204. SOLICITUD PARA DEJAR SIN EFECTO UN DEPÓSITO DE CUENTAS YA EFECTUADO. Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles I de Girona, por la que se rechaza la solicitud de dejar sin efecto el depósito de cuentas llevado a cabo de una sociedad correspondiente al ejercicio 2012.
La revoca la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Santa Cruz de Tenerife, de 17 de diciembre de 2014, que ha devenido firme.  El Registrador estimó que no se había respetado la competencia del Juzgado correspondiente al término municipal donde radica la finca objeto del expediente (cfr. artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La DGRN confirmó su calificación. Ahora, el Juzgado revoca calificación y Resolución. La finca está situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y el Juzgado pertenece al partido judicial de La Laguna.
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242. EJECUCIÓN HIPOTECARIA DE FINCA INSCRITA A NOMBRE DE LOS CÓNYUGES CON ARREGLO A SU RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. VIVIENDA HABITUAL Y ART. 671 LEC. Resolución de 16 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de San Javier n.º 2, por la que se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación.
Hice un esfuerzo con cuanta sangre sentía en el cuerpo hasta incorporarme. Primero un pie, luego las manos sobre la rodilla para impulsar este maldito estómago de morsa, el chasis crujiente de antigüedad y herrumbre. Seguía mareado. Tenía muchas —muchísimas— ganas de vomitar. El efecto residual de las píldoras y el alcohol —olía (creía oler) a whisky y a pis, y a pedos.
Seis días después, el Congreso de la Nación se reunió de urgencia para sancionar una ley que pudiera frenar las consecuencias del fallo de la Corte Suprema. En sólo 23 horas y 44 minutos, en uno de los trámites parlamentarios más rápidos de la historia argentina, ambas cámaras aprobaron la Ley Nº 27.362, con un solo voto en contra, declarando inaplicable el cómputo del dos por uno a delitos de lesa humanidad.228​229​230​231​
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El 18 de febrero de 1977, el ERP ejecutó un atentado fallido contra el avión presidencial de la cabeza de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, que recibió el nombre de Operación Gaviota.199​ El 5 de abril, un grupo guerrillero hizo estallar una bomba en la sede del comando de la Fuerza Aérea, dañando estructuralmente el Edificio Cóndor de Buenos Aires, dende estaba ubicado.200​ El 7 de mayo Montoneros realizó un atentado contra el Vicealmirante César Augusto Guzzetti, Ministro de Relaciones Exteriores, en el cual recibió graves heridas que le causaron la muerte pocos años después. Ese año murieron 36 policías en Buenos Aires en atentados o enfrentamientos con grupos guerrilleros.201​
El prólogo original del libro Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por el escritor argentino Ernesto Sábato, empieza diciendo: «Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: "Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura".»277​ La investigadora Elizabeth Jelin afirma respecto de dicho prólogo que «allí se habla de las dos violencias, pero no en términos de equivalencias (interpretación habitual -a mi modo de ver equivocada- que dio lugar a la "teoría de los dos demonios") sino en términos de "escalada de violencias": hubo una violencia guerrillera que despertó una represión mucho más brutal. Y se trataba de un momento en que el clima político-cultural era de condena a la violencia».278​
En los hechos imputados en el sumario, objeto de investigación, está presente, de modo ineludible, la idea de exterminio de un grupo de la población argentina, sin excluir a los residentes afines. Fue una acción de exterminio, que no se hizo al azar, de manera indiscriminada, sino que respondía a la voluntad de destruir a un determinado sector de la población, un grupo sumamente heterogéneo, pero diferenciado. El grupo perseguido y hostigado estaba integrado por aquellos ciudadanos que no respondían al tipo prefijado por los promotores de la represión como propio del orden nuevo a instaurar en el país. El grupo lo integraban ciudadanos contrarios al régimen, pero también ciudadanos indiferentes al régimen. La represión no pretendió cambiar la actitud del grupo en relación con el nuevo sistema político, sino que quiso destruir el grupo, mediante las detenciones, las muertes, las desapariciones, sustracción de niños de familias del grupo, amedrentamiento de los miembros del grupo. Esto hechos imputados constituyen delito de genocidio.276​

            La DGRN señala que, sin prejuzgar la validez de los títulos, el registrador puede apreciar si son o no títulos instrumentales creados con la finalidad de lograr la inmatriculación. En el presente caso considera que es así por la simultaneidad de los títulos y el nulo coste fiscal, rechazando  el argumento del recurrente relativo al cuaderno particional privado previo, pues no tiene fecha fehaciente. (AFS)


