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189. NO CABE ANOTACIÓN DE EMBARGO CONTRA HERENCIA YACENTE SIN NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL DEL CAUDAL. Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Villena, por la que se suspende la extensión de una anotación preventiva de embargo.
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            Confirma, en cambio, el segundo defecto formal, pues en la solicitud presentada en el Registro relativa a la prórroga de la nota de afección debatida no se expresan ni se identifican de forma alguna las fincas registrales a que se refiere la solicitud, lo que exigiría el principio de especialidad (arts 9 y 30 de la Ley Hipotecaria y 51 de su Reglamento) que impone la precisa descripción de la finca en el título que pretenda su acceso al Registro de la Propiedad, como medio indispensable para lograr la claridad y certeza que debe presidir la regulación de los derechos reales y desenvolvimiento de la institución registral. Esta exigencia impuesta con carácter general para todos los títulos inscribibles (art. 21.1 LH) aparece reiterada en relación con los títulos relativos a actos de naturaleza urbanística en el artículo 2-1c  del Real Decreto 1093/1994, de 4 de julio.
            Ahora bien, tal dispensa no puede ser llevada al extremo de permitir que se cree una nueva finca registral por vía de inmatriculación sin que su ubicación y delimitación geográficas queden definidas con la precisión mínima exigible en virtud del más genérico principio de especialidad registral del cual el citado artículo 53 de la Ley 13/1996 no es más que una concreta manifestación, pues sólo exigiendo tal delimitación geográfica será posible, por una parte y en un primer momento, comprobar que no invada otras fincas o parte de ellas previamente inmatriculadas, y por otra, y en momentos posteriores, que otras pretensiones inmatriculadoras ulteriores o excesos de cabida que se pudieren alegar no invadan la delimitación geográfica del propio camino previamente inmatriculado.
En la lista de las nueve propiedades de Duarte Jáquez o de su familia en El Paso –entregadas a Proceso por una fuente del gobierno mexicano cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad– está la ubicada en el número 1594-A de Bengal Drive, que se ubica en un barrio de clase media alta en la zona este de El Paso. De color beige y de dos plantas, con cochera para dos autos, tiene tres ventanas y un pequeño techo en la fachada. Estaba vacía cuando la visitaron Proceso y MCCI.
En la última sesión del año 2012, en la Cámara de Diputados de la Nación se votó el proyecto de ley mediante el cual serían recompensadas las familias de los soldados muertos en el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa por parte de Montoneros, conocida como Operación Primicia. La iniciativa fue aprobada con 135 votos a favor y 18 en contra, pero no sin generar el disgusto entre los diputados del gobierno. «Esto avala la teoría de los dos demonios. Es una locura», dijo al diario La Nación uno de los que votaron en contra.279​
”Cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso.”5​
            El registrador estima que, no habiéndose practicado asiento alguno, sino simplemente una notificación errónea, la rectificación de tal notificación no se rige por las normas registrales relativas a la rectificación del contenido de los asientos, ni por las normas administrativas sobre declaración de lesividad previa a la revocación de actos administrativos, sino que puede hacerla, y así la hace, el propio registrador. Pide la inadmisión del recurso pues el Notario no discrepa sobre el fondo de la calificación y por la presentación sin soporte papel.
            La DGRN desestima el recurso. Dice que, en el excepcional supuesto del art 432.1, “Aquí el principio de prioridad no juega, de manera que la medida cautelar consiste precisamente en que el juez -con las garantías de "bonus fumus iuris", prestación en su caso de caución y audiencia de los afectados- ordena al registrador que se abstenga de calificar y despachar un título ya autorizado incluso ya presentado en el Registro de la Propiedad.”  (…) “El carácter específico del artículo 432-1.º-d del Reglamento Hipotecario obliga al registrador a suspender la inscripción aunque el título cuya inscripción se pretende esté presentado con anterioridad. Es la finalidad propia de este precepto y de esta medida cautelar en cierta medida excepcional.” (JDR)

