título es un documento notarial en el que se documenta un negocio jurídico mercantil, una compraventa, por lo que muchos de los argumentos empleados en esas instancias no son aplicables al caso concreto. La particularidad se encuentra en que en la formación de la voluntad de la parte vendedora, la sociedad en liquidación, es necesaria la autorización judicial al estar la sociedad sometida a la tutela o supervisión judicial por su situación procesal de concurso en fase de liquidación.
246. EXCESO DE CABIDA Y CAMBIO DE LINDEROS POR SENTENCIA DECLARATIVA. Resolución de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Figueres, por la que se deniega la inscripción de un exceso de cabida y rectificación descriptiva declarados en sentencia.
            En opinión de la registradora existe contradicción, por cuanto siendo dos las fincas hipotecadas, de una parte parece que el domicilio para notificaciones es la finca descrita con el número uno –la vivienda–; pero al referirse también a la finca sobre la que se ejercite el procedimiento, surge la confusión, de si al ejecutarse la hipoteca también sobre la finca descrita al número dos –una plaza de garaje– sea éste el domicilio para notificaciones.

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Las ausencias frecuentes del médico consolidaron el menoscabo. Charo ya no tenía fuerzas para mucho y languideció hasta el desmoronamiento. Emergía de las nubes babosas del dopaje nada más para encontrarse con la sonrisa agria del médico que la devolvía a la turbiedad química. Las píldoras, que nunca habían escaseado en esa casa, se hicieron cotidianas y, a la vez, muy abundantes. Antidepresivos, calmantes, estimulantes. Luego vino, whisky, vodka. La comida se limitó al mínimo para sobrevivir. Charo se ajó.
Entre los partidos políticos, mantuvieron una activa oposición varios grupos del Partido Justicialista, Franja Morada y el Movimiento de Renovación y Cambio pertenecientes a la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista Popular, el Movimiento al Socialismo, el Partido Intransigente, el Partido Comunista Revolucionario, entre otros. En 1980 las juventudes de estos partidos reorganizaron las Juventudes Políticas como instancia de acción conjunta, participando de las mismas las juventudes radical, peronista, socialista, comunista e intransigente. En 1981 cinco partidos (Justicialista, Radical, Intransigente, MID y demócrata-cristiano) con el apoyo del Partido Socialista Popular, organizaron la Multipartidaria para presionar al gobierno militar a retirarse y establecer un régimen democrático.
Luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas el gobierno militar se vio debilitado hasta el punto de tener que llamar a elecciones democráticas sin condicionamiento alguno para el 30 de octubre de 1983. Pocos meses antes el gobierno militar dictó la Ley 22.924 conocida como Ley de Autoamnistía.211​ Esta ley fue un acto desesperado del gobierno militar en retirada y fue reiteradamente declarada inconstitucional incluso durante los meses finales del Proceso de Reorganización Nacional. El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, el presidente Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la ley de auto-amnistía y una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.212​
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            Concluye revocando la nota y estimando el recurso toda vez que el exceso de cabida en el caso que nos ocupa, no consta sólo de documentación técnica, o catastral, o notarial, sino de una resolución judicial recaída en expediente de dominio tramitado al efecto, que concluye con una auto judicial que «que se citó a los propietarios de las fincas colindantes y convocando a las personas ignoradas a quienes pudiera afectar la rectificación de cabida». Y aunque el auto no contiene mayor especificación o detalle sobre quiénes fueron los colindantes concretos citados, cuestión que no ha planteado la registradora en su nota de calificación al efecto, en su caso de comprobar que no exista indefensión de los colindantes inscritos registralmente, sí que afirma, que «al objeto de salvaguardar los derechos que los colindantes o cualquier otra persona pudiera tener sobre la misma, se ha practicado la prueba documental y testifical, cuyo resultado ha sido la corroboración de la propiedad alegada por el actor y la constatación de que no existen personas que pudieran verse afectadas por la inscripción de la cabida correcta”. (JCC)

               e) Acordada unilateralmente la resolución del contrato, se pone fin a la vía administrativa y el acuerdo es inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio del recurso a la vía contencioso-administrativa. En el Registro de la Propiedad el acuerdo resolutorio produce la cancelación del derecho inscrito mediante la presentación del documento administrativo (artículo 156 del Real Decreto Legislativo 3/2011) que, como tal, goza de las presunciones de legalidad, ejecutividad y eficacia de los actos administrativos (arts. 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), sin perjuicio de que el registrador ejercite su competencia de calificación en los términos establecidos en el artículo 99 del Reglamento Hipotecario…”.
            Constan en el expediente una certificación del Secretario del Ayuntamiento en la que se manifiesta que se da el supuesto legal para acudir a este procedimiento negociado sin publicidad, pero sin especificar la excepción concreta que ampare la vía seguida, junto con un informe favorable del órgano de control autonómico, aunque la DGRN considera que no se ha acreditado debidamente este trámite esencial para acudir al procedimiento de contratación negociada y por ello confirma la calificación del Registrador en este punto.
235. ACREDITACIÓN PLUSVALÍA. CALIFICACIÓN SUSTITUTORIA. DERECHO DE TRANSMISIÓN: NO NECESIDAD DE INTERVENCIÓN DEL CÓNYUGE DEL TRANSMITENTE. Resolución de 11 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 3 a inscribir una escritura de protocolización de cuaderno particional y adjudicación de herencia.
            Entiende la Dirección que hay un doble requisito: objetivo, que se trate de una sola vivienda, que en éste caso se cumple; y subjetivo ha de tratarse de un «autopromotor individual», y respecto de este entiende que no ha de ser objeto de interpretaciones rigoristas o restrictivas, sino que ha de interpretarse de forma amplia, es decir en contraposición al promotor colectivo que contempla la propia Ley: El hecho de que la única vivienda unifamiliar pertenezca en copropiedad a tres personas distintas no impide que puedan ser considerados como autopromotores individuales a estos efectos si se tiene en cuenta la finalidad de la norma debatida y no puede llevarse al extremo de exigir el seguro decenal por el hecho de que la construcción no se haya promovido por una sola persona, pues llevaría al absurdo de exigirlo en caso de que los promotores sean personas casadas en régimen de separación de bienes o varios convivientes en la misma vivienda. (MN)

Los militares argentinos comenzaron a realizar operaciones encubiertas que la CIA ya no podía realizar bajo la administración demócrata del presidente James E. Carter y en sintonía con los grupos más conservadores norteamericanos, comenzaron a proclamar que Estados Unidos había dejado inerme al hemisferio frente al comunismo y que ellos debían cumplir ese papel.73​
El Comando de la Zona 1 informa a la población que el 2 de noviembre, en horas de la noche, en las proximidades de Plaza Constitución, una patrulla de las fuerzas leales sorprendió a un activista que incitaba al cese de actividades y trataba de impedir la concurrencia al trabajo de algunos operarios, siendo abatido por el fuego. Se procura su identificación. Las fuerzas legales cumplieron con la misión impuesta tendiente a asegurar la libertad de trabajo.

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