Las personas que fueron asesinadas, desaparecidas o torturadas, así como las que debieron exiliarse provenían de todos los sectores y estratos de la población; una parte importante aunque no bien determinada estaba integrada por combatientes, pertenecientes mayoritariamente a las organizaciones guerrilleras y también, aunque en menor número, a las fuerzas militares y policiales.nota 6​
            Confirma, en cambio, el segundo defecto formal, pues en la solicitud presentada en el Registro relativa a la prórroga de la nota de afección debatida no se expresan ni se identifican de forma alguna las fincas registrales a que se refiere la solicitud, lo que exigiría el principio de especialidad (arts 9 y 30 de la Ley Hipotecaria y 51 de su Reglamento) que impone la precisa descripción de la finca en el título que pretenda su acceso al Registro de la Propiedad, como medio indispensable para lograr la claridad y certeza que debe presidir la regulación de los derechos reales y desenvolvimiento de la institución registral. Esta exigencia impuesta con carácter general para todos los títulos inscribibles (art. 21.1 LH) aparece reiterada en relación con los títulos relativos a actos de naturaleza urbanística en el artículo 2-1c  del Real Decreto 1093/1994, de 4 de julio.
            2.- Falta de legitimidad del interés alegado.- En la solicitud se alega como interés legítimo «investigación jurídico económica sobre crédito, solvencia y responsabilidad». La DGRN tiene declarado, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información. Para ello resulta fundamental, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.
            El registrador suspende la cancelación porque la finca fue aportada a una junta de compensación originando cinco fincas de reemplazo independientes sobre las cuales se arrastró anotación de demanda, Y entiende que hace falta indicar si se quiere cancelar dichas fincas de reemplazo, inscribir el derecho de participación que ostenta el actor en el caudal relicto de la finca aportada en las fincas de reemplazo, o si se procede a realizar la correspondiente segregación aportando las oportunas licencias administrativas.
En la lista de las nueve propiedades de Duarte Jáquez o de su familia en El Paso –entregadas a Proceso por una fuente del gobierno mexicano cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad– está la ubicada en el número 1594-A de Bengal Drive, que se ubica en un barrio de clase media alta en la zona este de El Paso. De color beige y de dos plantas, con cochera para dos autos, tiene tres ventanas y un pequeño techo en la fachada. Estaba vacía cuando la visitaron Proceso y MCCI.

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            En el presente caso, la DG tiene en cuenta que la magnitud del exceso de cabida no es desmesurada, sino sólo de un veinte por ciento sobre la cabida inscrita; que la nueva medición consta acreditada en plano o medición técnica incorporada al expediente de dominio, así como en la certificación catastral; y que aun siendo evidente e indiscutido que la finca procede de segregación, no resulta tan evidente la afirmación de la registradora de que, en base a ese simple dato, el exceso ahora pretendido, que es de tan sólo 40,91 metros cuadrados, pertenezca o se encuentre inscrito necesariamente en el resto de finca matriz, que mide más de 36.000 metros cuadrados. Por tanto, incluso cabría plantearse teóricamente la hipótesis de que el exceso de cabida se hubiera pretendido acreditar e inscribir por otros medios alternativos al del expediente de dominio.


            Prescindir del viudo en la liquidación del régimen económico matrimonial; realizar conmutación de la legítima del viudo; realizar hijuelas para pago de deuda; o atribuirse funciones privativas del testador, como es la revocación de disposiciones o la valoración de los supuestos de desheredación. Tampoco constituye acto particional decidir si una legataria a la que se atribuye en el testamento la opción de ser legataria de parte alícuota o recibir en usufructo una finca ha cumplido o no la condición impuesta por el testador a la misma, sino que se trata de un presupuesto o cuestión previa a la propia partición, que sólo puede resolverse si se acredita que la interesada ha prestado su conformidad o ha sido resuelta la cuestión judicialmente en otro caso. Ni tampoco podría proceder a la disolución de comunidad existente con un tercero (cfr. Resolución de 14 de septiembre de 2009).
El segundo recuerdo pertenecía al universo del hospital. Ocurría en el pasillo y era fugaz. Una enfermera jovencita y liviana, con el cabello castaño apenas sobre los hombros, caminaba a su encuentro. Al pasar a su lado, sonreía con picardía y le dedicaba una mirada intencionada que supuso, sin ninguna duda, lasciva. ¿Tendría algo con ella o estaría operando su deseo? La muchacha no llegaba a los treinta años pero, aun con lo poco que había retenido de la secuencia, Casillas se convenció de que sabía tres cosas sobre ella: sus carnes estaban en el sitio indicado y en abundancia, no tenía pudor en usar un escote donde un clavadista podría caer de cuerpo entero, y su caminata había dejado en el aire un persistente aroma a Burberry Touch.
            La registradora, en detallada nota que extractamos, considera no inscribible el documento pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 de la LSC en el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia debe determinar la cancelación de su inscripción así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella, lo que no resulta del contenido de la sentencia. La cancelación no puede realizarse de oficio, sin que  sea suficiente el mandamiento que se acompaña.  Ello compete al Tribunal que dictó dicha resolución. Aparte de ello existen asientos posteriores que podrían resultar afectados por las consecuencias de la nulidad declarada judicialmente. Por ello debe determinarse a qué asientos extiende su eficacia la sentencia y se ordene la cancelación de los mismos, cancelación que en ningún caso puede realizarse de oficio por el Registrador. La nota se fundamenta, aparte del ya citado artículo 208, en el artículo 214 de la LEC y en la RDGRN de  30 de mayo de 2013.
            El registrador suspende la inscripción al entender que no se ha cumplido lo preceptuado en las normas que regulan la competencia en el procedimiento de ejecución de bienes hipotecados, al no haberse respetado la competencia del Juzgado correspondiente al término municipal donde radica la finca objeto del expediente (cfr. artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Era habitual combinar violación y tortura.57​ Más allá de la tortura eléctrica y la violación, los instrumentos, métodos y grado de crueldad de los tormentos, excede la comprensión de una persona promedio: simulacros de fusilamiento, el submarino, estiletes, pinzas, drogas, el cubo (inmersión prolongada de los pies en agua fría/caliente), quemaduras, suspensión de barras o del techo, fracturas de huesos, cadenazos, latigazos, sal sobre las heridas, supresión de comida y agua, ataque con perros, rotura de órganos internos, empalamiento, castramientos, sufrir tortura ante o presenciar la tortura de familiares y a veces niños, mantener las heridas abiertas, permitir las infecciones masivas, cosido de la boca...