            Aunque la DG habla de que “no procede la inscripción sin que se acredite que el renunciante ha llevado a cabo la oportuna convocatoria de junta”, el término acreditar debe entenderse en relación con la forma de convocatoria de junta establecida en estatutos, pues en aquellos casos de convocatoria por comunicación individual y escrita en que es imposible acreditar que se ha hecho la convocatoria a todos los socios, bastará, obviamente, como basta para inscribir los acuerdos de esa junta, con que el administrador manifiesta le fecha y forma en que se  realizado la convocatoria. (JAGV)


Fernández desnudó y acostó al jefe y una enfermera quitó sus zapatos. Mientras el cuerpo se iba rápido al fondo del sueño, Casillas intentaba ver a través de la leche espesa de la duermevela que cubría sus ojos. Distinguía dos masas blancas informes moviéndose de prisa pero quiso decir algo y no pudo mover los labios, blandos como trapos húmedos. Seguía sintiendo la lengua como una frazada pesada y tenía mucha sed.
El funcionario dijo: “La Procuraduría General de la República, de conformidad con sus obligaciones derivadas de tratados internacionales suscritos por el país, llevará a cabo las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición en contra del exgobernador César Duarte, con objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia”.
Los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor no resultaron alcanzados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ni por los indultos del presidente Menem. Por esa razón, en 1999 se abrió una causa para investigar esos crímenes, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. En la causa se había pedido la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2006, sin que la misma se efectivizara.
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            Finalmente, respecto de la posibilidad de inscripción parcial de la sentencia, señala que la regla general es que sólo pueden practicarse cuando así lo solicite el interesado, pero tratándose de documentos judiciales el registrador tiene que actuar de oficio y practicar la inscripción parcial cuando sea posible para dar cumplimiento a su deber de colaboración con las autoridades judiciales. (AFS)
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            1.- identificación del mandante de la publicidad.- En cuanto al primero de los defectos consta en la solicitud como peticionaria la entidad «Abante Audit Auditores, S.L.P.», pero éste es el único dato que se aporta. El recurrente apoya su solicitud en el art. 332.III RH que exime de acreditación a los profesionales tanto de identificar al mandante como de declarar el interés legítimo.
De todos los posibles medios de información, el que presenta mayores problemas, es la entrevista a los testigos y al lesionado a raíz del accidente. Los problemas que se presentan son de relaciones humanas, pues en el desarrollo de una entrevista, el supervisor debe convencer al trabajador, de lo valiosa que es su ayuda para la investigación del accidente y de que con la investigación no se está buscando culpables del accidente, sino que conocer las causas del accidente para eliminarlas.

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            Y a fin de garantizar el cumplimiento, establece en su art 20.1 una obligación de control de tal cumplimiento, al establecer un cierre registral para las escrituras públicas de declaración de obras nuevas de las edificaciones que entren en el ámbito de aplicación de la Ley «sin que se acredite y testimonie la constitución de las garantías a que se refiere el art 19».
La casa número 6609-B de Escondido Drive corresponde al sector de clase media baja. Su valor aproximado es de entre 80 mil y 120 mil dólares. Es de una sola planta y, aunque tiene cochera, comparte jardín con el predio vecino. Proceso y MCCI se equivocaron de dirección. El reportero tocó el timbre de la casa del 6609-A. Al tercer timbrazo una mujer abrió la puerta.
              4º. En cuanto a los acreedores, será de aplicación el artículo 370.4 de la LSC y por tanto tendrán derecho a oponerse en los mismos términos que en caso de reducción del capital social. Ello nos lleva a la consecuencia de que si la sociedad es anónima deberá publicarse el acuerdo y manifestarse transcurrido un mes que ningún acreedor se ha opuesto a la prórroga y si es limitada deberá reflejarse en la escritura o en el acuerdo la composición de la sociedad con todos los datos de identidad de los socios y su participación en el capital social. (JAGV)

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