La luz del sol apenas filtraba a través de la cortina del ventanal. En el aire flotaba el humo de los cigarros y una galaxia de partículas de polvo. El desorden gobernaba. Sábanas sobre el sofá, bajo el escritorio, en las sillas; una botella de whisky junto a una pata de la mesa de centro y, sobre ésta, colillas de cigarro dentro y fuera del cenicero, hojas, las páginas descuartizadas de una revista. Había cajas de CDs y bolsas plásticas y de papel y envases con restos de comida preparada en el orden en que los dejaría un grupo en huida apresurada. Quizás por el efecto de la luz natural y mi obnubilación, las paredes habían perdido el tono blanco y lucían pintadas con brochazos de zabaglione.
            La Dirección confirma la nota de acuerdo con su reiteradísima doctrina: Para que la cancelación de las cargas posteriores hubiera sido posible, debió haberse presentado el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó. (MN)

            Además de otras consideraciones prácticas, me plantea bastantes dudas la legalidad de la Resolución, pues la DGRN hace caso omiso de lo que dice la normativa del mercado hipotecario (y normativa es tanto la ley como los reglamentos que la desarrollan) y vulnera, a mi juicio, el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (Art. 23 Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno), según el cual, serán nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento aunque el órgano que las dicte sea de igual o superior rango que el que hubiera dictado el reglamento. (JAR)
            Entiende el Centro Directivo que, por causa de la primacía que debe reconocerse en nuestro ordenamiento registral al principio de legalidad, la expresión de algunos defectos en una primera nota de calificación no puede impedir que advertidos otros después se pongan de manifiesto en una segunda nota de calificación; aun habiendo recaído en el oportuno recurso resolución revocatoria de los previamente. Además, la notificación no puede equivaler a la inscripción, incluso sustituirla tal como se pretende en este caso, sin quiebra o merma de los principios básicos del sistema registral inmobiliario.  (JFME)
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            Comentario: Al igual que en otras resoluciones la DG sigue siendo muy rígida en materia de convocatoria de la Junta General. El caso planteado se centra en interpretar la expresión utilizada en la dimisión de aplazar el cese hasta que se reúna la junta general. Para el recurrente la dimisión se ha producido y en cambio para la DG, si bien el consejero ha dimitido, continúa en su cargo hasta que se cumpla la condición. Esto último plantea el problema de qué solución adoptar ante los casos que se dan  últimamente de señalar fecha al cese y nombramiento de administradores. A nuestro juicio los efectos del cese deben ser desde la fecha de la junta, sin que puedan aplazarse sus efectos y el nombramiento desde la aceptación, sin que tampoco puedan dilatarse sus efectos en el tiempo. No obstante se tratará de interpretar cada caso pues lo normal es que la escritura se presente cuando todos los plazos están cumplidos en cuyo caso la cuestión tiene una menor trascendencia. No obstante es una cuestión dudosa y pudiera ser importante a la hora de determinar las responsabilidades de los administradores.
En la siguiente escena, Mordecai, Rigby, Benson y un montón de bomberos están fuera del garaje. Un bombero utiliza una máquina para cortar la puerta del garaje para liberar Pops, como él se ha quedado atascado en el interior. Mordecai y Rigby preguntan lo que la herramienta es; el bombero explica que la herramienta se llama "El quijadas de la vida" y que vienen con cada camión de bomberos. Benson y luego se les acerca y le grita a Mordecai y Rigby para ir al almacén departamento casa para recoger una nueva puerta de garaje, y agrega que él quiere que se haga por el final del día, una vez más el uso de la amenaza de fusilamiento estándar. Pops, que ahora está libre, insiste en venir, ya que cree que era su culpa que él rompió la puerta.
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